Elena del Rocio Loez Vidal

Expediente 2173/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2173/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Elena del Rocio Loez Vidal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que se desechó su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    MESA III-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a este expediente el oficio firmado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, a través del cual devuelve, sin diligenciar, el despacho 251/2019, número de orden 552 del propio índice, con que se le solicitó notificar a la parte quejosa el contenido del auto en que se desechó su demanda de amparo. En tal virtud, téngase por cumplida la encomienda delegada y dese de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno relativo. Ahora bien, por cuanto de la diligencia de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado segundo del Ramo Civil, con residencia en Tonalá, Chiapas, se advierte que al haberse constituido al domicilio proporcionado por la quejosa Elena del Roció López Vidal, fue informado por los vecinos del lugar, que desconocen la identidad y el paradero de dicha fémina. Por lo tanto, a fin de evitar más dilaciones en el finiquito de este asunto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto inicial dictado en este expediente y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se notifican a la parte quejosa, esa, esta y las subsecuentes determinaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se publica en este tribunal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    MESA III-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Elena del Rocío López Vidal, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; ello en virtud de haberse declarado incompetente el Juzgado de Distrito declinante para conocer del juicio de amparo de mérito, por razón de territorio. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 2173/2019. SE ACEPTA COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora, vista la demanda de amparo de la que se advierte que Elena del Rocío López Vidal, reclama lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS:- De los cuales me enteré el día de hoy (sic) -, los hago consistir en los siguientes: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógico-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; Es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y alli me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL." El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado, suspensión de energía eléctrica y un nuevo sistema de pago. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible a página 1089, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistente en la orden de cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado, suspensión de energía eléctrica y un nuevo sistema de pago, este juzgado aprecia que no puede considerarse propiamente un acto de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, como a continuación se verá. A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118, primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo segundo, 45 y transitorio segundo, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en once de agosto de dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal. Asimismo se precisó que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Al respecto, conviene precisar el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio: "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [...] V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; [...] XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [...]" En ese tenor, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: [...] II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; [...]" En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por el impetrante de amparo revistan las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos que ejecutan las responsables, en relación con el ahora quejoso, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trata de un acto que se generó por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Criterio que se sustenta la jurisprudencia por contradicción 156/2017, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, Libro 50, Tomo I, enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS "DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Elena del Rocío López Vidal, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de Comisión Federal de Electricidad, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la estadística del juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor, así como 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno, con sede en Tonalá, Chiapas, para que a través del Actuario de su adscripción notifique el contenido íntegro del presente proveído a Elena del Rocío López Vidal, en el domicilio ubicado en quinta avenida Sur sin número, por el COBACH, en Pijijiapan, Chiapas. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad; apercibiéndola que de no hacerlo dentro del plazo que para tal efecto se concede, las demás notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento del referido Juez que deberá remitir en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, las constancias relativas al cumplimiento del presente auto; apercibido que de no acatar lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 238, en relación con los diversos 237 y 259 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Con apoyo en la parte in fine del artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado, se solicita al Juez exhortado habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17, de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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