Eleazar López Ortiz

Expediente 621/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
621/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Eleazar López Ortiz y Otros.
  • Eleazar López Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades señaladas como responsables con residencia en la Ciudad de México, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por cuanto que se sobreseyó en el juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulnera a las demás partes sus derechos en el juicio de origen, con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a las demás partes el transcurso del término indicado. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación Mérida en el Estado de Yucatán, solicitando acusar de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 621/2018-V promovido por Eleazar López Ortiz por conducto de su defensor público federal Rogelio Gerardo Góngora García contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, recibido el día veintinueve del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este juzgado, Eleazar López Ortiz solicitó por conducto de su defensor público federal Rogelio Gerardo Góngora García, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se relacionan: "A. Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. B. Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión. C. Al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. D. Al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. E. Al Director del Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previa aclaración, el quejoso mediante escrito presentado ante este juzgado el treinta y uno de mayo del presente año, precisó que no señalaba como autoridad responsable al Director del Diario Oficial de la Federación, al no atribuirle vicios propios al acto de publicación de las normas impugnadas que reclamó originalmente a dicha autoridad; sin embargo, señaló como nuevas autoridades responsables a las siguientes: A. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación en Mérida, Yucatán. B. Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, los cuales rindieron en su oportunidad, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento en este asunto y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede. Tercero. Autoridad inexistente. Por acuerdo de diez de agosto del año en curso, se dejó de tener como autoridad responsable en este juicio a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, ante la inexistencia de dicha autoridad y se suspendió toda comunicación con la misma. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra actos y normas generales cuya aplicación tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: a) La inconstitucionalidad del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. b) Como primer acto de aplicación (inaplicación) del numeral antes señalado, el ejercicio de la acción penal realizado mediante consignación con detenido de la carpeta de investigación FED/YUC/PROG/270/2018 instruida en contra del directo quejoso, sin haber proveído la solicitud de libertad realizada con base en dicho precepto por el defensor público federal de este último. c) La inconstitucionalidad del artículo 477 de la Ley General de Salud, contenido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y otras leyes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve. d) Como primer acto de aplicación del artículo mencionado en el inciso que antecede, se reclama el auto de vinculación a proceso decretado en contra del directo quejoso, en autos de la causa penal 30/2018, el diez de mayo del presente año, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de marihuana o cannabis sativa índica, a que se refiere el artículo 477 de la Ley General de salud (auto que el promovente refiere no se reclama por vicios propios, sino sólo por la mera aplicación de la norma que se señala como inconstitucional). Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en funciones de jueza de control, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación en Mérida, Yucatán, la Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Procurador General de la República, en representación a su vez del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir sus correspondientes informes justificados admitieron los actos que se les reclaman, cada una dentro del ámbito de sus competencias. Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, negó los actos reclamados de la Mesa Directiva de dicha Cámara; sin embargo, de las manifestaciones vertidas en su informe y de lo expuesto por las diversas autoridades señaladas como responsables, se advierte la certeza de los actos reclamados a la Cámara en mención; de ahí que deban tenerse por ciertos los actos que se le atribuyen. Certeza que dicho sea de paso, es implícita a los actos relacionados con el proceso legislativo de las normas generales impugnadas, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, a consideración del suscrito juzgador, respecto al acto de aplicación (o inaplicación) del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales reclamado, consistente en que la autoridad ministerial señalada como responsable haya ejercido acción penal mediante consignación con detenido de la carpeta de investigación FED/YUC/PROG/270/2018 instruida en contra del directo quejoso, sin haber proveído la solicitud de libertad realizada con base en dicho precepto por el defensor público federal de este último, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en mérito de las razones que se exponen a continuación: Los artículos que contemplan la causal de improcedencia antes mencionados, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Se afirma que respecto al acto reclamado antes precisado se surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77 