Elda Ramírez Macias

Expediente 878/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
878/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Elda Ramírez Macias

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de conformidad al capítulo quinto del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    agréguense a los autos para los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, Bajo apercibimiento Por otra parte, ténganse por recibidos el oficio y el escrito enviados por el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, así como por el autorizado de la parte quejosa, respectivamente; así, atento en el oficio y escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y tercero transitorio, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Congreso del Estado de Jalisco, así como al Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de dicho Congreso, Por otra parte, tal como lo solicita el autorizado de la impetrante de garantías, requiérase dichas autoridades a fin de que informe el estado procesal de todos y cada uno de los procesos a que hace mención en su escrito, para lo cual se les remite copia del mismo. . Finalmente, téngase por recibido el oficio registrado bajo el número --, mismo que signa la Actuario Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el incidente de inejecución de sentencia, mismo que fue registrado bajo el número 7/2020; en consecuencia, con fundamento en los artículos 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la suscriptora del oficio de mérito, informando lo antes expuesto.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de veinte, en los términos indicados en dicho acuerdo. Ahora bien, se tiene por recibido el oficio número 5345/2020, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 1413/2019-V, promovido por ---, por su propio derecho, contra actos de la Tercera Junta Especial de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y otras autoridades, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitida en el recurso de revisión principal 195/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida; en consecuencia: --- SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1413/2019-V, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por -- en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de la sentencia recurrida y sexta de esta resolución; en consecuencia, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales procedentes y acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destruible, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  4. Principal

    Visto el escrito que suscribe --, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de septiembre pasado; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngase por cumplido el aludido requerimiento. En virtud de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Elda Ramírez Macías, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 8º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debe decirse que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo, no debe realizarse en forma aislada, sino por el contrario, que ello debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de los mismos, así como la situación jurídica que guarda la parte impetrante con respecto a tales actos; y una vez hecho lo anterior, poder determinar válidamente en su caso tanto la competencia del Órgano de Control Constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de garantías. Ahora bien, es de señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el caso lo que procede es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, ésta en relación con el diverso 217 todos de la Ley de Amparo, Para demostrarlo, en principio se destaca que en el caso, la quejosa señala como acto reclamado en esencia, la omisión genérica de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el expediente 848/2017-B del índice de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien la responsable tiene la obligación de ejecutar las sentencias que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica de la autoridad responsable para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio natural, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad responsable para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio de origen, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la responsable, si como en el caso, de la lectura de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, se advierte que ya se emitió laudo, y no ha concretado la ejecución del mismo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de sentencias, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa no es una fase que la autoridad responsable pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa. En ese contexto, como en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado de forma genérica la omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir lo ordenado en la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio natural, en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, ésta en relación con el diverso 217 todos de la Ley de Amparo, concatenados con la jurisprudencia que se aplica por analogía, de rubro: pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Sin que pase inadvertido para este juzgado de Distrito, el hecho de que en su escrito aclaratorio la parte quejosa hubiese señalado que mediante ocurso de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, del cual inclusive exhibe copia digitalizada, solicitó ante la responsable la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, ello solamente evidencia que al momento de presentarse la demanda de amparo que dio origen al presente sumario (trece de agosto de dos mil veinte), no se había elevado la solicitud de mérito ante la referida autoridad; sin que por otro lado, la amparista hubiese acreditado alguna petición de ejecución de laudo diversa, siendo que, por otra parte, es su obligación instar la ejecución del mismo cuantas veces sea necesario, en términos de la jurisprudencia previamente citada. Finalmente, por lo que ve a la solicitud del ocursante en el sentido de que se le autorice la consulta del expediente electrónico, por medio del usuario "JoseCruzVerjan"; toda vez que el aludido usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se autoriza la referida consulta; asimismo, se autoriza la práctica de notificaciones personales a la parte quejosa, por esa misma vía (electrónica), por así haberlo solicitado; lo anterior, en términos de lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de Amparo.

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