Elda Renteria Islas
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elda Renteria Islas
- Juez Segundo del Ramo Civil y Familiar del Distrito de Azueta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del proveído dictado el diecinueve de noviembre del año en curso, en el juicio laboral 346/2016 y su acumulado 1326/2016 de su índice, del que se advierte que señaló las diez horas con treinta minutos del dos de diciembre próximo, para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, con cargo a Martín Parral Avelino, quedando a su cargo, la presentación de dicho ateste. Atento a lo anterior, téngase a la citada autoridad, informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de una sentencia de amparo es de orden público, por lo que es de obligada observancia para este juzgador velar porque ello ocurra, por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS HÁBILES contadas a partir de la fecha programada OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, con cargo a Martín Parral Avelino, remita copia certificada del resultado de dicha diligencia. Apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio2. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso FEDERICO LUIS WECK PALAZUELOS, en contra de la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada por este juzgado federal, habiéndose registrado como amparo en revisión administrativa número 206/2021; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto; acorde al estado procesal que guardan los presentes autos, y nuevamente el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, en el caso sometido a consideración, quien esto juzga, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. (.)" Para fijar el alcance de la causa de improcedencia que en el caso particular se actualiza conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual impera, en caso de concluirse que la referida conducta es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, Tomo CIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." En ese sentido, como se dijo, respecto del acto reclamado, se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, al momento de rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas constancias, entre ellas, el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 260/2020-1, relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Información Testimonial), promovido por la aquí quejosa ELDA RENTERÍA ISLAS, del cual se advierte que con el objeto de dictar una resolución conforme a derecho, regularizó el procedimiento a fin de allegarse de mayores elementos probatorios en términos de lo dispuesto en el artículo 522, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado; y por ende, dejó sin efecto la citación de cinco de abril de dos mil veintiuno para oír resolución, como enseguida se evidencia: Entonces, si el acto que por esta vía se reclama lo constituye la inactividad procesal de la responsable, materializada en la omisión de dictar resolución el expediente 260/2020-1, relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Información Testimonial), es patente que no puede surtir efecto material o jurídico alguno, pues si bien en el mundo fáctico subsiste, lo cierto es que al haberse dejado insubsistente la citación para oír resolución, dejó de existir el objeto o la materia de la omisión aquí reclamada; por tanto, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia analizada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Cabe señalar que el hecho de que no se haya resuelto este asunto en audiencia constitucional, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que resultaría innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a. /J/. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado y, en su apoyo, remite el duplicado del expediente número 260/2020-I de su índice, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovido por ************s; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia; con el mismo y con las constancias de que se trata, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Notifíquese.
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