Elena García Sanchez

Expediente 237/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
237/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Elena García Sanchez y Otros.
  • Elena García Sanchez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la quejosa Elena García Sánchez, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por la omisión de desahogar la prueba de inspección judicial dentro del juicio laboral 356/2016. II. Seguida la secuela procesal en todas sus formalidades, con fecha cuatro de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: Señale fecha y hora para que tenga verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora en el juicio laboral de origen 356/2016, en la que se apegue lo más humanamente posible a los términos establecidos en la Ley 51 del Estado de Guerrero; de manera que ya tomando en cuenta el parámetro razonable, tal audiencia deberá programarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, debiendo realizar las respectivas notificaciones. III. Luego, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva ordenándose requerir el cumplimiento de la misma a la autoridad laboral responsable. IV. Enseguida, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por oficio 6170/2022, remitió el cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual anexó diversas constancias, entre las que se encuentra copia certificada de la diligencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, a través de la cual llevó a cabo la inspección judicial dentro del juicio laboral 356/2016. V. Por tanto, con lo anterior se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió el lineamiento establecido en la misma, esto es, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora en el juicio laboral de origen 356/2016, misma que tuvo verificativo el veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con lo anterior, se dio vista a las partes mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora al certificar la conclusión de pruebas pendientes por desahogar en el juicio de origen. VII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. VIII. En razón del o anterior, y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del referido Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede; empero, sí obran copias certificadas que anexó la autoridad responsable como pruebas documentales (un tomo). Por tanto, como se dijo antes, de autos se aprecia que obran diversas constancias que anexó la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Laboral responsable, al momento de desahogar un requerimiento realizado en autos (un tomo de pruebas); por tanto, devuélvase a su lugar de origen, en el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintiocho de junio de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual desahoga el primer punto del requerimiento de veintidós de junio de dos mil veintidós, para lo cual remite las constancias de notificación de las partes (actor y demandado) del auto de veintiuno de junio del año en curso, así como el acuse de recibo del oficio dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. No obstante lo anterior, y a pesar de que por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, se requirió a la responsable para que en el término de tres días a partir de que haya tenido verificativo la inspección judicial fijada para el veintinueve de junio de dos mil veintidós, remitiera las constancias de su desahogo, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase y SE REITERA a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del referido término de TRES DÍAS HÁBILES REMITA LAS CONSTANCIAS DEL DESAHOGO DEL CITADO MEDIO DE CONVICCIÓN. En el entendido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro de lapso indicado, se hará efectivo el apercibimiento inserto en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y se impondrá a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada con firmas autógrafas del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el cual señala nueva fecha y hora para el desahoga de la prueba de inspección judicial; sin embargo, no remite las constancias de notificación respectivas. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES realice lo siguiente: Deberá remitir las constancias de notificación de las partes (actor y demandado) del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, así como el acuse de recibo del oficio dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Asimismo, dentro de igual término, pero a partir de que haya tenido verificativo la inspección judicial fijada para el veintinueve de junio de dos mil veintidós, remita las constancias de su desahogo. En el entendido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro de lapso indicado, se hará efectivo el apercibimiento inserto en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y se impondrá a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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