Elena Atenea Aviles Palomino
Expediente 1185/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1185/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Elena Atenea Aviles Palomino
- Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. BILLETE DE DEPÓSITO. Ahora, vista la certificación de la que se advierte que en la caja de valores de ese Juzgado de Distrito obra el billete de depósito N 955335, por la cantidad de mil pesos, sin centavos moneda nacional ($1,000.00 M.N.), expedido por expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de esta ciudad (ahora Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo), exhibido por la parte quejosa para garantizar que siga surtiendo efectos a la suspensión provisional que le fue concedida mediante auto de veintiocho abril junio de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 45/2023 del índice de este juzgado. Por tanto, prevéngase a la parte quejosa para que una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca a este Juzgado a recoger el citado billete de depósito N 955335. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, una vez concluido el término aquí concedido, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación. DOCUMENTO EN RESGUARDO. Ahora bien, tomando en consideración que en el escrito de demanda de amparo la parte quejosa adjuntó el original del contrato de arrendamiento sin fiador de veinticinco de enero de dos mil veintiuno; en su atención, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, el cual deberá ser entregado por conducto de quien se encuentre autorizado para ello, esto, previa exhibición de la copia simple que deba certificarse para constancia de autos, así como del acuse de recibo respectivo. No obstante lo anterior, se ordena glosar a los presentes autos a fin de que, en su momento sea devuelto al interesado o bien, siga la suerte del expediente en el que se actúa. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que remitió la Jueza Segunda de los Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Audiencia Celebrada
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1185/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, promovido por********************, contra el acto reclamado al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por********************, contra el acto reclamado al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito; en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1185/2023; y previo cumplimiento de la prevención efectuada en autos, el veintiocho siguiente, se admitió a trámite; se emplazó a la parte tercero interesada y se dio la intervención al representante social de la adscripción; se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables; se emplazó a juicio a la parte tercero interesada; y, finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. La falta de emplazamiento al expediente civil ******************** del índice de la autoridad responsable, así como todo lo actuado en el mismo y su ejecución. La orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública del ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza del acto reclamado, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado El Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Consejero Jurídico en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, aceptaron el acto que se les reclama, por lo que así deberá tenerse para los efectos del presente juicio. Certeza que se corrobora con las constancias del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de los quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior, en razón de que la parte quejosa refirió que conoció de los actos reclamados, el veintiuno de abril del año en curso; y presentó su escrito de demanda el veinticinco de abril siguiente. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para un correcto estudio del presente asunto, resulta necesario hacer una relación de las constancias envidas por la Jueza Civil al rendir su informe con justificación, de las que se advierte lo siguiente: - Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria ********************, promovido por ********************, en contra de********************, y ordenó su emplazamiento. - El emplazamiento se llevó a cabo mediante cédula de notificación de trece de mayo de dos mil diecinueve. - Luego, mediante escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve,********************, contestó la demanda promovida en su contra. - En proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, la Jueza Civil, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se dictó la sentencia en la cual se declaró procedente la acción y se condenó a********************, a la entrega y desocupación de la ********************, así como al pago de los frutos civiles. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva. El cinco de agosto de dos mil veintidós, se requirió a Elena Atenea para que dentro del término de veinte días hábiles entregara el predio materia de acción reivindicatoria, bajo apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública. Inconforme, mediante escrito de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de revocación en contra del proveído de cinco de agosto de los corrientes; sin embargo, la Juez Civil desechó el recurso en auto de veintidós de agosto del año citado. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el desalojo del predio con auxilio de la fuerza pública; misma que se inició mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, sin embargo, fue suspendida con motivo de la interposición del amparo indirecto. Lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En el caso, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario; es decir, la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño equiparado porque conoce la existencia del juicio en que fungió como parte y compareció antes del dictado de la sentencia, dando contestando a la demanda entablada en su contra, e incluso interpuso un recurso de revocación. Para mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido de las normas en las que se sustenta la causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Al matizar el alance de esta norma, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que su contenido debe ser interpretado en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. Ello en atención a que, los otros supuestos contenidos en las restantes fracción sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente. Interpretación que, a pesar de haber sido emitida conforme a la anterior Ley de Amparo, resulta conforme a la normativa vigente de ahí que deba ser entendida en igual sentido. Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley Fundamental, 19 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, 20, prevén la posibilidad de ejercer la acción constitucional a las personas extrañas a los procedimientos jurisdiccionales siempre que los actos afectan algún derecho legalmente constituido. Sobre el concepto de persona extraña, la doctrina y la jurisprudencia utilizan indistintamente esa expresión para referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en las normas invocadas; sin embargo, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño comúnmente definido en los tratados de derecho procesal, ya que acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, conocido como tercero extraño equiparado. En ese contexto, para los efectos del juicio de amparo persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también lo es la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión. Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del juicio compareciendo a éste, deja de tener el carácter de tercero extraña, pues se integra al procedimiento, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario, y en su oportunidad, si es necesario, podría acudir al amparo directo. Ello debido a que, la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento del conflicto en que resultaron afectados sus intereses, por lo que la circunstancia de que la persona haya comparecido en al juicio natural o procedimiento de ejecución, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, provoca la actualización de una causa de improcedencia, al no encontrarse en la hipótesis de tercero extraño. Bajo esa óptica, en el asunto que se entiende, contrario a lo afirmado por la quejosa, no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, esto es así, ya que la parte quejosa no es extraña al juicio natural, tal como se advierte de las constancias del procedimiento de origen, de las cuales destacan que mediante escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve, presentado en el juicio civil ********************, se tuvo a la demanda, aquí quejosa********************, dando contestación a la demanda interpuesta en su contra por la parte actora, aquí tercero interesada ********************; y, en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable se pronunció al respecto, teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en contra de la aquí quejosa. Posteriormente, por escrito de once de agosto de dos mil veintidós, la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del proveído de cinco de agosto de los corrientes, en el cual se le requirió la entrega de la fracción del bien materia de la condena, bajo apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública; mismo que fue desechado el veintidós siguiente. Aunado a lo anterior, que en el escrito de cumplimiento de prevención de la demanda de amparo aceptó ser parte del procedimiento de origen. Por tanto, no puede considerarse a la parte quejosa como tercero extraña por equiparación, para los efectos del presente juicio constitucional. Lo descrito pone a la vista que la parte quejosa no desconocía la radicación del juicio de origen, ni las actuaciones posteriores, como lo aduce, pues compareció a ejercer su derecho de defensa al contestar la demanda, así mismo, interpuso recurso de revocación en contra de la orden de entrega del bien que defiende. Máxime que con el informe justificado y las constancias que de remitieron en su apoyo se le dio vista, sin que realizara manifestación alguna en torno a la ilegalidad del escrito a través del que presentó su contestación de demanda y la interposición del recurso de revocación antes aludido. Con base en lo expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, pues la peticionaria de amparo no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, ya que compareció en el mismo; en consecuencia, debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación a la falta de emplazamiento que reclama. Resulta aplicable por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 2026118, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil." Estudio de improcedencia en relación al diverso acto reclamado consistente en: - La orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública del ********************. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia surge de la interpretación del artículo 61 fracción XXIII, e relación al artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, de la interpretación del segundo de los preceptos citados, se advierte que el sistema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad jurisdiccional después de concluido el juicio respectivo, establece una distinción entre los actos que no se pronuncian dentro del procedimiento de ejecución, y los que desde luego se emiten en ejecución de la sentencia relativa. En relación con los actos de ejecución de sentencia, importa acotar que la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, en la cual se pueden controvertir las violaciones cometidas en el procedimiento relativo. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad. En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de fallos definitivos, la acción constitucional sólo procede contra la última resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución relativo, ya sea que se apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo, o bien, que se declare la imposibilidad, material o jurídica, para darle cumplimiento, incluso en los casos en que se impugne una disposición legal de carácter general, salvo que se trate de actos que no tienen como fin tal ejecución, sino que tienden a prepararla; actos con autonomía propia, como se ha dicho. Además, respecto a la regla de procedencia es importante tener presente la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que lo actos en ejecución consistentes en la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, es un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Criterio que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Acorde lo expuesto, el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se autorizó el desalojo con el auxilio de la fuerza pública reclamado en este juicio, no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa. En el caso que se resuelve, se reclama la orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública del ********************; de modo que, aunque fue pronunciada en la fase de ejecución de esa contienda civil, no se trata de una resolución definitiva dentro de esa fase ejecutiva, precisamente, porque no reconoció o aprobó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento u ordenó el archivo definitivo del expediente. Se considera lo anterior, ya que el derecho definido en la sentencia del juicio natural fue la posesión del ********************; determinándose que corresponde a la parte actora, aquí tercera interesada detentarla, por ende, se condenó a la quejosa********************, para que lo entregasen. Así, el acto reclamado por esta vía constitucional no contraviene en forma directa algún derecho sustantivo del quejoso ajeno a la cosa juzgada en el procedimiento de origen, por lo que tampoco se está en el caso de excepción de procedencia del juicio de amparo, pues la posesión y entrega del inmueble es la materia del procedimiento judicial de origen que adquirió el carácter de cosa juzgada. Además, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, ya que compareció al procedimiento, e incluso, como se destacó en los antecedentes, dio contestación a la demanda de amparo instaurada en su contra e interpuso medios ordinarios de defensa en la fase de ejecución. En ese panorama, de conformidad con la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por consiguiente, al no tener la parte quejosa el carácter de tercera extraña al controvertido natural, sin lugar a dudas opera la causa de improcedencia examinada, y lo que procede, es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. No es obstáculo a lo anterior, la testimonial a cargo de ********************, y las documentales anexas a la demanda de amparo, consistentes en el documento privado exhibido en original, consistente en el contrato de arrendamiento celebrado entre José Basilio Uc Llama y********************; sin embargo, no se estiman suficientes para desvirtuar la causal de improcedencia actualizada. Se establece lo anterior, pues para determinar su valor y alcance probatorio, es necesario analizar su contenido en términos de los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo; es decir, bajo el sistema de valoración denominado sana crítica, en el que el juzgador tiene libertad para razonar el valor de esa prueba, pero está obligado a hacerlo bajo las reglas de la lógica y de la experiencia para así evitar la arbitrariedad. En el caso, el suscrito considera que, a pesar de que la prueba testimonial desahogada en la audiencia constitucional cumple con los requisitos de validez, la información proporcionada es insuficiente para desvirtuar las causales de improcedencia actualizadas. Ello, pues la parte quejosa pretende demostrar la posesión del predio que defiende lo cual ya fue analizado por la autoridad responsable en el juicio reivindicatorio de origen, por tanto el derecho discutido ya adquirió fuerza de cosa juzgada. Se establece así, pues del resultado del desahogo de la prueba testimonial, concatenada con el contrato de arrendamiento exhibido, se desprende que los testigos ********************, de forma similar en lo conducente refirieron que la aquí quejosa es posesionaria, en calidad de arrendataria del bien inmueble en cuestión, empero, se insiste dichos hechos ya fueron valorados y analizados en la sentencia definitiva ejecutoriada relativa al juicio ordinario civil reivindicatorio de origen. En dicho asunto la Juez responsable resolvió y determinó que no le asiste la razón a la aquí quejosa, condenándola a la desocupación y entrega de la fracción del bien inmueble que ahora defiende, por tanto, se considera que el derecho de posesión que se discute le reviste el carácter de cosa Juzgada. Y, en relación a la orden de desocupación reclamada, ésta forma parte de la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, la cual, como se puntualizó en la presente determinación, no es la última en la etapa de ejecución. De ahí la improcedencia del juicio constitucional que conllevó al sobreseimiento del mismo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por de********************, contra el acto reclamado al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada ********, mediante el cual manifiesta que se le notificó la ampliación del interrogatorio de los testigos correspondientes y no así a la parte quejosa y hace diversas manifestaciones. En atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula en su escrito de mérito, para ser tomadas en consideración como legalmente corresponda al momento de dictar la sentencia. Por otro lado, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el predio proporcionado por la parte quejosa, a fin de que le haga entrega del escrito que contiene la ampliación del interrogatorio al que deberán sujetarse los testigos ****** y ****. En consecuencia, hágase de su conocimiento que queda a su cargo, la presentación de éstos, en la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, en el entendido de que éstos deberán comparecer con identificación actualizada oficial y vigente con fotografía, a satisfacción de este Juzgado Federal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se declarará desierta la probanza de mérito, por causas no imputables a este órgano de control constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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