Elemento de Tránsito Municipal

Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Elemento de Tránsito Municipal

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, once de marzo de dos mil veintidós. I. Causa estado proveído de once de febrero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, ya que: Se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se decretó la suspensión de plano. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe. Angélica

  2. Principal

    León, Guanajuato, once de febrero de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese a los autos la comparecencia levantada el nueve de febrero pasado, en la que el quejoso manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el juicio de amparo, por disposición constitucional, solo puede seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, puede abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; por tanto, si en el caso que nos ocupa la parte quejosa se desistió del juicio de amparo, ello implica un desistimiento de la acción; así las cosas, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 63, fracciones I y V, en relación con el artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del siguiente rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Así como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 26/2002-PL, consultable en la página 286, Tomo VII, Marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con dos minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe. Angélica

  3. Principal

    León, Guanajuato; seis de febrero de dos mil veintidós. I. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente físico, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 112/2022-Il. II. Parte quejosa. Alejandro Teniente Díaz de León, en favor del directo quejoso Francisco José Cabrera Padilla. III. Autoridades responsables. Juez Cívico en Turno adscrito a la Delegación Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, y otra. IV. Actos reclamados. La privación de la libertad fuera de procedimiento del directo quejoso, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento. V. Se decreta suspensión de plano y se requiere al directo quejoso. Se tiene a Alejandro Teniente Díaz de León, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del directo quejoso Francisco José Cabrera Padilla, contra actos del Juez Cívico en Turno adscrito a la Delegación Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento, de los que aduce el promovente es objeto el directo quejoso Francisco José Cabrera Padilla, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el efecto de que de manera inmediata cesen dichos actos sobre la persona de Francisco José Cabrera Padilla. En la inteligencia de que si la privación de la libertad que se atribuye a las autoridades administrativas, tiene como origen la comisión flagrante de algún delito, el referido quejoso deberá ser inmediatamente remitido al agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, de haber sido privado de la libertad el directo quejoso, sin motivo aparente, como lo asevera el promovente en la demanda de amparo, deberá ser dejado inmediatamente en libertad, lo que deberán informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exacta en que fue privado de su libertad, así como la data y hora en que fue puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público, de ser el caso. En su caso, si la detención reclamada proviene de mandamiento de algún agente del Ministerio Público, el directo quejoso podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial, u ordenar su libertad, según proceda. En la hipótesis de que la detención no sea ordenada por autoridad judicial ni se trate de flagrancia o urgencia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata del directo quejoso, sin perjuicio de la integración de la investigación correspondiente. Por otra parte, se requiere a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado ante qué autoridad quedó a disposición el quejoso, lo anterior para estar en aptitud de, en su caso, llamarla a juicio como autoridad responsable. Asimismo, en el supuesto de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner al preindicado quejoso a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, ello de conformidad con el artículo 16, tercer párrafo, constitucional. Por lo que se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato informen sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibidas que de no hacerlo podrá incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el directo quejoso se encuentra detenido en la Delegación Poniente, de esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a que se constituya en el lugar señalado, para los siguientes efectos: 1) Proceda a la localización del directo quejoso. 2) Una vez localizado, la haga comparecer ante su presencia, le notifique el presente proveído y lo requiera para que en el acto de dicha notificación o por escrito, dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) También se ordena al actuario de la adscripción que cuestione al directo quejoso si se encuentra incomunicado o si está en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida, que afecte su integridad física, o sujeto a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en tormentos, mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. 4) Además, deberá dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra el quejoso, así como de la estancia en la que permanece detenido. 5) Debiendo cuestionar al directo quejoso si se le ha obligado, bajo tortura física o psicológica, a firmar algún documento hasta el momento en que se efectuó la ratificación. Por otra parte, en aras de efectivizar la función de este órgano de control constitucional, se requiere a las autoridades responsables para que presten al actuario judicial de este juzgado todas las facilidades de información sobre la situación jurídica del quejoso, la ubicación de su lugar de detención y dé libre acceso personal al mismo, a fin de entrevistarse con el impetrante en forma confidencial y segura. Del mismo modo, se hace saber a las autoridades responsables que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Destacándose que en el informe que se rinda con motivo de la presente suspensión de plano, la responsable deberá especificar la denominación actual y correcta que ostenta. En caso de que el directo quejoso no se encuentre en el lugar que refiere el promovente del amparo, o en su defecto, no exista como éste lo asevera, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que se constituya en: Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Delegación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Dirección General de la Policía Municipal. En el Hospital General Regional de la ciudad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad. En el Hospital Psiquiátrico "San Pedro del Monte", con sede en esta ciudad. Lo anterior, a fin de que localice al directo impetrante y lleve a cabo la diligencia encomendada con antelación. Del mismo modo, se le hace saber a la autoridad responsable que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Dese la intervención que legalmente corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. VI. Precisión en torno a la suspensión de plano que se concede. Toda vez que del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado pudiera derivar de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad, desde este momento se le hace la precisión de que los efectos de la medida cautelar decretada de ninguna manera lo liberará de forma definitiva de la sanción que le haya sido decretada con motivo de la violación a las leyes de tránsito (arresto); pues en el supuesto de que al resolverse el juicio en lo principal se sobreseyere, o bien, se negare la protección de la Justicia Federal, las autoridades administrativas responsables estarán en aptitud de llamar al quejoso infractor para que cumpla con las horas faltantes del arresto impuesto a guisa de sanción. Para lo cual, ordénese al actuario judicial para que, al momento de la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, requiera al quejoso para que en dicho acto proporcione su domicilio particular actual y correcto, bajo protesta de conducirse con verdad; debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el acta que al efecto levante. VII. Exhortación e información al directo quejoso. De lo narrado en la demanda de cuenta, se desprende que el acto reclamado pudiera derivar de la infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad (detenido cuando iba conduciendo), o bien, tener su origen en el operativo denominado alcoholímetro, el cual consiste en la instalación de diversos puntos de control de alcohol en aliento desplegados en determinados sectores de la ciudad. Luego, constituye un hecho notorio que estos mecanismos de vigilancia tienen como propósito evitar accidentes en perjuicio del propio conductor y de terceros, que pudieran ocasionar daños materiales, lesiones y, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas; pues estos programas permiten detectar y sancionar a las personas que conduzcan con algún nivel de alcohol que les impida conducir adecuadamente; lo que implica que se trate de una medida eficaz de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo. En ese sentido, se ordena al actuario judicial, para que al momento en que levante la razón actuarial con motivo de la ratificación de la demanda por parte del impetrante, deje constancia de haberle hecho la exhortación -para efectos de generar conciencia- siguiente: "Por orden directa de la Juez Tercero de Distrito en León, Guanajuato, le hago saber que por ninguna razón usted puede volver a poner en peligro a la sociedad conduciendo bajo el influjo del alcohol y otras sustancias que le impidan reaccionar eficazmente en el manejo de un vehículo automotor. En razón de ello, le conmino para que adecúe su comportamiento al momento de conducir vehículos de motor, con pleno respeto a las leyes de tránsito (no haciéndolo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas), así como a los derechos y libertades de los conductores de otros automóviles o transeúntes, de manera que se abstenga de realizar conductas que pongan en riesgo la vida, la salud o los bienes de terceros. Asimismo, se le hace saber los delitos que puede llegar a incurrir al manejar un automotor bajo el influjo de bebidas embriagantes, los cuales se encuentra previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato: Artículo 154.- El homicidio culposo cometido por quien conduzca un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se sancionará con dos a ocho años de prisión, veinte a ochenta días multa y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Si solamente resultaren lesiones, a la pena de prisión fijada por el juez o el tribunal conforme al artículo 14, se agregará hasta una quinta parte y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Artículo 154-a.- El homicidio y las lesiones culposos cometidos por quien esté prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, se sancionará con la punibilidad establecida en el artículo anterior. Si el activo hubiese obrado además bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas la punibilidad para el homicidio será de cuatro a once años de prisión. Si en este caso, únicamente resultaron lesiones, se aumentará un tercio de la pena de prisión prevista en el artículo 14 de este Código. Artículo 155.- El homicidio y las lesiones culposos no serán punibles cuando el sujeto pasivo sea cónyuge, concubinario o concubina, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano o pariente por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado del activo. Cuando el pasivo sea pariente colateral hasta el cuarto grado o esté unido con estrecha amistad con el activo, sólo se perseguirá por querella. El homicidio y las lesiones culposos serán punibles cuando el activo hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o abandone injustificadamente a la víctima. Artículo 210.- A quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa. Cuando el delito se ejecute por quienes conduzcan vehículos que estén prestando un servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas o que se encuentren bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes, se aplicará una punibilidad de dos a seis años de prisión." Asimismo, hágase de su conocimiento que las medidas cautelares aquí decretadas, no exonerará del pago del servicio de grúa que en su caso se haya utilizado para el traslado del vehículo a un depósito público o privado concesionado, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo, en caso de que éste haya sido retenido para garantizar el arresto impuesto en términos del artículo 142 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. VIII. Obligaciones de la autoridad responsable una vez puesto en libertad al quejoso. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por ello, se ordena al juez cívico responsable que, una vez puesto en libertad el quejoso, si llegare a advertir que alguno de sus derechos humanos corre peligro (por el grado extremo de alcoholemia que llegare a presentar, por ejemplo), deberá adoptar las medidas que considere necesarias a efecto de que los derechos de aquél estén debidamente salvaguardados. Además, deberá certificar que el quejoso no será quien conduzca el vehículo de motor en el que se retire de las instalaciones de la autoridad. En el entendido de que esta suspensión no tiene el alcance de que el vehículo de motor que conducía el quejoso le sea devuelto, puesto que sería tanto como volver a poner en peligro la integridad personal del quejoso, así como a la coletividad, al permitirle la circulación en el inconveniente estado en que se encuentra, lo cual atenta contra el interés social cuya salvaguarda debe vigilar el juez de amparo, en términos del artículo 128 de la ley de la materia. IX. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Teniente Díaz de León y Sandra Fabiola Cabrera Moreno, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo. X. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). XIV. Instrucción para practicar notificaciones personales. Finalmente, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma la jueza Gabriela Elizeth Almazán Hernández, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de José Luis Sánchez García, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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