Eleazar Osorio Sánchez
Expediente 161/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eleazar Osorio Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que obra en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional el billete de depósito N 824211, que ampara la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió la parte quejosa Eleazar Osorio Sánchez, para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 161/2018-2. Ahora bien, el término previsto en el artículo 156 de la Ley de la Materia, para que la parte tercero interesada promoviera el incidente de reparación de daños con motivo de la suspensión otorgada, transcurrió del treinta de mayo de dos mil dieciocho al treinta de noviembre de ese año, mientras que el plazo de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para obtener la devolución del citado billete de depósito, transcurrió del uno de diciembre de dos mil dieciocho al dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, sin que el demandante de amparo hubiese comparecido ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido certificado de depósito. Lo anterior en virtud, de que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se suspendieron los términos procesales con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los similares que ampliaron dicha suspensión. Así como del dos al seis de octubre, treinta de octubre y del nueve al trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dado que por oficios 002/2020-CM, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, de dos de octubre, treinta de octubre, ocho y diez de noviembre de esa anualidad, respectivamente, el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluyendo los pertenecientes al Centro de Justicia Penal de esta ciudad y en representación de la Coordinación de Jueces de Distrito, comunicó la suspensión de labores en esos días, al considerar que se actualizó en esta ciudad, el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo cual se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales. Adicionalmente, del uno al nueve de agosto de dos mil veinte no podrían programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarían a partir del lunes diez de agosto de dos mil veinte, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente, en términos del artículo 2 fracción VII, del Acuerdo General 21/2020, mencionado. De igual modo, el periodo acontecido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la suspensión de plazos y términos en los asuntos distintos a casos urgentes o esquema de juicio en línea, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020; este último cuya vigencia fue ampliada en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del doce de enero pasado. Entonces, con apoyo en el numeral invocado en el párrafo que antecede, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara el citado billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ilustra lo anterior, la tesis II.3o.P.32 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero 2021, página 2882, registro digital 2022723, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior." Asimismo, la tesis XVII.2o.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo II, diciembre 2020, página 1726, registro digital 2022536, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado -reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia- y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido." Notifíquese.
- Incidental
MESA 2.- ARCHÍVENSE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES.
- Principal
MESA 2.- [...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE JUZGADO EN LA QUE SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PARTE QUEJOSA, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 2.- SENTENCIA. RESUELVE.- PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO. SEGUNDO.- ELABORESE VERSIÓN PÚBLICA.
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