Elda Dávila Mercado
Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Elda Dávila Mercado
Actuaciones
- Principal
Transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido; este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
I.- En cumplimiento al aviso de 19/07/2023 se notifica por lista a la quejosa el auto de 18/07/2023 que en síntesis dice: Vista la cuenta que antecede se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1147/2023-I. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el caso, se advierte se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, o en su caso, la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social, por las siguientes consideraciones:********************Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:****************************************"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS****************************************Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." ****************************************LEY DE AMPARO****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.****************************************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.****************************************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."****************************************El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.****************************************PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO.****************************************Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación.****************************************El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.****************************************Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación.****************************************Tal criterio se contiene en la jurisprudencia que se cita en seguida:********************"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."****************************************Cabe señalar que si bien la tesis antes citada parte de la interpretación de diversos artículos de la Ley de Amparo anterior a la vigente, ello no obsta para su aplicación en el caso, dado que el sistema normativo que rige en el ordenamiento vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se modificó y sigue operando en términos similares a los previstos en los preceptos legales que se invocan en el criterio transcrito.****************************************De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario:********************a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. ********************b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. ********************c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. ********************d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución.****************************************La quejosa reclama la falta de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************.****************************************Acto de autoridad administrativa****************************************El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. ****************************************Procedencia de un medio ordinario de defensa****************************************En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. ****************************************Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén lo siguiente: ********************"Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por:********************II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales;****************************************Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:********************(.)********************X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.;"****************************************De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. ****************************************En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. ****************************************De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas.****************************************Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario el quejoso se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario.****************************************Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México.****************************************Igualdad de requisitos para conceder la suspensión****************************************Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. ****************************************CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO********************LEY DE AMPARO****************************************Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte.********************Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda.********************En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto.********************Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento.********************Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.********************La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular.********************La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.****************************************Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía.********************La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor.********************Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor.****************************************Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************I. Que la solicite el quejoso; y********************II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.********************Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:********************I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;********************II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;********************III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ********************IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;********************V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;********************VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;********************VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ********************VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ********************IX. Se impida el pago de alimentos;********************X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;********************XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;********************XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;********************XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.********************Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.********************Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. ********************Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional."************************************************************Como puede apreciarse del cuadro comparativo que antecede, el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. ****************************************Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL."****************************************En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. ****************************************Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva.****************************************En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.****************************************Sirve de sustento a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."****************************************Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA."****************************************Excepciones al principio****************************************Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza.****************************************Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. ****************************************Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada.****************************************Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de epígrafe: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL."********************En esa virtud, si la promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. ********************Sirve de sustento a todo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro digital 177279, Novena Época, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."********************La diversa jurisprudencia con registro digital 2013742, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 1945, Décima Época, del rubro siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO."********************Igualmente, sirve de apoyo por su contenido, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro. "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO."********************Y la tesis aislada I.8o.A.7 A (10a.), con registro digital 2000668, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1963, de rubro siguiente: "SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚCLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELATIVO."****************************************PROCEDENCIA DE LA VIA LABORAL********************En efecto, la quejosa también se encontraba en aptitud de impugnar el incumplimiento al dictamen de pensión ********************, ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado.********************Bajo este contexto, es menester puntualizar que la Suprema Corte ha sostenido que las controversias relacionadas con preservar prestaciones o derechos de seguridad social, quedan enmarcadas en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que es competente para dirimir dicha cuestión, en primera instancia, el órgano en materia laboral que corresponda.********************Al respecto, resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 9/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL."********************Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien la solicitante de amparo cotizó en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y el derecho en cuestión consiste en el pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************, con motivo de la relación de trabajo que mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Federal de Conciliación.********************Lo anterior encuentra sustento, por las consideraciones jurídicas expuestas, en la tesis CXLIV/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS AL ISSSTE, AL FOVISSSTE Y AL PENSIONISSSTE."