Eleazar Carmona Cruz

Expediente 229/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
229/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Eleazar Carmona Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que acusa recibo del oficio número 2523 e informa que ese Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Eleazar Carmona Cruz, del cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo y; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración o destrucción, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Por otra parte, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. IA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda promovida por Eleazar Carmona Cruz, contra actos de las autoridades responsables Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Juquila, Oaxaca, que hace consistir en: el auto de formal prisión emitido en mi contra mediante resolución de fecha 2 de mayo del presente año y notificado de del mismo mes y año. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 229/2016. NO SE DECRETA SUSPENSIÓN DE OFICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y DE PLANO. En el caso no ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues si bien la quejosa invoca como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo cierto es que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ello debido que como lo confiesa el propio peticionario del amparo, actualmente indica se lleva un proceso penal en su contra. COMPETENCIA. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, por las razones que enseguida se precisan. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción del referido artículo, se aprecia que para determinarse la competencia de un Juez de Distrito debe tenerse en cuenta: a) el lugar donde debe tener ejecución el acto reclamado; b) el lugar en el que se trata de ejecutar; c) el lugar donde se está ejecutando; y, d) el lugar donde ya se ejecutó. De lo anterior, se advierte que la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, se surte en favor de determinado Juez de Distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, pues cuando no existen aún actos tendientes a lograr ésta, cobra aplicación la primera hipótesis, cuando apenas existe la prevención de llevar a cabo la ejecución del acto, opera la segunda, y así, las subsecuentes, en un orden sucesivo que el legislador establece. Cabe señalar que de esas cuatro hipótesis, solamente la primera atiende en forma estricta al lugar en que "debe" ser ejecutado el acto reclamado, pues las restantes admiten salvedades, al dar competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción sobre el lugar donde se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, a pesar de que debiera ser ejecutado en otro sitio y no en esa jurisdicción. En tales condiciones, toda vez que las autoridades responsables señaladas, tienen su residencia oficial en Juquila, Oaxaca, las que pertenecen a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, atento a lo previsto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Se invoca en apoyo a lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Libro III, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro IUS 160608, cuyo rubro y letra dice "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO". En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo-norma que fija los criterios de competencia los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución en material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efecto, ahora bien, cuando el quejoso está recluido en jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye se causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también es lo que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique, la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezcan el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad de proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 36 y 52, ambos en su párrafo primero de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; debiéndosele remitir la demanda de garantías y sus anexos; solicítese a la autoridad Federal acuse el recibo correspondiente e informe si aceptó o no la competencia planteada. Déjese copia certificada de la demanda de mérito en substitución de la original. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes relativo, así como realizarse las anotaciones respectivas. Notifíquese. IA

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