de la propia ley, interpretado en sentido contrario, toda vez que aun y cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales del directo quejoso, al haber ejercido la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación en Mérida, Yucatán, acción penal en su contra, sin haber acordado lo conducente respecto a la solicitud de libertad planteada por su defensor público federal con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, que se concediera el amparo al directo quejoso por dicho acto, lo cierto es que no se podría restituir al impetrante en el goce de los derechos que aduce le fueron vulnerados con tal omisión. Se considera lo anterior de esa manera, ya que desde el momento en que la agente del Ministerio Público responsable ejerció acción penal en contra del aquí directo quejoso y lo puso a disposición de la Jueza de Distrito en funciones de Jueza de control, a fin de que ésta llevara a cabo la audiencia inicial de control de la detención, cambió la situación jurídica de dicho indiciado, pues éste quedó a disposición de la Juez mencionada en cuanto a su libertad personal para la continuación de su proceso, lo que evidentemente trae aparejado un impedimento a la agente del Ministerio Público señalada como responsable para pronunciarse respecto de la solicitud de libertad formulada; y, que de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera. En efecto, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado sujeto a estudio, los efectos del amparo que se concediera en su contra, sólo podrían ser en el sentido de que se dejara sin efecto el ejercicio de la acción penal, la puesta a disposición realizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación en Mérida, Yucatán ante la Jueza de control, e incluso todo lo actuado en el procedimiento penal instruido en su contra, retrotrayendo todo a la fase de integración de la carpeta de investigación que se encontraba vigente al formularse la solicitud aludida, a fin de que dicha fiscal federal acordara la petición realizada por el defensor público federal del indiciado agraviado, en cuanto a que se decrete la libertad de éste con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Situación que evidentemente ya no es posible dado el cambio de situación jurídica acontecido en la carpeta de investigación de origen y del estado procesal en que se encuentra la causa penal integrada en contra del indiciado con motivo del ejercicio de la acción penal formulado en su contra (suspendida al haberse aprobado la salida alternativa de suspensión condicional). Por lo tanto, resulta imposible otorgarle al directo agraviado la protección constitucional solicitada respecto del mencionado acto, al no poderse concretar los efectos del amparo, pues ello traería como consecuencia una afectación a su situación jurídica actual, lo que lejos de generarle un beneficio, le ocasionaría un perjuicio mayor y de imposible reparación en sus derechos humanos. En consecuencia, se estima que respecto del señalado acto de aplicación o inaplicación reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, de la propia Ley, interpretado en sentido contrario. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". Ahora bien, en cuanto al diverso acto de aplicación, relativo al artículo 477 de la Ley General de Salud, consistente en el auto de vinculación a proceso decretado en contra del directo quejoso, en autos de la causa penal 30/2018, el diez de mayo del presente año, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de marihuana o cannabis sativa índica, a que se refiere el artículo 477 de la Ley General de Salud, a juicio del que esto resuelve, se actualiza la diversa causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". La hipótesis legal invocada se surte cuando la parte quejosa expresa manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con el acto reclamado. En el caso, de las constancias y registros de audio y video en formato DVD (disco versátil digital) remitidos por la Jueza responsable, relativas a la causa penal 30/2018, se desprende que en audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Eleazar López Ortiz, por su probable intervención en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple del narcótico denominado cannabis sativa L., comúnmente conocida como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 477, primer párrafo, en relación con los numerales 235, 237 y 479, todos de la Ley General de Salud. Empero, dicha determinación (auto de vinculación a proceso) fue consentida por el directo quejoso al decidir concluir el proceso penal, a través de la salida alternativa de suspensión condicional. En efecto, de las propias constancias y registros remitidos por la Jueza de Distrito responsable, se advierte que en audiencia oral y pública celebrada el propio diez de mayo del año en curso, se suspendió el procedimiento, al haber autorizado la suspensión condicional del proceso en favor del quejoso (foja 56). Determinación que se corroboró con las videograbaciones remitidas por la citada responsable, pues consta que efectivamente el diez de mayo del año en curso, se celebró una audiencia en la que el referido imputado se sometió a varias de las condiciones previstas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, durante el término de seis meses. También se aprecia que la suspensión condicional fue aprobada en sus términos por la Juez de Control, quien suspendió el trámite del proceso como solución alterna del procedimiento, la cual adquirió firmeza en esa misma fecha, en virtud de que las partes asistentes a la audiencia renunciaron al plazo de tres días con que contaban para inconformarse con el sentido de dicha medida. En tal virtud, a criterio de este órgano jurisdiccional, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de