Elena Kaiser Lara

Expediente 74/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Elena Kaiser Lara
  • Delegado Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de nueve de junio de dos mil veintidós, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintidós. Vistos la copia de conocimiento y el oficio signados por la Subdelegada de Administración de la Zona Oriente de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio de los cuales, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que mediante acuerdo de nueve de los actuales se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado en auto de veinte de mayo del año en curso y al efecto informa que la sentencia de nulidad dictada en el juicio 18281/18-17-08-1 de su índice, está cabalmente cumplida. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales procedentes. Por otra parte, a efecto de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es necesario destacar que mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: (.) En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Delegado Regional en la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumplan cabalmente con la multicitada sentencia y resolución de queja. Al respecto, debe precisarse que para considerar cumplida la sentencia emitida en el expediente referido, la autoridad responsable debe acreditar que se dio cumplimiento al efecto de la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y de queja de treinta de septiembre siguiente, dictadas Octava Sala Regional Metropolitana del multicitado Tribunal, en los autos del expediente 18281/18-17-08-1, del tenor lo siguiente: (.) En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado estima procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se emita una debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos contenidos en este fallo, en donde se advierta pormenorizadamente el procedimiento que llevó a cabo la autoridad para llevar cabo (sic) el incremento de la pensión del actor, aplique a la cuota diaria de pensión de la accionante los porcentajes de los incrementos que corresponda, tomando en consideración la evolución salarial expedida por la dependencia y que obra a foja 20 a 21 del expediente en que se actúa, de conformidad con el artículo 57, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en consecuencia, se le paguen las diferencias que resulten aclarando que en los años en que se haya aplicado un mayor incremento, este no podrá ser modificado en perjuicio del actor, siendo necesario precisar también que el incremento que se le debe conceder a la parte actora, deberá respetar lo señalado por el penúltimo párrafo, del artículo 15, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, toda vez que el artículo 15, de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su penúltimo párrafo, dispone que el sueldo básico sobre el cual se fije las pensiones no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, sin que además, prevea excepción alguna a la aplicación de dicho tope (.) Por otra parte, también se deberá de pagar la parte proporcional del aguinaldo, lo anterior es así, en razón de que de conformidad con lo establecido por el artículo 57 último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las consecuencias que se generen con motivo del ajuste a la cuota pensionaria de la actora, además de modificar el monto que periódicamente se le cubría por concepto de pensión, también incluye el de gratificación anual o aguinaldo. (.) Así, se concluye que sí procede el pago de las diferencias resultantes de los incrementos aplicados a la pensión del actor, únicamente por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualiza la prescripción, es decir, pague las diferencias que resulten por el periodo de cinco años atrás a la fecha en que se solicitó la rectificación, así como los subsecuentes incrementos. (.) En acatamiento a lo anterior, y al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo, se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio SP/JEF/2432/2021, de dieciséis de abril de dos mil veintiuno le Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitó a este Juzgado para que se requiriera a la quejosa, para que se constituyera ante sí, a recoger el cheque emitido a su favor por la cantidad de **** y remitió el original del acuse de recibo del oficio SP/JEF/8296/2020 de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual, en cumplimiento al juicio de nulidad 18281/18-17-08- 1 y a este juicio de amparo, el Subdelegado de Prestaciones en la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual, entre otras cosas se determinó como diferencia retroactiva a favor de la quejosa la cantidad de ***. Aunado a lo anterior, mediante oficio SP/JEF/4129/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oriente del multicitado Instituto de seguridad social, remitió copia certificada del acta de comparecencia de recepción del cheque número ***, ***, librado a su favor por la cantidad de ****, de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno y que contiene firma autógrafa y huella dactilar de la quejosa. Siguiendo con la secuela procesal, y tomando en consideración que en contra de dicha resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, la parte quejosa interpuso recurso de queja por defecto ante la Sala del conocimiento, misma que, mediante resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la resolvió fundada, para el efecto de que dejara sin efectos la resolución SP/JEF/8296/2020 de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y emitiera una nueva resolución conforme a lo ordenado en la sentencia de anulación, esto es, para que realizara el procedimiento de actualización previsto por el artículo 6 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio UJ/FIAD/010287/2021 de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió la resolución original contenida en el oficio SPZO/CASPE/7968/2021 de once de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual, se realizó el procedimiento de actualización ordenada por la Sala del juicio de origen, y en la cual, tomando en consideración las cantidades previamente pagadas a la actora aquí quejosa, se determinó como cantidad a pagar a la quejosa la que asciende a *****. En ese sentido, mediante oficio UJ/FIAD/001079/2022 de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la Apoderada Legal de las autoridades responsables, remitió el original del diverso oficio SPZO/CASPE/842/2022 de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, a través del cual, se informó que el pago de la cantidad de **** determinado en la resolución SPZO/CASPE/7968/2021 de once de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó vía nómina en el mes de febrero y al efecto realizó la digitalización del comprobante de pago correspondiente. Finalmente, mediante oficio UJ/FIAD/002606/2022 de once de abril de dos mil veintidós, la Apoderada legal de las autoridades responsables, remitió la constancia de percepciones y deducciones de la quejosa correspondiente al año dos mil veintidós, de la que se advierte que efectivamente se llevó a cabo el pago de las cantidades ordenadas por la Sala de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las cuales, mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya realizado. En esa tesitura y atendiendo la determinación de uno de junio de este año, emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 18281/18-17-08-1, misma que se acompaña en el oficio que se atiende; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Lo anterior es así pues la referida Sala determinó en la resolución contenida en el oficio que se atiende, que se ha cumplido la sentencia de nulidad dictada en el expediente 18281/18-17-08-1, de su índice, pues la autoridad responsable cumplió con lo siguiente: ? Emitió una resolución para los efectos indicados en el fallo de anulación, y en la que la autoridad responsable, tomó en consideración las directrices impuestas por la Sala de origen. ? Se pagaron al quejoso las cantidades de $679,489.91 (seiscientos detenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional) y $162,316.28 (ciento sesenta y dos mil trescientos dieciséis pesos 18/100 moneda nacional). En virtud de lo anterior, es evidente que este juzgado no puede dictar una determinación en sentido contrario al alcanzado por la sala de anulación, tomando en consideración que la encargada de vigilar que se cumplan sus sentencias es dicha sala, y que ésta ya emitió su decisión en el sentido de que las autoridades dieron cumplimiento, por lo que en todo caso, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer por los medios legales que considere pertinentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa el diecinueve de abril de dos mil veintidós, sin que hubiera realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se procede a resolver lo conducente en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243) Precisado lo anterior y toda vez que la litis en el presente juicio, versa sobre el incumplimiento de la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y la resolución de queja de treinta de septiembre de dos mil diecinueve dictadas en el juicio de nulidad 18281/18-17-08-1 del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remítase a la referida Sala de anulación copia certificada de la sentencia de dictada en el juicio en que se actúa, de las promociones registradas con número de correspondencia 6122, 9879, 23263, 24581, 4101 y 8669 con sus anexos, para que de conformidad con el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley, dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, se pronuncie sobre el cumplimiento de tales determinaciones atendiendo a los documentos que se le remiten, y lo haga del conocimiento de este Juzgado, o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días unidades de cuenta; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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