Elda Lorena Solís Gómez

Expediente 1472/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1472/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Elda Lorena Solís Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1472/2019-VI-B, promovido por *****, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Elda Lorena Solís Gómez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de que se trata, la cual quedó registrada con el número 1472/2019-VI-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se reservó ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición de los informes justificados con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que el acto reclamado resulta ser cierto, a pesar de la negativa expresada en los informes de ley, como más adelante se precisará; y en el caso, se emplazó a los demandados en el juicio de origen, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por las responsables cuando se considera cierta la existencia del acto, ya que se enmendó la omisión reclamada. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, junto con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de emplazar al juicio 589/2018, a Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y a Ricardo Zertuche Flores. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama; sin embargo, con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que se desvirtúa la negativa inicialmente decretada y se tienen como ciertos los actos para los efectos legales conducentes. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama sustancialmente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, la omisión de emplazar al juicio 589/2018, a Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y a Ricardo Zertuche Flores. Sin embargo, de las constancias que anexó la Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de noviembre de dos mil diecinueve, el actuario de su adscripción realizó el emplazamiento de los demandados al juicio de origen. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio constitucional, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante Elda Lorena Solís Gómez la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que el Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, realizaran el debido emplazamiento de los demandados en el juicio laboral 589/2018, lo cual ya aconteció durante la sustanciación del presente juicio. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que la quejosa en su escrito de demanda, en su petitorio tercero (foja 4), manifestó su anuencia a la publicación de sus datos personales, y que las demás partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste en ese sentido. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que, a excepción de la quejosa, las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción de la quejosa, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos: agréguese a este expediente el informe justificado rendido vía telegráfica por el Director General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la Fiscalía General de la República, correspondiente a la ampliación de la demanda realizada por la parte quejosa. Al efecto, se reserva acordar lo correspondiente en cuanto a su contenido, toda vez que por acuerdo de veintisiete de septiembre del año que transcurre, se suspendió en lo principal el procedimiento en el presente juicio de amparo y se dejó sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de ley, con motivo del recurso de queja interpuesto por la Coordinadora Fiscal y de Amparo del Instituto de Administración de Bienes y Activos, con sede en la Ciudad de México, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de agosto del año actual. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad y anexo que acompaña la primera. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dense vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó de emplazar a los terceros interesados + + , hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, de donde pudiera advertirse si los mismos habían sido emplazados en autos del juicio de origen, lo que ya ocurrió. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado Federal, para que se constituya en los domicilios señalados por la parte quejosa en su escrito de demanda, y previamente cerciorado de ser el domicilio donde habitan o reciben las notificaciones los nombrados terceros interesados, proceda a darles intervención en el presente juicio, entregándoles copia autorizada del presente acuerdo, del auto inicial de veintitrés de octubre del año en curso, y copia simple de la demanda de amparo; finalmente, les haga saber que pueden apersonarse a este juicio con el aludido carácter si así conviniere a sus intereses. Notifíquese, haciéndolo personalmente a los terceros interesados y cúmplase. Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo se tiene a Elda Lorena Solís Gómez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, que hace consistir en: La omisión de emplazar al juicio + + , a + + Al respecto, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 1472/2019-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Sin que obste a ello, que al final del escrito de demanda la quejosa haya ofrecido como prueba el informe previo de las responsables, ya que no solicitó se tramite el incidente de suspensión, aunado a que, de estimarlo conveniente, podrá hacerlo bajo los términos que señala el artículo 130 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Por otro lado, en cuanto a la parte tercero interesada que señala la parte quejosa, esto es, Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y Ricardo Zertuche Flores, tomando en consideración las manifestaciones plasmadas en el escrito de demanda, en el sentido de que la Junta responsable difirió la audiencia trifásica por considerar que el actuario de su adscripción no las emplazó debidamente al juicio natural; por lo que no se tiene la certeza, por ahora, de que lo anterior haya acontecido posteriormente; resérvese ordenar lo relativo en este juicio de amparo, hasta que obren en autos los informes de las responsables, de los que se adviertan mayores datos al respecto. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de copia simple de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la Materia, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados a las personas que menciona en su escrito de mérito, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada su calidad de parte actora en el juicio de origen. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones consistente en las constancias relativas a este expediente y al juicio natural, que habrá de remitir la Junta responsable en apoyo a su informe justificado, así como la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegare a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que está anuente y de acuerdo a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. No obstante, se hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De acuerdo con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad y anexo que acompaña la primera. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dense vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó de emplazar a los terceros interesados Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y Ricardo Zertuche Flores, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, de donde pudiera advertirse si los mismos habían sido emplazados en autos del juicio de origen, lo que ya ocurrió. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado Federal, para que se constituya en los domicilios señalados por la parte quejosa en su escrito de demanda, y previamente cerciorado de ser el domicilio donde habitan o reciben las notificaciones los nombrados terceros interesados, proceda a darles intervención en el presente juicio, entregándoles copia autorizada del presente acuerdo, del auto inicial de veintitrés de octubre del año en curso, y copia simple de la demanda de amparo; finalmente, les haga saber que pueden apersonarse a este juicio con el aludido carácter si así conviniere a sus intereses. Notifíquese, haciéndolo personalmente a los terceros interesados y cúmplase. Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo se tiene a Elda Lorena Solís Gómez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, que hace consistir en: La omisión de emplazar al juicio 589/2018, a Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y a Ricardo Zertuche Flores. Al respecto, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 1472/2019-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Sin que obste a ello, que al final del escrito de demanda la quejosa haya ofrecido como prueba el informe previo de las responsables, ya que no solicitó se tramite el incidente de suspensión, aunado a que, de estimarlo conveniente, podrá hacerlo bajo los términos que señala el artículo 130 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Por otro lado, en cuanto a la parte tercero interesada que señala la parte quejosa, esto es, Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Administración Interactiva Zero SCP, Roberto Zertuche Ávila y Ricardo Zertuche Flores, tomando en consideración las manifestaciones plasmadas en el escrito de demanda, en el sentido de que la Junta responsable difirió la audiencia trifásica por considerar que el actuario de su adscripción no las emplazó debidamente al juicio natural; por lo que no se tiene la certeza, por ahora, de que lo anterior haya acontecido posteriormente; resérvese ordenar lo relativo en este juicio de amparo, hasta que obren en autos los informes de las responsables, de los que se adviertan mayores datos al respecto. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de copia simple de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la Materia, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados a las personas que menciona en su escrito de mérito, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada su calidad de parte actora en el juicio de origen. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones consistente en las constancias relativas a este expediente y al juicio natural, que habrá de remitir la Junta responsable en apoyo a su informe justificado, así como la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegare a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que está anuente y de acuerdo a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. No obstante, se hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De acuerdo con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y cúmplase.

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