Eleazar Ramos Olan
Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eleazar Ramos Olan
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de dos de mayo del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante los cuales devuelve sin diligenciar el despacho 363/2022 orden 306/2022 que se giró para notificar al quejoso Eleazar Ramos Olán el proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. Dese baja a la comunicación oficial de cuenta y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes NOTIFICACIÓN POR LISTA Ahora, tomando en consideración que el domicilio proporcionado por el quejoso Eleazar Ramos Olán para oír y recibir notificaciones resulta inexacta, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) notifíquesele por lista el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dos de mayo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; tangase por recibida la demanda de amparo promovido por ********************, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia: Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo ********************. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: a) El oficio ******************** de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Esto es así, ya que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que se le atribuye en el presente asunto. Bien, se considera "autoridad" a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así es, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sostuvo también la Sala que un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, tiene la facultad para emitir actos que incidan la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, determinó que excepcionalmente, es procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, únicamente procede el juicio de amparo contra actos de un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados, como es el caso del derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, por lo que cuando se atribuye al instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, la Sala afirmó que una vez conocida la respuesta a la petición del gobernado y de estimar que no se satisface su interés, éste debe acudir a la vía ordinaria correspondiente. La contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011948, misma que es aplicada por analogía, cuyo rubro y texto rezan: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público. Tiene aplicación la tesis PXXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199459, visible en la página 118, del tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De ahí que si, en el caso concreto, el oficio ********************, por el cual se dio contestación al escrito del ahora quejoso, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, debe decirse que la dependencia señalada como responsable, conforme a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación, si bien es un ente público que forma parte de la administración pública y por ende del Estado, para analizar si en los actos que realicen, con fundamento en una ley de origen público, ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, debe atenderse al caso concreto; por tanto, en virtud de lo expuesto en párrafos que anteceden se colige que al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, le recae el carácter de patrón en el ámbito del derecho especial que rige las relaciones de esa institución con los asegurados; por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación en lo conducente por su contenido jurídico la tesis aislada con número de registro 163797, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, visible en la página 1273, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia." Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa. Para corroborar tal aserto, conviene tener presente que el artículo 61, fracción XII, parte final, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El primer apartado normativo en mención establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Esta hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6º de la Ley de Amparo, al disponer que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso ordinal 5º de la misma legislación. El principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de un oficio que resultó como contestación a un escrito a través del cual la quejosa solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, con base en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues para que el juicio resulte procedente, aquél debe provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional, en el caso, dicho perjuicio tendría que provenir de un acto en el que el mismo se le aplique, lo que en el caso no acontece. Así es, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107 fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio protector de derechos humanos cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así las cosas, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios, en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor, ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. De tal forma, para la impugnación de los actos o de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que los mismos afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, se invoca como apoyo a lo antes expresado la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, que a la letra señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Como se ha visto, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Puntualizado lo anterior, del análisis del oficio reclamado, se advierte que no fue aplicado el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues si bien, en él, se citó dicho numeral, no se aprecia que se emprendiera el análisis del mismo, ya que de la lectura de la señalada misiva, se obtiene que en ningún momento el ente de seguridad social aplicó en perjuicio del hoy quejoso, lo establecido en dicho numeral, referente a que si en cualquier tiempo los recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no fuesen suficientes para cumplir las obligaciones y prestaciones a su cargo establecidas en su legislación, tales obligaciones y prestaciones se cumplirán y otorgarán en la medida de las posibilidades económicas de dicho ente. Máxime, que del escrito de petición que originó la contestación que en esta vía se reclama, se obtiene que a la quejosa, no se le ha aplicado lo establecido en el referido cuerpo normativo, pues lo que él, solicitó en dicho ocurso, en esencia, fue que el instituto le garantizara en todo momento sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, lo que demuestra que la impetrante no ha sido objeto de la aplicación de la citada porción normativa. De ahí la actualización de la improcedencia en comento; pues el referido oficio reclamado, a través del cual aduce le fue aplicado el citado artículo, solo se hizo una interpretación declarativa del mismo, ello, en contestación al escrito presentado por la aquí quejosa ante el instituto señalado como responsable pero sin incidir en la esfera de derechos del quejoso; así, los argumentos plasmados en él no es un acto de aplicación de la norma. Cuenta habida que la procedencia del amparo contra normas generales, requiere de un perjuicio real y actual, no inminente. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que la informan, en la jurisprudencia 2a./J. 77/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, , tomo VII, enero de 1998, Novena Época, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". Máxime, que al reclamarse en este asunto, también la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicado mediante decreto número 294, en el Periódico Oficial de la entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que la parte quejosa aduce le fue aplicado a través del oficio reclamado, estudiado con antelación por el que se actualizó la causal de improcedencia señalada anteriormente, pues al ser improcedente el juicio de control constitucional contra dicho acto, en vía de consecuencia, tampoco procede la impugnación del ordenamiento legal de mérito, ya que no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada con el concerniente a su acto de aplicación. Así lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 71/2000, de la Novena Época; registro 191311; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000; materia Constitucional; página 235; de rubro y texto que dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a ******************** se le otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Consulta de expediente electrónico. Ahora, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "********************" se encuentra registrado, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga autorización para: 1. Consultar vía electrónica el presente expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 2. Presentar cualquier documento, escrito o promociones de forma electrónica. Por tanto se instruye a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que dicha autorización implique que las notificaciones le deban ser practicadas a través de dicho portal, por no haberlo solicitado expresamente. En ese orden de ideas, en cuanto a los correos electrónicos que proporciona para ser notificada, dígasele que es improcedente hacerlo a través de dicho medio, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto número 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. No obstante, tomando en consideración la emergencia sanitaria que atraviesa el país con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19), se toma nota de los mismos, por tanto, en caso de requerirlo se autoriza la comunicación a través de ellos -respecto de comunicaciones no procesales-. Ahora, toda vez que la parte quejosa, señalo domicilio para recibir citas y notificaciones el ubicado en la Carretera a la Laguna de Pomposu, s/n, Ría, Reforma, Segunda Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, tenga a bien notificar por su conducto a ********************, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio descrito con anterioridad el proveído de esta misma fecha; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, que se contará a partir del siguiente al que tenga conocimiento de este proveído, señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, si así lo desea, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Dada la naturaleza sumaria del juicio de garantías y el objeto que se persigue con su tramitación, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez para que habilite horas y días inhábiles a quien habrá de llevar a cabo la diligencia encomendada. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Elda Maria Llergo Asmitia1844/2023
- Elda Perez Jimenez2331/2022
- Eleazar Brito Ramos692/2019
- Eleazar Hernandez Garcia940/2015
- Eleazar Jiménez Díaz1338/2023
- Eleazar Jiménez Díaz292/2020
- Eleazar Román Alemán1075/2017
- Eleazar Roman Aleman688/2017
- Elemi García Melo308/2022
- Elena Alamilla Jimenez518/2016
- Elena Gallegos León968/2023
- Elena Gallegos León1246/2022