Elda Beatriz Rodriguez Garza

Expediente 1241/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1241/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Elda Beatriz Rodriguez Garza
  • ELDA BEATRIZ RODRIGUEZ GARZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... archívese este asunto como totalmente concluido...Por último, se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************e********************de apellidos ********************y ********************; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1241/2018-2, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es, en primer lugar, establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer de este asunto. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se puede advertir que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. El concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo expuesto y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: 1. Por materia. 2. Por territorio. 3. Por cuantía. 4. Por grado. 5. Inicial. 6. Derivada. Así las cosas, en el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo, se advierte que fue en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde se emitió la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 26/2018 del índice de los Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, formado con motivo de la recusación interpuesta por los promoventes contra el Magistrado de la Sala Regional de esta ciudad. De tal manera que, la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la citada autoridad sus efectos se trasladan directamente al procedimiento que la parte agraviada pretende se continue en aquella ciudad capital, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad de la autoridad de aquella localidad en donde habrá de ventilarse la tramitación del recurso de apelación que dio origen al toca penal 77/2018, destacando que no señalaron autoridades con carácter de responsables residentes en esta ciudad fronteriza, para en su caso, considerar la competencia en este tribunal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996 Página 395, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Por tanto, a fin de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que es competente para conocer de este asunto el Juez de Amparo con jurisdicción en Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque fue allá donde se emitió el acto reclamado y donde reside la autoridad responsable que lo materializó. Al respecto, es orientador por su contenido la jurisprudencia por Contradicción de tesis 187/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.), Página 2183, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En esas condiciones, con apoyo en lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por ende, se ordena remitir la demanda original y seis copias de la misma, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con residencia en Ciudad Victoria, por considerar que es quien debe conocer del asunto. Lo anterior, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el citado artículo 48 del referido ordenamiento legal, determine si acepta o no la competencia que se plantea. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de cuenta; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que los promoventes señalan como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, situación que no contempla la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la propia Ley, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, realícense a los impetrantes por medio de lista. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ********************Rodríguez Garza. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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