Eleazar López Hernández

Expediente 1162/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1162/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Eleazar López Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, como el promovente del amparo RUTILO POPOCATL MARAVILLA, en su carácter de apoderado de ELEAZAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO CARRILLO BRETÓN y JOSÉ GERMÁN JOEL LUNA COTE, no recurrió el proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    *** Vista la demanda presentada por Rutilo Popotal Maravilla en su carácter de apoderado legal de promovente ELEAZAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO CARRILLO BRETÓN y JOSÉ GERMÁN JOEL LUNA COTE, en contra del acto que reclama del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1162/2017. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es MANIFIESTA E INDUDABLE Y POR ENDE NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Efectivamente, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo y resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, en la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de los actores aquí quejosos Eleazar López Hernández, Marco Antonio Carrillo Bretón y José Germán Joel Luna Cote; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo. Dichos artículos son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo y resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, en la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de los actores aquí quejosos Eleazar López Hernández, Marco Antonio Carrillo Bretón y José Germán Joel Luna Cote. Dicho acto reclamado, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando la solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es el acuerdo y resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, en la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de los actores aquí quejosos Eleazar López Hernández, Marco Antonio Carrillo Bretón y José Germán Joel Luna Cote; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Efectivamente, el acto reclamado no se puede catalogar como de imposible reparación, pues la reposición del procedimiento, aun cuando implique la insubsistencia de todo lo actuado, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la actora. Efectivamente, el acto reclamado, por su propia naturaleza, sólo tiene una repercusión formal en los derechos adjetivos o procesales de la parte quejosa, que pueden quedar reparados o no dejar huella alguna en su esfera jurídica sí, por cualquier motivo, obtiene sentencia favorable. Lo anterior, porque con entera independencia de las consecuencias que de suyo traiga la reposición del procedimiento, lo cierto es que ese acto no es de imposible reparación, pues las ventajas procesales que en su caso había obtenido la peticionaria, y que ahora puedan variar, quedarían resarcidas si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio, beneficia a la parte quejosa; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violación procesal en el juicio de amparo directo, la determinación de que ahora se duele. En esas condiciones, el solo hecho de que la reposición del procedimiento implique la insubsistencia de lo actuado no hace que el acto reclamado se considere de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia sujeta a estudio; consecuentemente, lo procedente será, como ya se dijo, DESECHAR LA DEMADNA DE AMPARO; lo anterior, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. También tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Se tiene por señalado el domicilio que indica para oí y recibir notificaciones y por autorizada a la persona que menciona para recibirlas. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada en tres de octubre de dos mil diecisiete, ante la Secretaria licenciada Raquel Rebeca Zertuche Zertuche, que autoriza.- Doy fe.

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