Eleazar García Simental
Expediente 713/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2021
Partes del expediente
- Eleazar García Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
.- Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
.- Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la razón de veintidós de abril del presente año, mediante la cual la actuaria de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar al quejoso ****, debido a que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, específicamente en el Área de Juzgados y al requerir la presencia del quejoso de mérito, a efecto de notificarle de manera personal el proveído de esa misma data y en cumplimiento a éste, el diverso de veintinueve de octubre de dos mil veinte, emitidos por este Juzgado de Distrito dentro del presente juicio de amparo; siendo informada por personal adscrito al área jurídica, que éste, fue externado el trece de noviembre de dos mil veinte, por obtener sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 5/2020, del índice del. Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, notifíquese por lista la determinación de veintidós de abril del año en curso y en cumplimiento a éste, el diverso de veintinueve de octubre de dos mil veinte, este proveído y los subsecuentes. Notifíquese. En cumplimiento al auto que antecede, se notifica a la parte quejosa, por medio de lista, los proveídos de veintinueve de octubre de dos mil veinte y veintidós de abril de la anualidad que transcurre, que en síntesis dicen: Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la diligencia de notificación realizada el veintitrés del mes y año en curso, al quejoso ***, de la que se advierte que desahogó el requerimiento inserto en auto de trece de octubre del año en curso. Ahora bien de la demanda de amparo, se advierte que reclama los actos siguientes: "1. Restricción de tránsito a los límites de mi estancia las 24 horas del día; 2. No se me permite al suscrito quejoso asistir a las actividades de Ludoterapia, Dibujo, Literatura, Biblioteca y Educación Física. 3. No se permite al quejoso a las actividades de Área Educativa; 4. No se me permite asistir al área de comedor a ingerir alimentos; 5. No se me permite asistir al área de patio; De las autoridades EJECUTORAS se reclama el cumplimiento que le están dando a los actos ordenados por parte de las autoridades ORDENADORAS" . En atención a lo anterior, de los actos reclamados en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo... Sin que se soslaye que el quejoso únicamente refiera que el correctivo disciplinario, no deriva de un procedimiento administrativo, en tanto que no obstante ello, puede acudir ante el juez de Control o de Ejecución a combatir lo cuestionado. En ese sentido, los actos que el quejoso reclama en su escrito inicial de demanda, obedecen a aquéllos que deben ser atendidos por el director del centro de su reclusión y en su defecto, de no ser atendidos éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; la demanda promovida por el quejoso ****, resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de dieciséis de octubre último, se reservó acordar lo relativo a las manifestaciones que realizó el quejoso en el acta de catorce de octubre del año en curso, en la cual refirió: "amplio la demanda para denunciar al supdirecTor del penal pablo ****por amenasas i golpes y des pojo de mis lentes el cual no beo sin ellos por parte delos oficiales y se le de parTeal minisTerio publico porque esToy todo golpeado y solisiTo una inpension ocular asia mi persona lomas pronTo posible ademas me segrego el día 10 de es Temes sin esTar sansionado y temo represalias por parTe del direcTor y supdirecTor del penal por unas denuncias que le meTi a eyos" (sic). Ahora bien, en virtud de que la demanda que dio origen al presente juicio se desechó y dados que los actos reclamados por los que se pretende ampliar la demanda, no guardan estrecha relación con los impugnados en la demanda inicial, remítase copia autorizada de la diligencia de notificación de referencia y del presente auto, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, para que provea lo que en derecho proceda. . Notifíquese personalmente. Toluca, Estado de México; veintidós de abril de dos mil veintiuno. .. Por otra parte, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, no ha sido notificada a la parte quejosa; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que notifique el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa. **** Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión, así como el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como lo dispuesto en el punto 16 del numeral II de la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se señala que a partir del dieciocho de febrero del año en curso se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la reanudación del presente juicio de amparo. Lo anterior, sin que sea el caso notificar personalmente a las partes dicha reanudación, ya que los acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares en las que se decretó la suspensión de actividades, las prórrogas de la misma, así como la reanudación de labores constituyen hechos notorios. Por otra parte, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, no ha sido notificada a la parte quejosa; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que notifique el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la designación del licenciado José Fernando García Quiroz, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión, así como el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte.