********************También resulta ilustrativa, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES JUBILADOS ADSCRITOS A LOS PLANTELES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL POR VIRTUD DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES AL FOVISSSTE ACUMULADAS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA ADMINISTRADA POR EL PENSIONISSSTE. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.********************En este sentido, resulta relevante traer a colación el contenido de lo dispuesto el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal:********************"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.********************El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:********************[.]********************B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:********************[.]********************XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria."********************Del precepto recientemente transcrito se observa que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos individuales que surjan entre los entes estatales y sus trabajadores.********************Para reforzar lo anterior, se precisa el contenido de los numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establecen lo siguiente:********************"ARTICULO 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el régimen de seguridad social en favor de los servidores públicos del estado y municipios, así como de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos. ********************ARTICULO 2.- La aplicación y cumplimiento del régimen de seguridad social que regula esta ley, le corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. ********************ARTICULO 3.- Son sujetos de esta ley: ********************I. Los poderes públicos del estado, los municipios a través de los ayuntamientos y los tribunales administrativos, así como los organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal y municipal, siempre y cuando éstos últimos no estén afectos a un régimen distinto de seguridad social;********************II. Los servidores públicos de las instituciones públicas mencionadas en la fracción anterior; ********************III. Los pensionados y pensionistas; ********************IV. Los familiares y dependientes económicos de los servidores públicos y de los pensionados ********************De lo anterior se aprecia que el Instituto es un organismo auxiliar del poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México. ********************En esa tesitura, se estima que la solicitante de amparo estaba en aptitud de acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para reclamar la falta de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************, conforme a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 1 y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y 67 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que señalan:********************"Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos."********************"Artículo 124. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para:********************I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores."********************ARTICULO 67.- El derecho a percibir el pago de las pensiones del sistema solidario de cualquier naturaleza, se adquiere cuando el servidor público, sus familiares o dependientes económicos se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que para este efecto señala.********************El derecho a disfrutar de las pensiones reguladas por esta ley es imprescriptible. ********************Por ningún motivo el Instituto dejará de pagar puntualmente las pensiones, salvo los casos de revocación o suspensión que esta ley prevé. ********************Las pensiones del sistema solidario de reparto que se otorguen se determinarán en montos diarios"********************Además, es relevante señalar que a similar consideración arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 95/2015, en la que determinó que en contra de la omisión de dar respuesta a la solicitud de devolución de pagos indebidos que se realicen para la amortización de una crédito otorgado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proceden dos vías, a saber:********************( El juicio contencioso administrativo********************( La vía laboral********************En este sentido, la Segunda Sala sostuvo que la solicitud de devolver los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación.********************Lo anterior, al considerarse que con la falta de contestación a dicha solicitud la Institución referida ejerce sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad; de ahí que la señalada falta de respuesta sí actualiza una negativa ficta, en contra de la cual es procedente el juicio contencioso administrativo********************Por otra parte, se puntualizó que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía para hacer valer dicho derecho, toda vez que el interesado está en aptitud también de demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral.********************Lo anterior, en atención a la naturaleza de la prestación final involucrada, que implicó el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal.********************Lo mencionado así se corrobora con las consideraciones que dieron lugar a lo resuelto en la mencionada contradicción de tesis 95/2015, en la que se sostuvo:********************"SEXTO. Punto de contradicción. Con base en lo antes relatado, se cumplen los requisitos para que se actualice una contradicción de tesis, pues los argumentos en disputa dan lugar a la formulación de una pregunta sobre el tema jurídico planteado, la cual es:****************************************(¿La falta de contestación del Fondo de la Vivienda sobre la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito, actualiza el supuesto de alguna de las materias que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por tanto procede el juicio de nulidad en su contra?****************************************SÉPTIMO. Estudio de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que aquí se define, atento a las siguientes consideraciones. [.]****************************************En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la competencia de ese tribunal ya no se limita a la materia fiscal, como cuando se creó, sino que conoce de otras resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, las que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las que nieguen la********************indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios con motivo de reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre otras.23****************************************Ahora bien, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que el juicio contencioso administrativo procederá contra resoluciones definitivas, actos administrativos y la resolución negativa ficta, entre otros, dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.[.]********************Ahora bien, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contesta una petición hecha por el trabajador beneficiario de un crédito FOVISSSTE de devolución de pagos que considera indebidos, realiza dicho acto (u omisión) en ejercicio de sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad, dado que en términos de los artículos 5 y 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto es el encargado de administrar los Fondos de la Vivienda, ordenar los descuentos a las dependencias y entidades encargadas de aportar los recursos, así como vigilar la aplicación de los recursos y atender las solicitudes que al efecto realicen los derechohabientes.********************[.]********************Así, es claro que la omisión de responder a la solicitud de devolución de los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación.****************************************Por lo que la falta de contestación por más de tres meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda de dicho Instituto, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.********************Por lo tanto, en los casos como los que se estudian, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por ello son susceptibles de impugnarse con fundamento en la fracción XIV del numeral citado mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal.********************[.]********************Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía que tiene el trabajador para hacer valer dicho derecho. ********************Pues por vía de acción podrá el acreditado demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral en atención a la naturaleza de la prestación final, que implica el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal.********************Con base en tales razonamientos, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 80/2016 (10a.), de rubro: "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO PORÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."********************Por lo tanto, si en la especie la quejosa reclama la falta de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************; el cual, es organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios- de pagar la pensión otorgada, se evidencia que el justiciable estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o mediante la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social.****************************************CONCLUSIÓN****************************************En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal.****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS.****************************************De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del ordinal 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa.********************Con fundamento en el artículo 12 de la ley en cita, como su autorizado con facultades amplias a ********************, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del párrafo segundo del numeral indicado, por autorizadas a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones, limitación que subsiste, hasta en tanto registren su cedula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en el referido sistema, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción.****************************************USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS********************Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia.****************************************LEY DE TRANSPARENCIA********************Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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