Elda Dinorah Solis
Expediente 1411/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Elda Dinorah Solis
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Conforme deriva de la certificación de cuenta; se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(VI)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.(VI)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa...Luego, si la parte quejosa se duele de la negativa por parte del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de inscribir el embargo trabado en autos del juicio laboral 2031/2013-2, ordenado por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje mediante oficio número 0978/2017-2 de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecisiete, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la tercería de preferencia de créditos que indica, mediante la interposición de un incidente; lo que implica que de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho las actuaciones materia del conflicto. Pues, sobre preferencia de créditos laborales, cuando los bienes son embargados con motivo de un juicio del que conoce la autoridad judicial u otra autoridad distinta de la laboral, la Junta debe prevenir a esa autoridad para hacer de su conocimiento que los bienes están afectos al pago preferente del crédito laboral sobre cualquier otro practicado proveniente de una autoridad distinta a la laboral, y que debe notificar al trabajador para que comparezca a deducir sus derechos antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón. Es aplicable por el tema tratado, la tesis I.3o.C.438 C, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Pag. 1068, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro electrónico 183868, con el rubro y texto siguiente: "CRÉDITOS DE TRABAJO. LA PREFERENCIA E IMPORTE LÍQUIDO CORRESPONDE DECLARARLO A LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCE DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA EL PATRÓN Y NO ES COMPETENCIA DE LA JUNTA LABORAL. De un análisis literal, armónico y sistemático de los artículos 2989 del Código Civil para el Distrito Federal, 113, 966, 979 y 980 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que una cuestión sobre preferencia de crédito laboral se ventilará ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en que se tramite el juicio en que el actor ejecutante sea parte y se puedan adjudicar o rematar los bienes embargados del patrón, pagándose en el orden sucesivo de los embargos si los mismos tienen naturaleza idéntica en género respecto de la fuente del crédito, como lo es una controversia laboral que culmina con un laudo condenatorio de pago al patrón demandado. Cuando los bienes son embargados con motivo de un juicio del que conoce la autoridad judicial u otra autoridad distinta de la laboral, la Junta debe prevenir a esa autoridad para hacer de su conocimiento que los bienes están afectos al pago preferente del crédito laboral sobre cualquier otro practicado proveniente de una autoridad distinta a la laboral, y que debe notificar al trabajador para que comparezca a deducir sus derechos antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón. Conforme a lo anterior, hay una clara delimitación de competencias que corresponden a la autoridad laboral y judicial sobre la resolución de cuestiones de preferencia de créditos laborales: I. Cuando existan dos o más embargos que guarden relación con un crédito de trabajo corresponde a la Junta decidir la cuestión de preferencia, teniendo en cuenta que se trata de créditos del mismo género y respetará el orden sucesivo de los embargos; esa cuestión se solicitará por la parte interesada señalando las autoridades ante las cuales se ventilan juicios en que se puedan adjudicar o rematar bienes del patrón acompañando las copias necesarias para correr traslado a las partes contendientes en los juicios de referencia; II. Cuando se trate de créditos fiscales adeudados al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda bastará con que se remita oficio por la autoridad laboral a esos organismos para que antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón se proceda conforme al artículo 979 de la Ley Federal del Trabajo; III. Cuando el embargo provenga de un conflicto sometido al conocimiento de la autoridad judicial, conocerá ésta de la cuestión de preferencia del crédito laboral y enajenará los bienes para cubrirlo. Por tanto, la autoridad judicial tiene competencia para establecer el importe de ese crédito laboral preferente en forma líquida sobre la base establecida por el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que ese crédito preferente debe comprender los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones que correspondan." De igual modo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Pag. 952, con registro electrónico 176797; que es del tenor literal siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción de la presente litis constitucional, la quejosa, al ser parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, está constreñido a agotar el aludido procedimiento ordinario de defensa (incidente de tercería de preferencia de créditos) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente.(VI)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Eladio Salazar Solís1615/2014
- Eladio Salazar Solís1843/2014
- Eladio Salazar Solís1419/2014
- Elba Elizabeth Ruiz Bustamante874/2022
- Elda Dinorah Solis50/2022
- Elda Dinorah Solis964/2015
- Elda Dinorah Solis2402/2015
- Elda María Rodríguez Jiménez1283/2019
- Elda Vianey Gallegos Pasillas847/2017
- Elder Alan González Santos1354/2014
- Elen Raquel Ruiz Alonso1782/2019
- Elena Emigdia Licona Cancino422/2023