Elena del Carmen Benítez Díaz

Expediente 1687/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1687/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Elena del Carmen Benítez Díaz
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ante éste órgano jurisdiccional el cinco de febrero del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Luego, por proveído de veinticuatro de febrero del año en cita, se verificó dicho cumplimiento, y al advertirse la existencia de un faltante se requirió a la autoridad aludida, para que diera acatamiento total a la ejecutoria de amparo. Por lo que, por oficio y anexo recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de agosto de este año, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, informó el cumplimiento total a la resolución de amparo. En relación con lo anterior, por auto de diecisiete de agosto de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que realizara alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 53 a 71), se se aprecia que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, así como el remanente de $280.00 pesos excedente del pago por inscripción de préstamo hipotecario; ambos, realizados con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. (...) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitidos ante este juzgado federal el dos de septiembre de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia, consecuentemente mediante comunicado suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución emitida el siete de noviembre del año pasado, en el amparo en revisión número 721/2019, del índice del Tribunal Colegiado en cita, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que se desechó el citado medio de impugnación. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en el presente y en el futuro; y, B) Devolverle a la impetrante del amparo única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos, moneda nacional) y el diverso remanente de $280.00 (Doscientos ochenta pesos, moneda nacional) que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de crédito hipotecario e impuesto adicionales; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable el cinco de febrero del año en curso, informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución por medio de cheque número 0001693, de trece de enero de la presente anualidad, por la cantidad de $8,778.82 (Ocho mil setecientos setenta y ocho pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional), recibido por la quejosa el treinta de enero del presente año, cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora si al monto de $9,247.68 (Nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, moneda nacional), se le resta las cuotas mínimas a pagar esto es $290.00 (Doscientos noventa pesos, moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos, moneda nacional), por cada inscripción efectuada por la parte quejosa, nos da como resultado la cantidad de $8,677.68 (Ocho mil seiscientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dos de julio de dos mil diecinueve y la autoridad responsable mediante título nominativo de trece de enero del año en curso, devolvió la contribución reclamada a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de mes de junio del año próximo pasado al mes de noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de junio del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue 103.299; y para el mes de noviembre del año pasado de 105.346 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.019816261532057. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,849.69 (Ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $171.95 (Ciento setenta y un pesos con noventa y cinco centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $8,849.69 (Ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos, moneda nacional); sin embargo, está reintegró la diversa de $8,778.82 (Ocho mil setecientos setenta y ocho pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional), por lo que se advierte un faltante a favor de la parte agraviada por la cantidad de $70.87 (Setenta pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional). De ahí que, por proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se le requirió por dicho faltante. Posteriormente, por oficio y anexo recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de agosto de este año, el Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, informó el cumplimiento total a la resolución de amparo. Ello, porque adjuntó los documentos con que acreditó haber hecho del conocimiento de la parte quejosa que asistiera a recoger el cheque que está a su disposición, por la cantidad de $70.87 (Setenta pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional), así como del título nominativo de referencia, tal como se desprende de la constancia de notificación de seis de agosto del año actual. De igual manera, en diecisiete de agosto del dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que acudiera a las oficinas de la responsable a efecto de que le fuera devuelta la cantidad faltante, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciaría en relación con el cumplimiento en referencia. Es oportuno precisar que la notificación del citado proveído se realizó a la parte quejosa el tres de septiembre del presente año, por lo que el término de tres días concedido, trascurrió del siete al nueve de septiembre de este año. Sin que la citada parte hubiese realizado alguna manifestación al respecto. En virtud a lo anterior, la parte solicitante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento aludido, en el cual debía acudir ante la autoridad responsable a solicitar su devolución; por tanto, lo anterior no resulta impedimento alguno para no tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues la autoridad oficiante al haberle hecho del conocimiento a la parte quejosa que se encuentra a su disposición la cantidad de referencia, sólo bastará que ésta acuda a hacer efectivo el cobro aludido, para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintidós de octubre, once de noviembre y diecinueve de diciembre de la presente anualidad (fojas 369 a 374, 384 a 480, 504 y 505, respectivamente), las autoridades responsables manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de diciembre del año en curso (foja 506), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede; sin embargo, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el aquí quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, mediante escrito presentado el cinco de noviembre del año en curso (foja 381), manifestó su conformidad respecto al cumplimiento dado por el Tribunal responsable a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 44 a 51), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Omar Gajón de la Rosa, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución total del laudo dictado el treinta de octubre de dos mil catorce, en el juicio laboral ordinario 97/2012.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable denominada Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Único.- Llevará a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral número 97/2012, de su índice. La citada autoridad responsable informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que ordenó el archivo definitivo como asunto totalmente concluido, a raíz de haberse cumplido con el convenio elevado a categoría de laudo, cumpliendo en su totalidad las clausulas a la que se sujetaron las partes, dentro del expediente laboral número 97/2012 (foja 505). Máxime que, el quejoso manifestó en su escrito presentado el cinco de noviembre de la presente anualidad, su conformidad respecto al cumplimiento dado por el Tribunal responsable a la ejecutoria de amparo (foja 381). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el once de julio y veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 321 a 325, 326 a 329, 330 a 333 y 342 a 343), suscritos por los Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, así como por el Presidente, Síndico y Director de Catastro, todos del mencionado Ayuntamiento, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de septiembre del año actual (foja 344), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 301 a 310), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] a) Dejen sin efectos el acta de sesión ordinaria de cabildo celebrada el veinticinco de octubre de dos mil catorce, únicamente por cuanto hace a la baja del registro de catastro e impuesto predial del municipio en mención de Rosario Flores Ortega y/o Rosario Flores. b) La restituyan en el goce y disfrute de la titularidad que tenía antes de la violación reclamada, respecto del predio con clave catastral 2-109-9-24-2. La protección constitucional concedida se hace extensiva al acto reclamado al Director de Catastro Municipal de Acaponeta, Nayarit, ya que le reviste el carácter de autoridad ejecutora. [.]" Luego, por oficios y anexos recibidos ante este Juzgado Federal el once de julio de dos mil diecinueve (fojas 321 a 325, 326 a 329 y 330 a 333), los Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, así como por el Presidente y Síndico del mencionado Ayuntamiento, comunicaron que mediante sesión extraordinaria de cabildo de nueve de julio del año en curso, se dejó sin efectos el punto de acuerdo número "1", de la sesión de cabildo celebrada el veinticinco de octubre de dos mil catorce, respecto a la baja de registro de catastro e impuesto predial del municipio en mención de Rosario Flores Ortega y/o Rosario Flores, acompañando al efecto copia certificada que corrobora lo anterior; por su parte, el Director de Catastro Municipal de Acaponeta, Nayarit, mediante misiva y documental certificada recibida ante este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, comunicó haber restituido de la titularidad respecto del predio con clave catastral 2-109-6-24-2, a favor de la parte quejosa (fojas 342 y 343). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 12 a 14 y 31 a 33, del original del cuaderno incidental); por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano