Elegardo Rojas Villa

Expediente 393/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 29 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
393/2015
Año
2015
Actuaciones
29
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Elegardo Rojas Villa
  • Juez Primero Penal de Primera Instancia en Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del aviso de once de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA ELEGARDO ROJAS VILLA, publicada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Siendo las nueve horas del once de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, EL AUTO de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 393/2015-única; al tercero interesado Marco Todd Edward Macaluso; en cumplimiento al auto de veintidós de octubre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el número de folio 3551 (fojas 226 a 255), la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 4. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: " [.] La orden de aprehensión de dos de marzo de dos mil quince dictada en contra del quejoso Elegardo Rojas Villa, dentro de la causa penal 39/2015, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, así como su ejecución. [.]" Ahora bien, mediante resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diez de febrero del actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de San Quintín, Baja California: Declare insubsistente la orden de aprehensión de fecha dos de marzo de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 39/2015, de su índice y en su lugar, y con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio formal detectado, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente fallo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades responsables ejecutoras ya que que (sic) dichos actos no se les reclaman por vicios propios [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el número de folio 3551 (fojas 226 a 255), la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de diecisiete de febrero del presente año (fojas 230 a 255), así como con el oficio 278 de la misma data (foja 229), ambos emitidos dentro de la causa penal 39/2015-I de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, mediante oficio 279 de diecisiete de febrero del actual (foja 226), informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión girada el dos de marzo del dos mil quince, dentro de la causa penal 39/2015-I de su índice, además, que en esa misma data emitió una nueva resolución en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, fundó y motivó su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el fallo protector; asimismo, expresó las razones que tomó en cuenta para negar la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso por el delito de robo a lugar cerrado y robo calificado de dependiente. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Lo anterior se corrobora por el hecho que la autoridad responsable, cumplió con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para negar la orden de aprehensión solicitada contra el quejoso, es decir, dio a conocer al impetrante de amparo el "por qué" de la conducta de la autoridad, así como todas las circunstancias y condiciones que determinaron dicho acto, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una resolución en determinado sentido, pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente negar la orden de aprehensión de mérito. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo."

  3. Principal

    Siendo las nueve horas del once de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, EL AUTO de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 393/2015-única; al tercero interesado Marco Todd Edward Macaluso; en cumplimiento al auto de veintidós de octubre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el número de folio 3551 (fojas 226 a 255), la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 4. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: " [.] La orden de aprehensión de dos de marzo de dos mil quince dictada en contra del quejoso Elegardo Rojas Villa, dentro de la causa penal 39/2015, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, así como su ejecución. [.]" Ahora bien, mediante resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diez de febrero del actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de San Quintín, Baja California: Declare insubsistente la orden de aprehensión de fecha dos de marzo de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 39/2015, de su índice y en su lugar, y con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio formal detectado, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente fallo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades responsables ejecutoras ya que que (sic) dichos actos no se les reclaman por vicios propios [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el número de folio 3551 (fojas 226 a 255), la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de diecisiete de febrero del presente año (fojas 230 a 255), así como con el oficio 278 de la misma data (foja 229), ambos emitidos dentro de la causa penal 39/2015-I de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, mediante oficio 279 de diecisiete de febrero del actual (foja 226), informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión girada el dos de marzo del dos mil quince, dentro de la causa penal 39/2015-I de su índice, además, que en esa misma data emitió una nueva resolución en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, fundó y motivó su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el fallo protector; asimismo, expresó las razones que tomó en cuenta para negar la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso por el delito de robo a lugar cerrado y robo calificado de dependiente. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Lo anterior se corrobora por el hecho que la autoridad responsable, cumplió con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para negar la orden de aprehensión solicitada contra el quejoso, es decir, dio a conocer al impetrante de amparo el "por qué" de la conducta de la autoridad, así como todas las circunstancias y condiciones que determinaron dicho acto, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una resolución en determinado sentido, pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente negar la orden de aprehensión de mérito. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del aviso de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA ELEGARDO ROJAS VILLA, publicada el uno de marzo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Agréguese a los autos el oficio registrado con el número de folio 3550, a través del cual la 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, acusa recibo del diverso 3579/2016, con el que se le hizo del conocimiento el proveído de diez de febrero del actual (fojas 194 a 196), y se le remitió un tomo de constancias; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, se ordena agregar a los autos los oficios registrados con los números de folio 3551 y 3552, suscritos por la 4. Juez de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, con anexos, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con los oficios de cuenta, así como con el diverso registrado con el folio 3423 (fojas 219 y 220), por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento."

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