Eleazar Sánchez Arguelles

Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Eleazar Sánchez Arguelles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y conserva) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por separado el incidente de suspensión, en esas condiciones y toda vez que se concedió la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se determina que es susceptible de conservación, una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y conserva) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por separado el incidente de suspensión, en esas condiciones y toda vez que se concedió la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se determina que es susceptible de conservación, una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés Visto el estado de los autos de los que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada, con motivo de la suspensión definitiva decretada en autos; por tal motivo, comuníquesele a la parte quejosa que cuenta con un plazo de DOS AÑOS para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, con la finalidad de que se le devuelva los billetes de depósito que exhibió con números N858913 y N861923, expedidos cada uno, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por las cantidades de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), apercibido que de no hacerlo, dentro del lapso concedido para tal efecto, con declarar la prescripción de los referidos billetes a favor del Erario Federal; lo anterior, de conformidad con el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, dígase a la parte quejosa que para la devolución de los citados billetes de depósito, deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal, debidamente identificada, en la inteligencia de que dicho documento será entregado únicamente a la parte quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de garantía para la propia impetrante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5.° fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De los preceptos transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de derechos fundamentales puede colegirse de causales contempladas en alguna disposición diversa al numeral 61 de la Ley de Amparo, es decir, el señalamiento que de ellas hace este artículo es enunciativo, no limitativo, confiriendo la posibilidad de que la referida figura derive de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De igual forma se advierte, entre otras disposiciones, que en el juicio de amparo es parte la autoridad o autoridades responsables; teniendo tal carácter quienes ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos reclamados y que las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que ordenan y ejecutan los actos reclamados, al existir la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos. Asimismo, que el solicitante de amparo tiene la carga de señalar a las autoridades responsables que tengan injerencia en el acto reclamado. En ese orden de ideas, se estima improcedente el presente juicio de amparo, porque la quejosa no designó como autoridad responsable al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México. Lo anterior, no obstante que se le dio vista con el informe justificado y copias certificadas allegadas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia en el Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de las cuales se advierte que el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, giró el exhorto que fue registrado con el número ******************** de índice de la autoridad oficiante, del cual emana el acto reclamado en el presente juico de amparo. Aunado al hecho, que esta autoridad mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, requirió a la parte quejosa a fin de no dejarlo en estado de indefensión, si era su voluntad ampliar la demanda de amparo con el apercibimiento que de no hacerlo, seguiría con la secuela procesal con la demanda inicial. Por consiguiente, si la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable al ejecutor de mérito, se imposibilita analizar la orden de rematar, adjudicar, entregar el bien inmueble ubicado en calle ********************, con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, pues quien la ordenó llevar a cabo, no fue llamado a este juicio de amparo indirecto, motivo por el cual no estuvo en posibilidad de defender su actuación. Es decir, este Juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar la demanda de amparo en ese aspecto, pues no podría válidamente resolver sobre la constitucionalidad del referido acto reclamado, cuando la autoridad que debió tener el carácter de responsable no fue llamada a juicio para defender la constitucionalidad de su actuación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con número 208065, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En mérito de lo expuesto, al actualizar la causal de improcedencia a que se refieren la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del 5.° y fracción III del artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo y entonces, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia cuyos datos de texto y localización, enseguida se transcriben: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena época Materias: Común Tesis: 2ª/J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, marzo de 2003, página 386 Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causa de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la causal de improcedencia planteada en el presente auto. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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