Elder Marín Orellana Mejía
Expediente 1111/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración Adscrito A la Oficina de Representación En Chihuahua Y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez
- Elder Marín Orellana Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinte de junio de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Félix Santillanes Cruz, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario (firma electrónica) Lic. Félix Santillanes Cruz.
- Principal
El catorce de febrero de dos mil veintitrés, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, da cuenta al licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos del juicio de amparo ********************-III-A; lo anterior a fin de que tenga a bien determinar lo conducente. Conste.CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y, en atención a que el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio y anexos de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que el cinco de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy fe. LJpb*
- Principal
Vista la notificación personal de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, tomando en cuenta que por auto que antecede de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en la localidad, rindiendo su correspondiente informe con justificación, y exhibiendo como prueba documental de su parte, la que anexa al mismo, en el que destaca que el quejoso ********************, se sometió al procedimiento administrativo para obtener el retorno asistido. Pero que no se encuentra incomunicado, ni padeciendo ni malos tratos, ni en vías de deportación, sino en alojamiento provisional decretado por esa autoridad administrativa. Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en la localidad, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente se decretó el alojamiento temporal del extranjero ahora quejoso en la Estación Migratoria de esta Ciudad, y se le inició procedimiento administrativo para verificar su legal estancia en el País. Sin embargo, el impetrante del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Migración, se acogió al retorno asistido a su País de origen. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, el alojamiento temporal del aquí quejoso en la Estación Migratoria de esta Ciudad, reclamada a las autoridades responsables existía, también lo es que, al resolver el retorno asistido a su País de origen y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Migración, se acogió al retorno asistido a su País de origen, por lo que, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que las autoridades migratorias acreditaron que el quejoso se sometió al procedimiento administrativo, esto es, se acogió al retorno asistido a su País de origen, con lo cual produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del alojamiento temporal reclamado, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque las autoridades migratorias resolvieron favorablemente la solicitud de la parte quejosa donde, con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Migración, se tuvo al quejoso acogiéndose al retorno asistido a su País de origen, lo que trae como consecuencia que a ello se debe el alojamiento temporal en la estación migratoria y no a los actos reclamados en la demanda de amparo, sin que ello implique que tales actos dejan huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Resulta aplicable la tesis con registro electrónico 165870, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo IX, junio de 1999, Materia Común, 1 Consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se había señalado a las diez horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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