Eleazar Hernández Hernández

Expediente 46/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
46/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Octava Sala en Materia Familiar del Honorobla Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
  • Eleazar Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, respecto a la demanda de amparo promovida por Eleazar Hernández Hernández; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Eleazar Hernández Hernández, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por proveído de diecisiete de enero del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó, contra actos de la Octava Sala en Materia Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: Ahora bien, del estudio integral que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 2075/2018, del índice de la Octava Sala en Materia Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual modificó la sentencia definitiva de siete de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del expediente 415/2015-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 47 de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, el órgano jurisdiccional declarará carecer de competencia para conocer sobre la demanda de amparo y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Por otro lado, el diverso numeral 170, fracción I, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. De ahí que, considerando que del escrito de demanda de amparo y su aclaración, se desprende que el acto reclamado lo constituye la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 2075/2018, del índice de la Octava Sala en Materia Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual modificó la sentencia definitiva de siete de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del expediente 415/2015-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz; por tanto, es de estimarse que dicha sentencia es de aquellas a que se refiere la fracción primera del artículo 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que con la misma se decidió el juicio en lo principal. En ese tenor, el acto reclamado debe analizarse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como por los numerales 47 y 170 de la precitada ley, y no ante un Juzgado de Distrito, al no encuadrar dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 23/92 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho". Consecuentemente, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo, 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, para los efectos legales correspondientes, debiéndose formar cuaderno de antecedentes y solicitar a la superioridad el acuse de estilo respectivo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eleazar Hernández Hernández, contra actos del Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 46/2019. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del gobernado indicar de manera completa y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 108, fracción V, de la Ley de la Materia. Ahora, el promovente señala como acto reclamado la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual modifica la sentencia de siete de agosto del mismo año, emitida en el expediente 415/2015-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz. En ese tenor, al narrar los acontecimientos que dieron origen al acto reclamado, indicó que el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el citado juicio se emitió una sentencia que fijó una pensión alimenticia de 20% de su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, resolución que fue apelada por Gabriela García López, -parte actora en el juicio natural-; sin embargo, no indicó si lo que se resolvió fue la controversia de fondo fijándose una pensión alimenticia definitiva, o bien, si se resolvió la pensión alimenticia provisional; aspecto que genera incertidumbre en el suscrito respecto a la naturaleza del acto reclamado. Por tanto, tomando en consideración que es obligación del impetrante de amparo indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado, y a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requerir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, exhiba un escrito aclaratorio al que deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes, en el que deberá cumplimentar lo siguiente: PRIMERO. Deberá indicar si la sentencia de siete de agosto de dos mil dieciocho, resolvió en definitiva el expediente 415/2015-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, o se fijó una pensión alimenticia provisional. SEGUNDO. Deberá indicar si el recurso de apelación radicado bajo el número de toca 2075/2018, del índice de la autoridad responsable, fue interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida en el juicio natural o en contra de la pensión alimenticia provisional fijada. TERCERO. Deberá indicar la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate. Tiene aplicación al caso en concreto la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Cuarto del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décimo Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." APERCIBIMIENTO. En ese tenor, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Moisés Vazquez García, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 164179, y con las restricciones que impone el segundo párrafo del citado artículo a Blanca Isela Gómez Martínez, Gerardo Nolasco Mendo, Osbaldo Jiménez Pérez y Sara Ticante Hernández, pues en el referido sistema no aparece registro alguno a su nombre, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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