- Principal
.- En cumplimiento al auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se notifica al quejos por medio de lista el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que dice: Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de notificación realizada el veintitrés del mes y año en curso, al quejoso Eleazar García Simental, de la que se advierte que desahogó el requerimiento inserto en auto de trece de octubre del año en curso. Desechamiento. Ahora bien de la demanda de amparo, se advierte que reclama los actos siguientes: "1. Restricción de tránsito a los límites de mi estancia las 24 horas del día; 2. No se me permite al suscrito quejoso asistir a las actividades de Ludoterapia, Dibujo, Literatura, Biblioteca y Educación Física. 3. No se permite al quejoso a las actividades de Área Educativa; 4. No se me permite asistir al área de comedor a ingerir alimentos; 5. No se me permite asistir al área de patio; De las autoridades EJECUTORAS se reclama el cumplimiento que le están dando a los actos ordenados por parte de las autoridades ORDENADORAS" Una vez precisado lo anterior, es conveniente indicar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a lo anterior, de los actos reclamados en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. En ese orden de ideas y atendiendo a las manifestaciones que hizo valer el quejoso en mención, en la diligencia de notificación de que se trata, se advierte que no se encuentra en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren comprometidas, por lo que a partir de un juicio valorativo, en el que se ponderan sus argumentos, los actos reclamados se fijan únicamente en la restricción al tránsito en su estancia, asistir a diversas actividades del área educativa, asistir a comedor y al área de patio, toda vez que las condiciones en que se encuentra en el lugar donde actualmente está recluido, no son equiparables a actos de tortura o a un trato cruel e inhumano, por lo que esta vía constitucional no es la idónea para atenderlos, toda vez que los mismos obedecen a las condiciones propias de su internamiento; de ahí que deba desecharse la demanda de amparo, respecto de dichos actos, por los razonamientos que se expondrán. En efecto, conforme al criterio contenido en la tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.", se establece que se está frente a un caso de tortura cuando la naturaleza del acto consiste en afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente; y, con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Sin embargo, cuando los actos que se reclamen no tengan los alcances antes precisados, sino que son meramente necesidades que la persona privada de su libertad, estima, deben serle otorgadas, mediará el procedimiento administrativo, mismo que está encaminado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros. Dicha petición, se elevará ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. En el caso, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el juez de ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de control y ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, por lo que los internos están legitimados para promover ante ellos, las afectaciones relacionas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la parte quejosa, previo a promover demanda de amparo, debió en términos de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, solicitar por escrito la suspensión de la segregación y ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo lo requerido, podría acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces podrá ocurrir ante el juicio de amparo. El razonamiento expuesto también encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Registro: 2018548, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Sin que se soslaye que el quejoso únicamente refiera que el correctivo disciplinario, no deriva de un procedimiento administrativo, en tanto que no obstante ello, puede acudir ante el juez de Control o de Ejecución a combatir lo cuestionado. En ese sentido, los actos que el quejoso reclama en su escrito inicial de demanda, obedecen a aquéllos que deben ser atendidos por el director del centro de su reclusión y en su defecto, de no ser atendidos éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; la demanda promovida por el quejoso Eleazar García Simental, resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de dieciséis de octubre último, se reservó acordar lo relativo a las manifestaciones que realizó el quejoso en el acta de catorce de octubre del año en curso, en la cual refirió: "amplio la demanda para denunciar al supdirecTor del penal pablo eduardo calsada Casaña por amenasas i golpes y des pojo de mis lentes el cual no beo sin ellos por parte delos oficiales y se le de parTeal minisTerio publico porque esToy todo golpeado y solisiTo una inpension ocular asia mi persona lomas pronTo posible ademas me segrego el día 10 de es Temes sin esTar sansionado y temo represalias por parTe del direcTor y supdirecTor del penal por unas denuncias que le meTi a eyos" (sic). Ahora bien, en virtud de que la demanda que dio origen al presente juicio se desechó y dados que los actos reclamados por los que se pretende ampliar la demanda, no guardan estrecha relación con los impugnados en la demanda inicial, remítase copia autorizada de la diligencia de notificación de referencia y del presente auto, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, para que provea lo que en derecho proceda. Lo anterior, conforme al criterio contenido en la tesis P./J. 7/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2022181, titulada: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Samuel Sánchez Sánchez, Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Tricia Joelly Zuriaga Estrada, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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