Eleazar Ríos Bello

Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
571/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Eleazar Ríos Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual envía copia certificada del testimonio de la sentencia pronunciada en el recurso de queja laboral 186/2022; atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria de mérito, se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ELEAZAR RÍOS BELLO, por conducto de su autorizado Juan Pablo Ramírez Navarrete, en contra del acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 571/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad". Hágase la anotación que corresponde en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso d), del Acuerdo General antes referido. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Eleazar Ríos Bello, por conducto de su autorizado Juan Pablo Ramírez Navarrete, en autos del juicio de amparo indirecto 571/2022 de este índice, al que le fue asignado el recurso de queja laboral 186/2022, de lo cual queda enterado este juzgado, para los efectos legales conducentes y a la espera de que la superioridad resuelva dicho recurso.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por Juan Pablo Ramírez Navarrete, autorizado del quejoso por Eleazar Ríos Bello, en el presente juicio, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se hayan realizado las notificaciones pertinentes, remítase el original de dicho escrito, así como los agravios allegados y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho; contra actos de la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje del Chilpancingo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 571/2022-III-g; y fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DESECHAMIENTO. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: "El auto de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable dentro del expediente número D.O. 015/2020, relativo al juicio ordinario laboral del suscrito contra la Universidad Autónoma de Guerrero". Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, en el punto VIII, expresa que: "VIII. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje dicto auto admisorio de pruebas, en el cual en lo que interesa y afecta a esta parte determinó lo siguiente: (.) Por lo que respecta a la prueba documental, ofrecida bajo el número 1, consistente en una reproducción a color, relativa al convenio de basificación de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve. Se admite y desde este momento se da por desahogada por su propia y especial naturaleza y al momento de dictar el laudo se le dará el valor que le corresponde (.) Respecto a la prueba TESTIMONIAL ofrecida bajo el número 3 del escrito de ofrecimiento de pruebas, a cargo de los CC. ANDRÉS DE JESÚS DE LA CRUZ, ALEJANDRO ALARCÓN ABARCA Y DANIEL ALBERTO ABARCA JUSTO AGUILAR, la misma se desecha, ya que de su ofrecimiento se desprende que el oferente no señala domicilio, requisito indispensable para admitir dicha probanza, tal y como lo establece la siguiente tesis (.)". [Énfasis añadida] Precisado lo anterior, se tiene que el juicio que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número D.O. 015/2020, por la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, en el que a la actora aquí quejosa, le desechó por la prueba testimonial que ofreció por que no señaló domicilio, requisito indispensable para su admisión. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo, es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción III, inciso b) en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado en esta vía indirecta, se generó con el auto dictado por la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual el doce de mayo el año en curso, negó la admisión de la prueba testimonial ofrecida por el ahora quejoso en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral número D.O. 015/2020, lo que se traduce como una violación a las leyes del procedimiento por tratarse de la inadmisión de pruebas dentro del juicio o procedimiento; por ende, dicho acto no puede considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo del impetrante de amparo, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción III, del artículo 172 de la Ley de la Materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de los derechos individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que el impetrante pretende es que se revoque el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que la responsable le desechó la prueba testimonial que ofreció, en el juicio de origen; de ahí que, esa determinación que se refiere al medio citado en el juicio de origen no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses dicha resolución dictada el solicitante del amparo estaría en aptitud de combatirla mediante el juicio de amparo uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego si el acuerdo impugnado trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente las causales de improcedencia previstas en las fracción XXIII, del precepto 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. AUTORIZADOS. Se tiene al promovente como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Ramírez Navarrete y Efraín Solano Díaz. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "JuanPabloRamirez" que corresponde a Juan Pablo Ramírez Navarrete, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.

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