Eleazar García Jiménez
Expediente 112/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eleazar García Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el diez de abril de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 201/2017 signado por el Juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y remite copia certificada de la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete; asimismo, informa el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil 604/2011, refiriendo que con fecha catorce de marzo del presente año, se tuvo a Fernando López Martínez, promoviendo incidente de liquidación de intereses, siendo éste el último acuerdo dictado en dicho juicio. Ahora, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este Juzgado advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia.De la lectura integral de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio de demanda se advierten como actos reclamados los siguientes: 1. La orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, dictada en el expediente mercantil 604/2011, de treinta de noviembre de dos mil once. 2. La ejecución material de dicho acto de pago, embargo y emplazamiento; en el que se trabó formal embargo un bien inmueble propiedad del quejoso, realizada el siete de diciembre de dos mil once. 3. Auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, por el cual, el juez responsable señaló fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda; misma que fue desahogada el ocho de agosto de dos mil dieciséis. 4. Resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró aprobado y fincado el remate a favor de Fernando López Martínez, y fincado a su favor el remate de bien inmueble embargado consistente en un lote de terreno con construcción, ubicado en el poniente del Centro de Matías Romero, Oaxaca, sobre la calle Amado, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide quince metros, y colinda con calle Amado Nervo; al Sur mide quince metros y colinda con terreno baldío y barranco; al oriente mide cuarenta y cinco metros y colinda con Emilio Cristóbal García; al poniente mide cuarenta y cinco metros, colinda con Cirilo Ortiz, por la cantidad de un millón setenta y siete mil ciento veinte pesos, cero centavos moneda nacional. Respecto de los actos reclamados identificados con los números 1 a 3, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen, en relación con el 17 de la ley de la materia. La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por el quejoso Eleazar García Jiménez, contra los actos reclamados señalados en su demanda de amparo consistentes en: La orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, dictada en el expediente mercantil 604/2011, de treinta de noviembre de dos mil once; la ejecución material de dicho acto de pago, embargo y emplazamiento; en el que se trabó formal embargo un bien inmueble propiedad del quejoso, realizada el siete de diciembre de dos mil once y el auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, por el cual, el juez responsable señaló fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda; misma que fue desahogada el ocho de agosto de dos mil dieciséis; resultan improcedentes en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que el quejoso manifestó tener conocimiento de la existencia de dichos actos reclamados. En efecto, de la demanda se advierte que el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que desde el treinta de noviembre de dos mil -once, se emitió la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, dictada en el expediente mercantil 604/2011,y que su ejecución material se realizó el siete de diciembre de dos mil once, así como que el auto de por el cual se señaló fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda, fue emitida desde el cinco de julio de dos mil dieciséis; luego entonces, los dos primeros actos reclamados tuvo conocimiento de ellos, desde el día en que se llevó a cabo la diligencia (siete de diciembre de dos mil once), tal como lo expresó en su escrito aclaratorio de demanda (foja 18); y por cuanto hace al tercer acto reclamado tuvo conocimiento del mismo el ocho de agosto de dos mil dieciséis; cuando se enteró de la existencia de los actos reclamados, sin que desde esa data, haya seguido un juicio para defenderse y manifestar lo que a su interés convenga. En ese tenor, al existir confesión expresa del quejoso, respecto de la fecha en que se ostentó sabedor de la existencia de los actos reclamados, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, puesto que ha transcurrido en exceso el plazo de los quince días para la interposición del juicio de amparo, pues la emisión de los dos primeros actos reclamados, orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, dictada en el expediente mercantil 604/2011, de treinta de noviembre de dos mil once y su respectiva ejecución material fueron emitidos en el año dos mil once, es decir, hace más de cinco años de la fecha de la presentación de la demanda. Asimismo, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, por el cual, el juez responsable señaló fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda; también es extemporánea, toda vez que el mismo fue emitido el ocho de agosto de dos mil dieciséis; y por tanto el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del diez al treinta de agosto de dos mil dieciséis, descontando los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto pasado, por ser sábados y domingos, considerados como inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la parte quejosa no solicitó dentro del término legal la acción del juicio de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado y las consecuencias que de él derivan, máxime que el acto que reclama no afecta su libertad personal. Luego entonces, el plazo para promover la demanda de amparo, debió ser al día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados, identificados con los números 1,2, y 3, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Eleazar García Jiménez, contra actos del Juez Civil de Matías Romero, Oaxaca y otra autoridad. Por otra parte, respecto del restante acto reclamado identificado con el número 4, consistente en la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró aprobado y fincado el remate a favor de Fernando López Martínez, y fincado a su favor el remate de bien inmueble embargado consistente en un lote de terreno con construcción, ubicado en el poniente del Centro de Matías Romero, Oaxaca, sobre la calle Amado, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide quince metros, y colinda con calle Amado Nervo; al Sur mide quince metros y colinda con terreno baldío y barranco; al oriente mide cuarenta y cinco metros y colinda con Emilio Cristóbal García; al poniente mide cuarenta y cinco metros, colinda con Cirilo Ortiz, por la cantidad de un millón setenta y siete mil ciento veinte pesos, cero centavos moneda nacional, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa la quejosa. