Elda María Ganzo Patiñez

Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Elda María Ganzo Patiñez

Actuaciones

  1. Principal

    IV-Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual trascribe el contenido del auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, y del que se advierte que acusa recibo de los autos originales el sumario en que se actúa. Situación de la que este Juzgado se da por enterado y se está en espera de que dicho Tribunal provea lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    IV-Cumple prevención Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito aclaratorio firmado por Elda María Ganzo Patiñez, por su propio derecho, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en autos. Incompetencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente por razón de la vía, para conocer de la presente demanda de amparo; en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; así como del numeral 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, del artículo 170, fracción I, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, independientemente de que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, así como por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados, debiendo agotar previamente los recursos ordinarios que prevea la ley de la materia, como aconteció en el caso, o bien, que la propia ley permita su renuncia. Ahora, de los citados artículos 47 y 170 de la ley de la materia, se obtiene lo que debe entenderse por sentencia definitiva, y cuándo una resolución pone fin al juicio. Así, se está en presencia de una sentencia definitiva cuando: Resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; Los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, Se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la sentencia de primera instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como sentencia definitiva. Además, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Amparo, es jurídicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio. Por su parte el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, establece tres supuestos en los que ante un órgano jurisdiccional es presentada una demanda de amparo, de la cual, por razón de competencia debe conocer un órgano diverso, hipótesis en las cuales, el órgano jurisdiccional se declarará incompetente y remitirá la demanda al tribunal o juzgado que considere competente. Entendida la competencia como la idoneidad atribuida por la ley a un órgano jurisdiccional para resolver los asuntos llevados a su conocimiento. En el caso, el quejoso en su escrito de demanda, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora y ejecutora: 1.- Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial De Chetumal, Quintana Roo, con domicilio en Avenida Independencia 2, Esquina Boulevard Bahía, col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. IV.-ACTOS RECLAMADOS DE AMBAS RESPONSABLES: De la autoridad señalada como responsable reclamo: La indebida fundamentación y falta de motivación del auto de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente número 265/2022 del índice de la responsable que ordena archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido". En acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, se le previno para efectos que señalara con precisión cual es el motivo de la remisión al archivo del expediente de origen del índice del juez Mercantil responsable. Prevención que se tuvo por cumplida en esta fecha, en el que se desprende de su escrito aclaratorio que bajo protesta de decir verdad, manifestó que el doce de mayo de dos mil veintidós, el juez inadmitió la demanda y ordenó el archivo del juicio mercantil de origen, toda vez que no le corresponde la jurisdicción a esa autoridad por razón de territorio. En consecuencia, no se actualiza alguno de los supuestos que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo indirecto, en los términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues al tratarse el auto en el cual se decretó el archivo del juicio mercantil como asunto total y definitivamente concluido, se estima que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido definitivamente; de ahí que conforme al artículo 107, fracción V, inciso b), de nuestra Carta Magna, no existe obstáculo para que un Tribunal Colegiado de Circuito, pueda conocer del acto que se pretende impugnar en esta vía. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2008791, Pleno, Instancia Pleno, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 17, Abril de 2015, página 95, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 30/90, Octava Época. Registro: 207118. Instancia: Tercera Sala. Visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Materia: Civil. Tesis: Página: 188, de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Remisión de los autos Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por razón de la vía, para resolver el juicio de amparo 442/2022-IV-A, promovido por Elda María Ganzo Patiñez, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial De Chetumal, Quintana Roo, por lo que con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47, y 170, de la Ley de Amparo, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien remitirla al Tribunal Colegiado, en turno. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    IV-Registro de demanda Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Elda María Ganzo Patiñez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyen al Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintan Roo. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 442/2022-IV-A. Prevención De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte promovente del amparo, es el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 265/2022 del índice de la responsable que ordena archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que no hay precisión en cuanto algunos datos, como son el hecho de que no establezca cuáles son las prestaciones exigidas en su escrito inicial de demanda ejecutiva mercantil; no hay precisión de cuál fue el motivo porque se ordenó el archivo del expediente 265/2022 aunado a que en sus conceptos de violación introduce aspectos relacionados con la competencia derivada de lo establecido en la literalidad del documento base de la acción; aspectos los anteriores que constituyen una ambigüedad en su escrito de demanda, que debe ser subsanada por el promovente a efecto de que este juzgado cuenta con elementos necesarios y suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Se dice lo anterior, en virtud de que la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, impone a la parte peticionaria del amparo la obligación de precisar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del término de cinco días legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: Establezca cuáles son las prestaciones y cantidades reclamadas en su escrito inicial de demanda que dio origen al expediente 265/2022; Señale con precisión cual es el motivo de la remisión al archivo del expediente 265/2022, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintan Roo; Exhiba dos copias más de su demanda de amparo, en virtud de que únicamente presentó dos copias, cuando debió de adjuntar al original cuatro copias, para ser distribuidas entre las partes como sigue: una para la autoridad que señaló como responsable; una para dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; dos más para formar el incidente de suspensión que peticiona. Hágase saber a la parte quejosa, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos que en su caso exhiba, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma; en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento a los requerimientos efectuados marcados con los incisos a) y b) dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo y con respecto al inciso c) se postergará la apertura del incidente de suspensión solicitado hasta en tanto se exhiba las copias requeridas; esto es así, toda vez que la falta de dichas copias no constituye obstáculo para tramitar el juicio de amparo en lo principal, ya que con las copias presentadas con su escrito inicial, podrá emplazarse a la autoridad responsable y al representante social de la Federación adscrito. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Martha Gabriela Rojo Castillo, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y en términos restringidos del precepto legal antes invocado a licenciado José Enrique Balam Alonzo, hasta en tanto acredite su registro de su cédula en el citado sistema; asimismo únicamente para recibir toda clase de notificaciones, documentos y copias a las diversas personas que señala en su ocurso, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Expediente electrónico y comunicaciones no procesales Además, en atención a la solicitud formulada por la parte promovente, en el sentido de que se autorice al usuario "garojo", la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y tomando en consideración lo informado en la certificación de cuenta, debe decirse que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "garojo", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Asimismo, señala un número telefónico, para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de lazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Autorización de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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