Elda Jimena Vázquez Saavedra y Otros.

Expediente 1205/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1205/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Elda Jimena Vázquez Saavedra y Otros.
  • Elda Jimena Vázquez Saavedra

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1205/2022. Consideración preliminar. En principio es necesario establecer que de la demanda de amparo se advierte que quienes aparecen como inconformes Elda Jimena Vázquez Saavedra, Alfredo Epifanio López Juárez, Eladio Cruz Martínez, Teresa Morales Morales, Gisela Elizabeth Santiago Montero, Teresa Pérez, Cristián Aburto Aburto, Lidia Martínez Vásquez y Filiberta Vásquez reclaman del Presidente Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, las omisiones de dar respuestas a las peticiones que formularon a través de sus escritos presentados el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y de notificar las contestaciones respectivas. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda, debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda, se dicta la determinación siguiente: Se desecha de plano la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada a nombre de Elda Jimena Vázquez Saavedra, Alfredo Epifanio López Juárez, Eladio Cruz Martínez, Teresa Morales Morales, Gisela Elizabeth Santiago Montero, Teresa Pérez, Cristián Aburto Aburto, Lidia Martínez Vásquez y Filiberta Vásquez, porque en relación con las omisiones de dar respuestas a las peticiones que formularon a través de sus escritos presentados el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y de notificar las contestaciones respectivas atribuidas al Presidente Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia, los cuales señalan: Constitución General de la República "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El segmento normativo transcrito en segundo orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo. Del resto de los dispositivos insertos se despende, en lo que interesa, que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual se traduce en que este medio extraordinario de defensa sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que en su consideración transgrede sus derechos fundamentales reconocidos por el Pacto Federal, o bien, por los instrumentos normativos de fuente internacional. El principio de "instancia de parte agraviada" que rige en el juicio de amparo implica que sólo la parte quejosa directamente afectada por algún acto es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, dado que el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular de la prerrogativa fundamental vulnerada puede ejercerla. La Ley de Amparo regula la legitimación para acudir a promover el juicio constitucional, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el ordinal 5, fracción I, del ordenamiento que rige a este medio procesal de tutela constitucional, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, el último de los preceptos insertos dispone que el quejoso podrá ejercer la acción constitucional por sí, por su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Lo anterior pone de relieve que los dispositivos 107, fracción I, de la Carta Magna y 6 de la Ley de Amparo prevén el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, porque de su contenido se advierte que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverlo la persona que con el acto, la omisión o la norma general reclamada haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus bienes jurídicos que la Carta Magna o los instrumentos normativos de fuente internacional tutelan mediante los derechos fundamentales. Es decir, sólo puede promover el juicio de amparo la persona que con el acto impugnado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades, posesiones o derechos, y esa promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo. Así, en atención al principio de instancia de parte agraviada el juicio de amparo sólo puede iniciarse cuando el gobernado lo solicita, es decir, cuando la persona que se considera afectada por un acto de autoridad pide o insta a los Tribunales de amparo para que intervengan en su protección, puesto que el juicio de protección de derechos fundamentales es un medio de control constitucional jurisdiccional que se ejerce por vía de acción, de tal manera que las autoridades jurisdiccionales encargadas de conocer de él no pueden actuar oficiosamente sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, aun cuando tengan conocimiento de la existencia de una violación de derechos humanos en perjuicio de una persona determinada. Además, otro aspecto a considerar en relación con dicho principio consiste en que el impulso procesal necesario para provocar la actuación del órgano de control constitucional no es simple, sino calificado, porque es indispensable que la parte agraviada, es decir, la persona que ha sufrido un perjuicio en su esfera jurídica sea quien ejerza la acción de amparo, ya sea por sí o a través de su representante, de su apoderado o de cualquier persona en los casos en que la ley lo autoriza, cuando el afectado se encuentre imposibilitado para hacerlo en forma personal. En esa línea puede afirmarse que el principio de instancia de parte agraviada implica que el juicio de amparo no procede de manera oficiosa, sino exclusivamente a iniciativa del gobernado que se estima afectado por un acto de autoridad, por lo que no existen excepciones a tal principio al ser de aplicación absoluta, ya que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia los Tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden de oficio conceder al gobernado la protección de la Justicia Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la norma constitucional inserta en los párrafos anteriores. Por otra parte, es necesario traer a contexto el contenido del numeral 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." Del tramo normativo transcrito se obtienen las premisas siguientes: Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. Se entiende por subscripción la colocación al pie del escrito de las palabras que con respecto al destino del mismo sean idóneas para identificar a la persona que rúbrica. La subscripción hace fe plena de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en el instrumento, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción. La firma autógrafa puesta con puño y letra en un documento privado permite identificar a su autor. La firma autógrafa es el signo mediante el cual las personas manifiestan su voluntad en los actos que realizan en forma escrita, por lo que no puede considerarse externada la voluntad de alguna persona si no obra en dicho ocurso la rúbrica original, lo cual implica que se desconoce quién es el autor del instrumento. Con base en el marco referencial anterior, es factible sostener que en la especie los solicitantes de la protección constitucional no observaron el principio de instancia de parte agraviada al no externar su voluntad de acudir al juicio de amparo, dado que no calzaron sus firmas autógrafas en la demanda de amparo. En efecto, el escrito inicial carece de las rúbricas autógrafas de quienes aparecen como quejosos Elda Jimena Vázquez Saavedra, Alfredo Epifanio López Juárez, Eladio Cruz Martínez, Teresa Morales Morales, Gisela Elizabeth Santiago Montero, Teresa Pérez, Cristián Aburto