Elena Cruz Alba
Expediente 831/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elena Cruz Alba
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Dulce María Soriano Rojas, quien se ostenta como asesora jurídica pública de los ofendidos Elena Cruz Alba y Adalio Rodríguez González padres de Alejandro Rodríguez Cruz, María Elena Nava Guzmán y Alejandro Daniel Cuautli Nava, padres de Alejandro Israel Cuautli Nava, contra actos del Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento con sede en Centro de Justicia Puebla, Abogado Fernando Martínez Espinosa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 831/2022. SE DESECHA DEMANDA La parte quejosa con el carácter de parte ofendida, reclama del Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento con sede en Centro de Justicia Puebla, Abogado Fernando Martínez Espinosa, dentro de la causa penal 11/2022/JO/CENTRO: "la inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 11 de Julio de 2022, notificado en fecha 12 de Julio de 2022 por correo electrónico, dentro del juicio con número 11/2022/JO/CENTRO PONIENTE". En tal acuerdo, según se expuso en el último de los hechos narrados, el juez resolvió "que no se accedía a la petición del Ministerio Público de regresar el auto de apertura a juicio oral, para que se llevara a cabo la audiencia intermedia de Pedro Morales Paz y Carmelo Martínez González, se emitiera solo un auto de apertura a juicio, y se desahogara un solo juicio que no comprometiera la certeza jurídica de las víctimas y de los acusados" Conforme a lo anterior, se concluye que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa únicamente controvierte la determinación por la que el juez responsable no accedió a la petición del Ministerio Público de regresar el auto de apertura a juicio oral, para que se llevara a cabo la audiencia intermedia de Pedro Morales Paz y Carmelo Martínez González, se emitiera solo un auto de apertura a juicio, y se desahogara un solo juicio; esto, indican en sus antecedentes, porque el diecinueve de enero de este año, se realizó la audiencia intermedia, por los diversos procesados Pedro Vargas Aguilar y Rafael Ramírez Morales, pues por lo que hace a Pedro Morales Paz y Carmelo Martínez González, se difirió la audiencia intermedia por nombramiento de nueva defensa. En este contexto, tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente determinó desfavorable la petición del Ministerio Público respecto a, según se narra, regresar el auto de apertura a juicio oral, para llevar a cabo la audiencia intermedia de los inculpados Pedro Morales Paz y Carmelo Martínez González, a fin de que se emita solo un auto de apertura a juicio y se desahogue en un solo juicio. De ahí que lo resuelto por el Juez responsable dentro de la causa penal 11/2022/JO/CENTRO, el once de julio del año en curso, no es un acto de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa; sin que obste a ello que refieran que ante tal actuación, al existir dos juicios como incitadores, ello da la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias, es decir, condenatoria y absolutoria, violando el esclarecimiento de los hechos y por tanto el, derecho a la verdad que tienen no solo las víctimas, sino también los acusados y como efecto una objetiva impunidad. En tanto que tales afirmaciones son hipotéticas y versan sobre aspectos futuros e inciertos y, por ende, devienen ineficaces para acreditar una afectación real y directa derivada del acto efectivamente reclamado en esta vía, respecto a alguno de sus derechos sustantivos tutelados constitucional y convencionalmente, esto es, su libertad, propiedades, posesiones, derechos, etcétera. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el -libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Dulce María Soriano Rojas, quien se ostenta como asesora jurídica pública de los ofendidos Elena Cruz Alba y Adalio Rodríguez González padres de Alejandro Rodríguez Cruz, María Elena Nava Guzmán y Alejandro Daniel Cuautli Nava, padres de Alejandro Israel Cuautli Nava, contra actos del Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento con sede en Centro de Justicia Puebla, Abogado Fernando Martínez Espinosa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 831/2022. SE DESECHA DEMANDA La parte quejosa con el carácter de parte ofendida, reclama del Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento con sede en Centro de Justicia Puebla, Abogado Fernando Martínez Espinosa, dentro de la causa penal 11/2022/JO/CENTRO: "la inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 11 de Julio de 2022, notificado en fecha 12 de Julio de 2022 por correo electrónico, dentro del juicio con número 11/2022/JO/CENTRO PONIENTE". En tal acuerdo, según se expuso en el último de los hechos narrados, el juez resolvió "que no se accedía a la petición del Ministerio Público de regresar el auto de apertura a juicio oral, para que se llevara a cabo la audiencia intermedia de Pedro Morales Paz y Carmelo Martínez González, se emitiera solo un auto de apertura a juicio, y se desahogara un solo juicio que no comprometiera la certeza jurídica de las víctimas y de los acusados" Conforme a lo anterior, se concluye que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente
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