ELEAZAR VAZQUEZ RODRIGUEZ y Otros.

Expediente 1537/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1537/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2016

Partes del expediente

  • ELEAZAR VAZQUEZ RODRIGUEZ y Otros.
  • Aldelma Rojas Muñoz
  • Federico Vazquez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 670-2 Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase como prueba de la autoridad responsable oficiante y de la parte quejosa, la documental que anexó a su informe justificado. Ahora bien, del informe que rinde la citada autoridad responsable se advierte que el toca 480/2009 de su índice, ya fue resuelto, y al efecto, acompaña fotocopia certificada de la resolución pronunciada el veinticuatro de octubre del año en curso y razones de notificación a los aquí quejosos de veinticuatro de noviembre actual, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza de Distrito para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior se sigue que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Atinente a la citada causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 ha señalado para que se actualice es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado una sentencia protectora. Es conveniente establecer que mediante escrito presentado en este juzgado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldema Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables: Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Acto, que hizo consistir en el retraso en exceso para emitir la sentencia definitiva dentro del toca penal 480/2009 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y, como consecuencia, estar sujetos a proceso por más de diez años, dentro de la causa penal 128/2002 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se resolvió el toca penal 480/2009 de su índice, mismo que fue notificado a los aquí quejosos el veinticuatro de noviembre actual, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo, que fue presentada el tres de noviembre del actual en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitida por razón de turno, el mismo día a este juzgado Federal. De lo que se sigue que, han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si la pretensión de los quejosos, era que se resolviera en definitiva el toca penal 480/2009 por parte de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se tiene que al haber sido resuelta el veinticuatro de octubre del año en curso, y notificada el veinticuatro de noviembre del actual a los aquí quejosos, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el tres de noviembre del actual; entonces, se les ha restituido en el goce del derecho que estimaron transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido al Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pues el acto que se le atribuye dependía de que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolviera el toca penal de origen. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, en proveído de catorce de noviembre del actual, se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Cobra aplicación, al caso, la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada, así como a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita

  3. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1537/2016-II-D (foja 8 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Maribel Pereda Corvera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldelma Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas (fojas 1 a 5), escrito aclaratorio (foja 6), auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 7 a 10) y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables: 1. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y la 2. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, y con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, por rendidos los informes previos de las autoridades responsables citadas. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: Se constata que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. Acto continuo, la Jueza acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, con lo que se da por concluido el periodo de pruebas. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, no exhibió pedimento alguno. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: . I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1537/2016-II-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldelma Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldelma Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: "a).- De la Primera Sala en Materia Penal, dentro de los autos del toca penal número 480/2009, el retraso en exceso para emitir una Sentencia Definitiva. b) El acto de molestia que me causa el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el de estar sujeto a un proceso que lleva más de diez años que no se resuelve en definitiva, el estar obligado a estar firmando en el libro de aquellas personas que nos encontramos sujetas a proceso, ha sido desgastante por tener que organizarse para poder ir a firmar y no estar en el supuesto de que el juez de la causa dicte una orden de reaprehensión, por lo cual solicito que quedemos a disposición de éste órgano jurisdiccional hasta en tanto y cuando no se resuelva el asunto de fondo." TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: 1. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 2. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Las citadas autoridades responsables al rendir su informe previo aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 18 a 20). CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Atento a la naturaleza del acto reclamado indicado en el inciso a), que es un acto omisivo, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." QUINTO. Procedencia de la medida cautelar. Y, respecto del acto indicado en el inciso b), con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Lo anterior, no implica que los quejosos dejen de cumplir con su obligación de firmar el libro de procesados que gozan de su libertad ante el juez penal responsable. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldelma Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Eleazar Vázquez Rodríguez, Aldelma Rojas Muñoz, Enrique Terrazas Sánchez y Federico Vázquez Rojas, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla y otra autoridad, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1537/2016-II-D. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO.- Precise el acto que reclama al Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla.Lo anterior, ya que en su escrito de demanda, los quejosos omitieron señalar cuál es el acto que reclaman de la citada autoridad, indicando únicamente el acto que reclaman de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, a fin de subsanar tal imprecisión, la parte promovente deberá señalar el acto que reclama del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la parte promovente, deberá ser en original y con las copias suficientes del mismo, para correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención indicada, se proveerá sobre la admisión de la demanda únicamente respecto a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y no se tendrá como autoridad responsable al Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por no haber señalado el acto que le reclama. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por los quejosos y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia.Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda.Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y por autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** para que actúe en el presente juicio con todas las facultades que confiere el citado numeral, toda vez que acredita ser Licenciado en Derecho, al tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Sin que por el momento se tengan por autorizados a ********************pues no se satisfizo dicho requisito (contar con cédula profesional), por lo que se les tiene por autorizados en los términos restringidos que alude el numeral 12 de la Ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegasen a obtener el aludido título, podrán autorizarlos en los términos que pretenden. Por otra parte, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a ********************por así haberlo solicitado en su escrito de demanda. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.

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