la suspensión condicional, entraña el consentimiento del acto reclamado bajo estudio, pues implica la voluntad del imputado de optar por una solución alterna a la continuación del proceso que precisamente se les instruía por virtud del auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado, lo que hace que ya no pueda haber un sistema represivo respecto de un acto que ocurrió antes de someterse a dicho mecanismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016 destacó que la reforma constitucional del artículo 17 constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general, a través de la creación de nuevos caminos de solución de todos aquellos conflictos que podrían encontrar mejor solución mediante mecanismos alternativos, caracterizados porque las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas y no un tercero que en el juicio es el Estado. De manera que, concluyó la Sala, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren como punto de partida el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Dicha contradicción de tesis dio origen a la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En ese contexto, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, no es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estadio procedimental del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que el referido medio alternativo constituye una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entraña a la vez el consentimiento del imputado respecto del auto de vinculación a proceso reclamado; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto del auto referido como acto de aplicación. Consecuentemente, al haberse actualizado las causales de improcedencia en comento respecto de los mencionados actos de aplicación, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por cuanto a los mismos, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Así las cosas, al haberse al haberse demostrado la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos de aplicación de los artículos 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 477 de la Ley General de Salud reclamados por el quejoso, debe también sobreseerse el presente asunto respecto de la inconstitucionalidad de los mencionados preceptos atribuidos a todas las autoridades señaladas como responsables, de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, en relación con lo establecido en las diversas fracciones XIII y XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el estudio de dichas normas no puede desvincularse de su verdadero acto de aplicación, ya que éste es precisamente el que causa perjuicio al particular, y no el ordenamiento general por sí sólo, considerado en abstracto, acorde con lo que establece la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así como la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Y la tesis de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto y los conceptos de violación planteados por la quejosa, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eleazar López Ortiz por conducto de su defensor público federal Rogelio Gerardo Góngora García, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Héctor Óscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 5.AP/V.3/3072/2018 suscrito por el Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que el oficio 14645/2018 de dos de agosto del presente año, que fue dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridad señalada como responsable, se remita al Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparos, por suplencia del Procurador General de la República, en representación del señalado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien fue quien rindió el informe justificado solicitado en el juicio de amparo 621/2018. En virtud de lo anterior, al no haber impedimento legal alguno, remítase el mencionado oficio 14645/2018 de dos de agosto del año en curso, a la autoridad que se solicita, para los fines legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta minutos del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 621/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, constancias de notificación y emplazamientos realizadas a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y a las autoridades responsables en los presentes autos. Asimismo, doy cuenta el alegato ministerial 556/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto, el cual quedo registrado con el número de promoción 16282. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como con las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación Mérida en el Estado de Yucatán, relativas a la carpeta de investigación FED/YUC/MER/00000270/2018, que adjuntó a su informe justificado; asimismo, con las diversas constancias remitidas por la Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en funciones de Jueza de Control, adjuntas a su informe justificado y un disco versátil digital (DVD) remitido por esta última autoridad, que contiene los archivos informáticos con la videograbación de las audiencias de formulación de imputación y medidas cautelares, de vinculación a proceso y de suspensión condicional del proceso, celebradas en autos de la causa penal 30/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta de que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, formuló el alegato ministerial 556/2018, con el que solicitó se niegue el amparo y protección de la justicia federal, por lo que el Juez acuerda que se tenga por formulado el pedimento de mérito; con lo anterior se cierra el periodo señalado. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. El Juez El Secretario Lic. René Rubio Escobar Lic. Héctor Oscar Sánchez Ojeda.

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