Aburto, Lidia Martínez Vásquez y Filiberta Vásquez, puesto que solo se indican los nombres y los apellidos de los que se señalan como promoventes y enseguida se desprende lo que al parecer pudiera ser una copia fotostática simple de las firmas originales de los justiciables, pero esos datos no equivalen a las firmas autógrafas de los inconformes, porque esos signos gráficos debieron ser puestos con el puño y la letra de los promoventes para identificar a los autores de ese ocurso en términos de lo estatuido por el precepto 204 del código adjetivo civil federal invocado, lo cual no acontece en la especie. La omisión destacada adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta que de las copias fotostáticas simples de los libelos dirigidos al Presidente Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que se anexaron al escrito inicial también se advierte que en esos ocursos solo se indican los nombres y los apellidos de los que se señalan como promoventes y enseguida se detecta lo que al parecer pudiera ser una copia fotostática simple de las firmas originales de los quejosos, situación similar que acontece en la demanda de amparo, sin que esos instrumentos contengan las firmas autógrafas originales de quienes se indican como agraviados. En este punto, no debe perderse de vista que la subscripción hace fe plena de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él. En tal sentido, la ausencia de las firmas autógrafas originales de quienes aparecen como inconformes impide identificar a éstos como sus autores y esa circunstancia da pauta a sostener que en el libelo de cuenta quienes aparecen como promoventes no exteriorizaron su voluntad para ejercer la acción constitucional, por lo que se desatendió el principio de instancia de parte agraviada que rige a este medio extraordinario de defensa. No pasa inadvertido que en la boleta de turno y en la primera hoja de la demanda de amparo el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca al recibir dicho escrito asentó que sí tenía firma, pero esa situación no es vinculante para este órgano jurisdiccional, porque quienes laboran en la citada dependencia al establecer dicha anotación no tomaron en cuenta los aspectos jurídicos señalados en los párrafos anteriores ni evaluaron los elementos que aparecen en el escrito inicial; en ese contexto, es factible sostener que el libelo indicado carece de eficacia para evidenciar que se acató el mencionado principio rector en el juicio constitucional al no contener las firmas autógrafas originales de quienes se indican como quejosos; además, lo que se destaca de la actuación del personal de la citada Oficina de Correspondencia Común en relación con la forma en la que aparecen las rúbricas puestas en el escrito inicial se corrobora al asentar un sello con la leyenda siguiente: "PERSONAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE JUZGADOS DE DISTRITO EN ESTA POBLACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADO Y/O FACULTADO PARA DETERMINAR A SIMPLE VISTA SI LA FIRMA AUTÓGRAFA ESTAMPADA EN ESTE DOCUMENTO ES ORIGINAL O COPIA DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO SE DIFICULTA ADVERTIR TAL HECHO"; de ahí que es inconcuso la ausencia de rúbricas autógrafas originales en la demanda de amparo de los que se indican como titulares de la acción de amparo. Es así, porque la ausencia de firmas autógrafas originales en la demanda de amparo implica que no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca de la controversia constitucional, porque un escrito inicial cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin rúbrica original autógrafa es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de un sujeto determinado para presentarlo, por lo que esa deficiencia no puede ser corregida con motivo de una prevención, dado que no está asociada con alguna deficiencia, irregularidad u omisión establecida por el normativo 114 de la ley de la materia y tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso 108 del propio ordenamiento. En ese contexto, dada la falta de las firmas autógrafas originales en la demanda de amparo se concluye que las personas que aparecen en ella como promoventes en realidad no expresaron su voluntad de acudir al juicio de protección de los derechos fundamentales, esto es, no manifestaron su intención de ejercer la acción constitucional, a pesar de que los actos reclamados pudieran ser adversos y, por ende, afecten sus intereses jurídicos, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de instancia de parte agraviada que debe satisfacerse para promover el juicio de amparo, ya que ese principio rector de este medio extraordinario de defensa tiene que acatarse al constituir una exigencia regulada por los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo. Las consideraciones expuestas evidencian que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 de la propia legislación y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no observarse el principio rector de instancia de parte agraviada, lo que conduce a este Juzgado Federal a desechar de plano la demanda de amparo presentada a nombre de Elda Jimena Vázquez Saavedra, Alfredo Epifanio López Juárez, Eladio Cruz Martínez, Teresa Morales Morales, Gisela Elizabeth Santiago Montero, Teresa Pérez, Cristián Aburto Aburto, Lidia Martínez Vásquez y Filiberta Vásquez en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, consistentes en las omisiones de dar respuestas a las peticiones que formularon a través de sus escritos presentados el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y de notificar las contestaciones respectivas, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis VI.1o.151 K emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que informa: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." También respalda lo anterior, la tesis VI. 2o. 692 K sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Domicilio y autorizados de los promoventes. Se tiene como domicilio de los inconformes para recibir notificaciones el que indican en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque así lo solicitan expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En diverso aspecto, en cuanto a la petición de la parte quejosa, relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo ; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígasele que no es factible acceder a su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso ese dato servirá para establecer un contacto con esa parte en el supuesto de las comunicaciones no procesales, como se indica en los arábigos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia de los justiciables respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por los dispositivos 5 y 22 del Acuerdo General citado en primer orden se tiene a los promoventes proporcionando la cuenta de correo electrónico que señalan para establecer el contacto con él en los casos de las comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a quienes aparecen como quejosos Elda Jimena Vázquez Saavedra, Alfredo Epifanio López Juárez, Eladio Cruz Martínez, Teresa Morales Morales, Gisela Elizabeth Santiago Montero, Teresa Pérez, Cristián Aburto Aburto, Lidia Martínez Vásquez y Filiberta Vásquez en la demanda de amparo en el lugar precisado en el escrito inicial.

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