Eleazar Medina Riojas
Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2019
Partes del expediente
- Director General del Centro Federal de Readaptacion Social Numero Uno Altiplano
- Eleazar Medina Riojas
Actuaciones
- Principal
ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días el proveído de doce de julio del año en curso (fojas 4 a 15), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.
- Principal
RAZÓN. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la constancia de notificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso, realizó las siguientes manifestaciones:*** Atento a lo anterior se tienen por señaladas las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para para oír y recibir notificaciones así como por autorizada a la persona que designa.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la cedula de notificación de doce de los cursantes, realizada a ********************; por tanto, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 913/2019-II. Ahora bien, de la lectura de la cédula de notificación se advierte que el quejoso señala como actos reclamados: La negativa de proporcionarle ********************Otorrinolaringología. Con apoyo en los artículos 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el 4 Constitucional y los numerales 9, fracción II, 74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 28, fracción I, y 29, del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías. Así, del artículo 4° de la Constitución Federal y de los numerales 9, fracción II, 74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 28, fracción I, y 29, del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que toda persona tiene el derecho fundamental de que su salud sea protegida, y la obligación del Estado Mexicano de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias. Además, tratándose de las personas que se encuentran privadas de la libertad (procesadas o sentenciadas), dicho aspecto se acentúa en razón de que se trata de un grupo de personas en estado de vulnerabilidad que requieren de tratamientos especiales; no obstante ello, en el presente asunto la atención médica reclamado, no pone en riesgo la vida del quejoso. En efecto, la omisión motivo de reclamo existe por estar contemplada tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como en el Reglamento y el Manual de Seguridad, ambos de los Centros Federales de Readaptación Social, su obligación de proporcionar servicios médicos a las personas privadas de la libertad en esos centros. Empero, no escapa a la atención de este órgano de control constitucional, que con motivo de la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de ese ordenamiento en el año dos mil once, así como la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en junio de dos mil dieciséis, se generó un cambio sustancial relacionado con la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, comprendidas, desde luego, aquellas personas privadas de libertad en prisión preventiva, así como que para fortalecer este nuevo paradigma, se creó el instrumento normativo citado en último término, el cual prevé tanto procedimientos administrativos instaurados ante la propia autoridad penitenciaria, como mecanismos de control judicial para resolver acerca de las omisiones o negativas de dichas autoridades administrativas penitenciarias, es decir, todas las peticiones o solicitudes de las personas privadas de la libertad vinculadas con las condiciones de su estancia en prisión deben ser agotadas, prima facie, con la utilización de tales mecanismo legales, previo a analizarse por la vía constitucional. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: ********************(lo cual no pone en riesgo la vida del quejoso). Ahora bien, el mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la interpretación literal del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; y b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. Ahora, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige para su aplicación como condicionantes las siguientes: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que hace valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. De tal modo, como se dijo, en relación al aludido acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia mencionada, pues de la demanda de amparo se desprende que el justiciable pretende combatir en esta vía, ********************(lo cual no pone en riesgo la vida del quejoso). Así, en relación a lo anterior, se estima que el amparista debió agotar el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción invocada, pues en contra del acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 107, 115, 116, 117, 130 y 131, establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud del cual pueden ser revocados, modificados, o nulificados el acto aquí reclamado como enseguida se observará. En efecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, tiene entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución de Penas. Así, respecto al acto aquí reclamado, en el artículo 114, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese procedimiento administrativo, las personas privadas de la libertad, como el ahora quejoso y, aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlo valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quien tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses de los peticionarios o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Recurso o medio de defensa legal, que cuando recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, el legitimado puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un CASO URGENTE, de así considerarlo, como podría ser la falta de atención médica que refiere el quejoso en la demanda; supuesto en el cual el Juez de Ejecución, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR por la autoridad penitenciaria. De lo que se colige que conforme a las disposiciones de la citada ley, se pueden suspender los efectos de la falta de asistencia médica que ahora se reclama, de oficio y de inmediato mediante el planteamiento del procedimiento correspondiente, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo, pero sin exigir mayores requisitos que los consignados por la misma ley para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al efecto, se debe puntualizar que es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante el Juez de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, relacionados con la salud del interno que amerite atención inmediata, es ineludible que opere la suspensión de oficio y con carácter inmediato a la queja que plante una persona sujeta a internamiento; ello pone de manifiesto que será obligación de esa persona agotar