Elda Cisneros Magaña
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elda Cisneros Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la resolución pronunciada el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el conflicto de competencia 22/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe el conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para conocer de la demanda promovida por *********, en contra del acto reclamado a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la omisión de cumplir con la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ordenada en la interlocutoria dictada el diez de julio de dos mil dieciocho, en el recurso de queja declarado fundado por dicha omisión, dentro del expediente ***, al que deberá remitirse el expediente relativo. Notifíquese. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese recibo a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que este juzgado determinó carecer de competencia, es decir, no entró al estudio del asunto, se estima que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, en términos del punto vigésimo del referido Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica, que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, del cual se desprende que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mismo que fue registrado bajo el expediente número 22/2019.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, residente en Mexicali, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 280/2019-I del índice de este juzgado y manifiesta que no acepta la competencia planteada, por los motivos expuestos en su acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Respetuosamente, se disiente del criterio sostenido por el juez que no aceptó la competencia y se insiste en declinarla por las siguientes razones: Es pertinente aclarar que la litis competencial se centra en que el acto reclamado, tiene ejecución material en Mexicali, Baja California; y frente a este supuesto, la Ley de Amparo en su artículo 37, establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución del acto reclamado. La razón por la que se insiste en declinar la competencia es: como ya se estableció en el acuerdo de incompetencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si en esta instancia el acto reclamado se hace consistir en la omisión de cumplir con la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ordenada en la resolución de queja declarada fundada por esa omisión el diez de julio de dos mil dieciocho, por parte de los magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente ********************, la ejecución material del acto reclamado tendrá lugar en el lugar de residencia del juez de Distrito que no aceptó la competencia, tal como se hizo ver en el acuerdo respectivo y, acorde con lo que resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto circuito en la jurisprudencia por contradicción PC. XVI. A JA23 (10ª), que al efecto se citó. En tales condiciones, esto es, ante la existencia de un conflicto competencial, con apoyo el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato para que tenga a bien resolver. Mediante oficio que derive del presente auto comuníquese lo anterior al juez oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con número de registro 200280, Novena Época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Página: 26, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada.
- Principal
A sus autos el escrito por el cual la parte quejosa *******atiende la prevención formulada el ocho de abril de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: Manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en el expediente administrativo ***del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovido con motivo del otorgamiento de la pensión, constan los montos y conceptos en que le fue otorgada la pensión. Indicó los términos en que realizó la petición de modificación de la pensión cuya negativa ficta demandó en el referido juicio de nulidad. Especificó las consideraciones asumidas por la Sala responsable en la sentencia del juicio de origen que dieron lugar a los efectos plasmados en el propio fallo. Expresó, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en *** en la ciudad de Mexicali, Baja California. La información proporcionada, tiene como consecuencia la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa *******, acude a esta instancia constitucional y reclama la omisión de cumplir con la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ordenada en la resolución de queja declarada fundada por esa omisión el diez de julio de dos mil dieciocho, por parte de los magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente **** Bajo ese contexto, si la aquí quejosa tiene su domicilio particular en ****, en la ciudad de Mexicali, Baja California, y, esencialmente, se duele del incumplimiento de inaplicarse los aumentos a que tiene derecho por su pensión, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque el acto reclamado por la quejosa, si bien en un principio resulta omisivo, no de inobservarse, que implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada. Así, el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligada al domicilio de la beneficiaria por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, por tanto, el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado, aún y cuando este sea omisivo. Bajo ese tenor, se estima que la omisión de cumplir la resolución reclamada tiene efectos son positivos; por ende, ejecutables, dado que se traduce en el pago de la pensión sin sus respectivos incrementos a los que se condenó en la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, lo que se materializa en el ámbito privado de la pensionada, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la quejosa, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Dicho razonamiento se encuentra en la jurisprudencia por contradicción PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." De igual forma, es aplicable de manera orientadora la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en la ciudad de Mexicali, Baja California es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Baja California, con sede en Mexicali. No se soslayan las manifestaciones de la parte quejosa respecto de la jurisprudencia VIII-J-1aS-23; sin embargo, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente es de aplicación obligatoria para este juzgado federal la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y, como en el caso, la emitida por el Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa que sirvió de sustento para emitir este auto. En contrapartida, la que alude la quejosa es emitida por diversa autoridad que no vincula a su cumplimiento. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda y del escrito aclaratorio el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Efren Orizaba Arguello711/2017
- Efren Ramos García161/2016
- Efren Ramos García936/2015
- Elba Camacho Manriquez382/2018
- Elba Martinez Hernandez680/2021
- Elba Montes García1136/2017
- Eleazar Frade Pozo627/2015
- Elena Chávez Prado141/2018
- Elena del Carmen Cano Hernández91/2017
- Elena García Ríos1130/2014
- Elena Isabel Contla Jamaica536/2017
- Elena López Contreras174/2017