Elena Gutiérrez Moreno
Expediente 654/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Elena Gutiérrez Moreno
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, seis de junio de dos mil veintitrés. Parte quejosa. Elena Gutiérrez Moreno. II. Formación del expediente. Vista la demanda de amparo, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, apertúrese expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Acto reclamado. Del análisis integral a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama todo lo actuado en el Juicio de Nulidad 2851/22-03-01-7 del índice del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, así como la notificación del acuerdo por el cual se tiene por contestada la demanda en el citado juicio de nulidad. IV. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de autoridad judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Previo a determinar la existencia o no de un medio ordinario de defensa, se impone precisar que según se desprende de las manifestaciones vertidas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el doce de mayo de dos mil trece por haber tenido acceso al expediente 2851/22-03-01-7. En ese sentido, se impone conocer el contenido del artículo 29, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento: (.) III. El de nulidad de notificaciones. (.) En tal circunstancia, si la ley que rige el acto que reclama la promovente del amparo prevé medio ordinario de defensa mediante el cual puede obtener la nulidad de las notificaciones que estime ilegales, la promovente como parte en el juicio del que emana el auto reclamado previamente a la interposición del juicio de garantías debió agotar el medio de defensa que concede la ley ordinaria. Por ende, si la parte promovente reclama todo lo actuado en el Juicio de Nulidad 2851/22-03-01-7 del índice del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, así como la notificación del acuerdo por el cual se tiene por contestada la demanda en el citado juicio de nulidad, donde es parte demandada; respecto de la cual puede nulificarse en vía incidental, como lo prevé el artículo 29, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como medio ordinario de defensa, entonces el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió haber recurrido la determinación reclamada mediante el referido medio incidental. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que se mencionan en el escrito de demanda, en los términos precisados. Se autoriza la utilización y consulta del expediente electrónico en el usuario "JESUSOTOG14". Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. VI. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, secretario que asiste y da fe.
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