Elena Donado Vázquez

Expediente 213/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
213/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Elena Donado Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que la quejosa omitió recurrir el auto donde se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo de egreso pronunciado en el mismo; y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y con posterioridad realice la certificación correspondiente. Por último, se deja a disposición de la quejosa ++++, los documentos adjuntos a la demanda que adjuntó a su demanda (fojas 8 y 9). Y como lo dispone el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, se hace saber a la quejosa que puede acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días, para recoger la prueba documental que exhibió en este juicio. Se le apercibe que de omitir hacerlo, tal documento seguirá la misma suerte del presente juicio, esto es, será destruido sin necesidad de acuerdo, una vez que fenezca el citado plazo.

  2. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO: De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que la quejosa omitió recurrir el auto donde se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo de egreso pronunciado en el mismo; y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y con posterioridad realice la certificación correspondiente. Por último, se deja a disposición de la quejosa ++++, los documentos adjuntos a la demanda que adjuntó a su demanda (fojas 8 y 9). Y como lo dispone el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, se hace saber a la quejosa que puede acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días, para recoger la prueba documental que exhibió en este juicio. Se le apercibe que de omitir hacerlo, tal documento seguirá la misma suerte del presente juicio, esto es, será destruido sin necesidad de acuerdo, una vez que fenezca el citado plazo.

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el que informa que la persona de nombre +++, es quien tendría el carácter de tercero interesado para este juicio, con domicilio en ++++. Lo cual soporta en las copias certificadas que remitió con anterioridad de la carpeta de investigación, las cuales afirma son todas las que existen. Además, la fiscal en mención solicita se reconsidere la multa que le fue impuesta en acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por las razones que expresa en el oficio de cuenta. Tales razones involucran excesivas cargas de trabajo y falta de personal de apoyo. Por tanto, se deja insubsistente por única vez la multa que le fue impuesta a la citada agente ministerial, en proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 87 y 88). Ahora, la información proporcionada por la fiscal de mérito, en el sentido de que las copias remitidas con anterioridad de la carpeta de investigación, son todas las que existen en el expediente original, permiten revisar el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y al hacerlo se observa que los actos reclamados por la quejosa estriban en lo siguiente: La resolución de doce de febrero de dos mil dieciocho, en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++ (foja 76). Ese acto fue reclamado por la quejosa, debido al archivo que se decretó en el referido expediente el cual se tramitó con las reglas del sistema penal acusatorio y en el cual tiene la condición de víctima porque fue quien presentó una denuncia por el hecho con apariencia del delito de fraude (foja 74). Pero la revisión que se hace en este momento a las constancias del expediente constitucional, permite afirmar que la indagatoria de la autoridad responsable y que contiene la resolución combatida, se tramitó con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque inició con una denuncia presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 42). Entonces, resalta en este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la resolución combatida en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la quejosa antes de promover el control de legalidad extraordinario que es el juicio de amparo. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones o resoluciones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, para cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, pues al decidir la contradicción de tesis 233/2017 donde contendió la tesis antes citada estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control en esa ruta ordinaria de impugnación que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad o la determinación de archivo y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerde pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que la resolución combatida por la quejosa en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++ debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. En otras palabras, la quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la resolución combatida en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de la postura adoptada en la referida indagatoria, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales tutelados en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto -es decir, contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el reclamo planteado por la quejosa, en el presente juicio de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la resolución combatida en la demanda de protección debe ser impugnada primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, resulta inviable continuar la tramitación de este juicio de amparo, ni siquiera para agotar el emplazamiento de la persona que tiene el carácter de imputado; y tampoco por la vista de ocho días que se otorgó en el acuerdo de dieciséis de los cursantes (foja 87) pues la causal de improcedencia que se estimó actualizada, es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) que ha examinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, hasta agotar el emplazamiento del imputado y terminar el plazo de ocho días otorgado en el referido acuerdo, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría que soslaye la ruta ordinaria de impugnación, a la que debe acudir para impugnar la resolución en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++. En otras palabras, agotar el emplazamiento del imputado y permitir que termine la vista de ocho días, de ninguna forma cambiaría la actualización de la causal de improcedencia que se ha invocado, porque esta deriva del orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) y el cual ha sido examinado en fechas recientes por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas cuarenta y ocho minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho. Por último, se ordena informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

  4. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el que informa que la persona de nombre +++, es quien tendría el carácter de tercero interesado para este juicio, con domicilio en ++++. Lo cual soporta en las copias certificadas que remitió con anterioridad de la carpeta de investigación, las cuales afirma son todas las que existen. Además, la fiscal en mención solicita se reconsidere la multa que le fue impuesta en acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por las razones que expresa en el oficio de cuenta. Tales razones involucran excesivas cargas de trabajo y falta de personal de apoyo. Por tanto, se deja insubsistente por única vez la multa que le fue impuesta a la citada agente ministerial, en proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 87 y 88). Ahora, la información proporcionada por la fiscal de mérito, en el sentido de que las copias remitidas con anterioridad de la carpeta de investigación, son todas las que existen en el expediente original, permiten revisar el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y al hacerlo se observa que los actos reclamados por la quejosa estriban en lo siguiente: La resolución de doce de febrero de dos mil dieciocho, en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++ (foja 76). Ese acto fue reclamado por la quejosa, debido al archivo que se decretó en el referido expediente el cual se tramitó con las reglas del sistema penal acusatorio y en el cual tiene la condición de víctima porque fue quien presentó una denuncia por el hecho con apariencia del delito de fraude (foja 74). Pero la revisión que se hace en este momento a las constancias del expediente constitucional, permite afirmar que la indagatoria de la autoridad responsable y que contiene la resolución combatida, se tramitó con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque inició con una denuncia presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 42). Entonces, resalta en este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la resolución combatida en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la quejosa antes de promover el control de legalidad extraordinario que es el juicio de amparo. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones o resoluciones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, para cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, pues al decidir la contradicción de tesis 233/2017 donde contendió la tesis antes citada estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control en esa ruta ordinaria de impugnación que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad o la determinación de archivo y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerde pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que la resolución combatida por la quejosa en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++ debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. En otras palabras, la quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la resolución combatida en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de la postura adoptada en la referida indagatoria, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales tutelados en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto -es decir, contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el reclamo planteado por la quejosa, en el presente juicio de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la resolución combatida en la demanda de protección debe ser impugnada primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, resulta inviable continuar la tramitación de este juicio de amparo, ni siquiera para agotar el emplazamiento de la persona que tiene el carácter de imputado; y tampoco por la vista de ocho días que se otorgó en el acuerdo de dieciséis de los cursantes (foja 87) pues la causal de improcedencia que se estimó actualizada, es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) que ha examinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, hasta agotar el emplazamiento del imputado y terminar el plazo de ocho días otorgado en el referido acuerdo, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría que soslaye la ruta ordinaria de impugnación, a la que debe acudir para impugnar la resolución en la que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y se decretó el archivo del expediente ++++. En otras palabras, agotar el emplazamiento del imputado y permitir que termine la vista de ocho días, de ninguna forma cambiaría la actualización de la causal de improcedencia que se ha invocado, porque esta deriva del orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) y el cual ha sido examinado en fechas recientes por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas cuarenta y ocho minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho. Por último, se ordena informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

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