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte que el tres de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 604/2011, de donde derivan los actos reclamados, se dictó resolución de adjudicación de remate de primera almoneda, dentro del citado juicio, en el primer resolutivo se declaró aprobado y fincado el remate respecto del bien inmueble que la parte quejosa defiende en este juicio de amparo. De lo anterior, se tiene que es evidente que el sumario de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, y los actos reclamados están vinculados con el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 604/2011, del Juzgado Civil de Matías Romero Avendaño; puesto que aun cuando haya sido aprobado el remate de bienes embargados o hipotecados, se advierte que no se han otorgado las escrituras públicas del bien inmueble rematado, así como tampoco se ha realizado le entrega de la posesión de dicho bien; de modo que, será hasta que se decreten éstas últimas determinaciones cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resultará hasta entonces procedente la acción constitucional para impugnarla. Ello es así, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta lo constituye la orden de otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión del inmueble rematado, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate; y toda vez que aún no se ha dictado las ordenes referidas, es decir, ni una ni la otra, esto es, que ordena la escrituración y/o entrega del bien inmueble materia de la litis; consecuentemente, resulta que lo que por esta vía combate no constituye la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento, y hasta que eso suceda será cuando los afectados podrán, previa apelación, hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, la cual a su vez puede ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto; de modo que al no existir resolución que ordene la escrituración y/o la entrega del inmueble materia de la litis en definitiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107, del ordenamiento en cita. En ese tenor, la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 604/2011, no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que como última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento; por tanto, los actos reclamados, no pueden ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto, puesto que de él todavía pueden derivar diversos actos, como por lo es el incidente de liquidación de intereses promovido por Fernando López Martínez, en auto de catorce del presente mes, tal como lo informó en el oficio de cuenta el Juez Civil de Matías Romero, Oaxaca; la escritura pública del bien rematado y la orden de posesión del aludido bien inmueble. Los criterios jurisprudenciales son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Cabe mencionar que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de revisión 330/2015, determinó que cuando no se trate de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, la orden y su ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, sólo puede ser reclamada conjuntamente con la última resolución que se dicte en el referido procedimiento de ejecución, que precisamente es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Además, consideró que no se actualiza la excepción de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por no tratarse de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afectan de manera inmediata a derechos sustantivos, y sólo se actualiza cuando estos derivan del procedimiento de ejecución, pero no son consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende combatir. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano, la demanda de que se trata, por cuanto hace al restante acto reclamado consistente en la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró aprobado y fincado el remate a favor de Fernando López Martínez, y fincado a su favor el remate de bien inmueble embargado consistente en un lote de terreno con construcción, ubicado en el poniente del Centro de Matías Romero, Oaxaca, sobre la calle Amado, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide quince metros y colinda con ca Amado Nervo; al Sur mide quince metros y colinda con terreno tdío y barranco; al oriente mide cuarenta y cinco metros y colinda con Emilio Cristóbal García; al poniente mide cuarenta y cinco metros, colinda con Cid() Ortiz, por la cantidad de un millón setenta y siete mil cíento veinte pesos, cero centavos moneda nacional. Sin que el sentido del presente auto, implique denegar justicia o generar inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 201/2017, suscrito por el Juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de veintinueve de marzo del año en curso (foja 21), dice remitir copia certificada de la resolución dictada el tres de febrero de dos mil diecisiete en el juicio ejecutivo mercantil 604/2011; en atención a lo anterior, una vez que se reciba en este Juzgado el oficio y constancia indicada por la vía postal ordinaria, acuérdese lo procedente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes el escrito del quejoso Eleazar García Jiménez, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis del presente mes, formula diversas manifestaciones. Ahora, atento a las manifestaciones vertidas por el impetrante ,se advierte que tiene el carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 604/2011, del índice del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca; en ese tenor, a fin de estar en aptitud de tener mayores elementos para emitir el acuerdo correspondiente a la admisión o no de la demanda de amparo; requiérase al Juez Civil de Matías Romero, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, informe el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil 604/2011; asimismo, remita copia certificada íntegra y legible de la resolución dictada el tres de febrero de dos mil diecisiete. Hágase uso de la vía fax, para la emisión del oficio respectivo, solicitando al juez civil requerido, cumpla con el requerimiento formulado por esa misma vía.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes
- Efraín Ruiz Martínez179/2016
- Efren Morales Puga y Otros.404/2016
- Efren Ricardez Cardenas260/2023
- Efrén Santos Cuellar489/2020
- Elda Gopar Ayala y Otros.142/2019
- Elda Gopar Ayala617/2022
- Eleazar García Tejeda282/2017
- Eleazar Gerónimo Mendoza303/2019
- Eleazar Mendoza González747/2022
- Eleazar Rodriguez Espinoza288/2020
- Eleazar Santiago Cruz394/2016
- Elena Guadalupe Cabrera Zetina458/2020