dicho procedimiento. De todo lo anterior se sigue que, el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento; y por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Así las cosas, es dable señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión de las autoridades señaladas como responsables en actuar respecto de la solicitud de brindarle asistencia médica. Sin embargo, no agotó previamente el recurso o procedimiento previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado, pues a través de ese procedimiento es posible lograr que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto a su petición, que debe ser atendida como urgente por las autoridades penitenciarias, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le preste asistencia médica, el interesado debe agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así el quejoso, es que se actualiza la citada causal de improcedencia. Comprobadas que fueron las hipótesis que dan lugar a la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede a exponer que en el presente juicio no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, para lo cual se procede a la transcripción del precepto que nos ocupa en lo conducente, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". Pues bien, como se observa del artículo apenas señalado, las excepciones al principio de definitividad, consisten en: 1. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 2. Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. En ese orden quien aquí resuelve, considera primero, que de acuerdo al contenido de esta sentencia constitucional, es evidente que el procedimiento administrativo que se plantea como la vía idónea, por virtud del cual pueden ser revocados, modificados, o nulificados los hechos, el acto o la omisión respecto de las condiciones de internamiento del aquí quejoso, se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, para la Federación así como para todas las Entidades Federativas, la cual además garantiza que las personas privadas de la libertad, ejerzan sus derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, y demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución de Penal. Ahora bien, con relación a la excepción al principio de definitividad indicado en el punto dos, relativo al supuesto en que se aleguen violaciones directas a la Constitución, hace procedente el juicio de amparo sin agotar los procedimientos, recursos o medios de defensa ordinarios que la ley señale (en el caso los previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal); sin embargo, debe decirse que dicho supuesto de excepción opera sin lugar a dudas en aquellos casos en que únicamente se planteen ese tipo de violaciones, pero no para el caso en que se aleguen tanto contravenciones directas como indirectas al mismo tiempo, como en el caso que nos ocupa, en el que se reclama ********************(lo cual no pone en riesgo la vida del quejoso); y de atención o padecimientos que no ponen en peligro la vida de los quejosos, regulado en los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Dicho de otra forma, tal excepción está reservada para el caso de que el quejoso sólo pueda atacar adecuadamente el acto reclamado (positivo o negativo) ante el órgano de control constitucional, en razón que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación (circunstancia que en el caso concreto no sucede como a la postre se evidenciara). Lo anterior no ocurre así, si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatoria de derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta el acto combatido, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la actuación u omisión reclamada, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad mencionado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 224309, originada en el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 520, Materia Común, del rubro siguiente: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION, CUANDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS.". En efecto, si en la demanda de amparo se plantean violaciones directas e indirectas al Pacto Federal, no opera la salvedad a la aplicación de dicho principio; sin embargo, debe decirse que si bien en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte, entre otras cosas, que el quejoso de manera general reclama de las autoridades responsables la falta de cumplimiento al derecho a la salud consagrado en el artículo 4 Constitucional, lo cierto es que dicha trasgresión la hace derivar de la deficiente atención médica consiste en que necesita ********************Otorrinolaringología, es decir, reclama de las autoridades responsables tanto una falta como deficiente prestación de los servicios de salud proporcionado, esto es, aspectos relacionados con las condiciones de su internamiento, reguladas por los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; de tal forma que además de violaciones directas a la Carta Magna, también se reclaman violaciones indirectas, lo que de suyo no configura la excepción al principio de definitividad que previene la Ley de Amparo. Pues de las constancias allegadas al sumario se advierte que sí ha recibido atención médica. Bajo esa línea argumentativa, válidamente puede concluirse también que la deficiente atención médica, que reclama el quejoso, son violaciones indirectas a sus peticiones de atención médica especializada realizadas al personal del centro penitenciario, lo que genera consecuentemente, que la petición planteada deba resolverla la autoridad ordinaria por inobservancia a leyes secundarias (Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo anterior es así, pues conforme al análisis desarrollado de la Ley Nacional de Ejecución Penal en párrafos precedentes, se advierte que dicha legislación, tiene como objetivo, entre otras cosas, la tutela de todos aquellos medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias; parámetros observados, desde luego, para las personas privadas de la libertad ya sea en prisión preventiva, o bien, por virtud de la compurgación de una sentencia condenatoria, esto es, todos los aspectos relativos a las condiciones de internamiento, como lo es la atención médica requerida durante la estancia de dichas personas en los centros penitenciarios. Se cita como apoyo, en lo conducente la tesis de jurisprudencia XX. J/1, Registro: 205283, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, materia común, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." Asimismo, a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia, con número de registro IUS 237480, localizable en la página 119 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Sin que lo que aquí se resuelve implique desatender la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, que exige a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internaciones de la materia, por dos razones fundamentales. La primera razón, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo improcedente. Sostiene el argumento la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, con número de registro 2005717, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 487, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Cierto, lo relativo a que los gobernados tengan acceso a la justicia, no significa que deban resolverse todos los asuntos sin atender sus requisitos o presupuestos de procedencia, puesto que el respeto a dicho derecho fundamental, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre a los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además, de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, aunado a que dichos requisitos de procedibilidad son indispensables y obligatorios para tanto para prosecución como para el respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. A más, la obligación de salvaguardar el derecho a la salud de las personas internas, así como la figura de la suplencia de la queja; no implican soslayar las reglas de procedencia de la acción constitucional, toda vez que el hecho de que el orden jurídico interno prevea criterios de admisibilidad de los recursos judiciales, es decir, requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a la salud, sobre todo porque como vimos, en el particular no sólo se exponen violaciones directas a la Constitución. Esto se entiende, si se pondera que por razones de seguridad jurídica, así como en aras de lograr una correcta y funcional administración de justicia y una protección efectiva de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de modo, que si bien éstos deben estar disponibles para el interesado a fin de que se resuelva efectiva y fundadamente el asunto planteado, debe acotarse que no siempre, y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, pues para ello deben previamente satisfacerse los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Estimar lo contrario, traería como resultado el total quebrantamiento de las reglas que rigen el juicio de amparo, pues convenir con la pretensión de la parte disconforme, implicaría llegar al extremo de analizar de fondo el asunto, soslayando que no satisfizo uno de los presupuestos de procedencia del juicio constitucional (definitividad), lo que precisamente impide el estudio de fondo del asunto. Sustenta el argumento, la jurisprudencia 1a./J./22/2014, con número de registro 2005917, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia Constitucional, Décima Época, del rubro del tenor literal siguiente "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por otra parte, tampoco se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, se trata de una supuesta omisión, negativa o deficiencia de las autoridades responsables de no atender de forma apropiada a las condiciones de salud del quejoso, de acuerdo al cuadro clínico que dice presentar, que no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, ya que aun cuando deriva de un asunto de naturaleza penal, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Menos aún, se observa que el acto que por esta vía se combate consista en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso (o auto de formal prisión), una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se percibe, que en el acto impugnado por que el quejoso, le asista el carácter de persona extraña al procedimiento del que deriva, y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los artículos 107 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisando, además que el hecho de que con el acto que se pretendió reclamar a la autoridad, pudiera afectarse algún derecho sustantivo del quejoso, ello no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que como ya se vio, no se surte ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar la falta de atención médica (omisión) reclamada, la cual no se califica, es menester que el quejoso lo impugne a través del medio de defensa ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no es óbice a lo determinado, el hecho de que la omisión reclamada, sea catalogada como de imposible reparación; pues como se expuso, ello no implica per se (por sí) una excepción al principio de definitividad, ya que éste refiere únicamente al alcance de los recursos establecidos en la legislación ordinaria, no así a la naturaleza del acto reclamado. Al respecto, es orientadora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro IUS 319898, consultable en la página mil ochocientos treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, Quinta Época, del rubro siguiente "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL.". Así como la diversa tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro IUS 286468, consultable en la página cuatrocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Quinta Época, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS" De igual forma, cobra aplicación al presente caso, la tesis 1a./J.113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce en su rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". En otro orden, es de destacar los beneficios que se contienen en la Ley Nacional de Ejecución Penal a favor de las personas privadas de su libertad, ello básicamente, por que a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como son los siguientes: Que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor. Que se otorga la legitimación a los familiares de las personas privadas de la libertad para formular las peticiones ante la autoridad en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que el acceso a la tramitación del procedimiento administrativo, al encontrarse con la Ley de Amparo, sólo precisa sin mayor formalidad que la escrita. Que el procedimiento administrativo es más expedito. Que se prevé la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación. En consecuencia, al no haberse observado el principio de definitividad previsto por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano la demanda de amparo que promueve ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018548, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 230 del libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo peticiona el quejoso, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este Órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Michele Franco González, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria Lilia Azucena Archundia Oscos, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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