Elbia Refugio Pizaño Haro
Expediente 1154/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Elbia Refugio Pizaño Haro
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa *******************, el siguiente acuerdo: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo que promueve *********************, contra actos de las autoridades responsables que precisa en su escrito inicial; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 1154/2019-3A, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. ANÁLISIS DEL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, una vez realizado un análisis integral de la demanda de amparo, la suscrita advierte una causal de improcedencia, por lo que procede el desechamiento de la misma. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , del siguiente epígrafe: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese contexto, primeramente es necesario dejar por sentado que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. Acto Reclamado.- Lo constituye el Oficio: ****************** del 22 de octubre de 2019, emitido por Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, en el cual pretendió dar respuesta a la solicitud realizada por la suscrita quejosa al escrito presentado el 27 de febrero de 2019, en cuyo punto PRIMERO manifiesta que "Se determina IMPROCEDENTE su solicitud de modificación a los registros del Padrón de Usuarios del Distrito de Riego 014, del Río Colorado presentado mediante escrito sin fecha recibido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, conforme a lo expuesto en el presente oficio", mismos que fue notificado el 28 de octubre del presente, ya que el mismo adolece de congruencia y exhaustividad, trastocando los principios que rigen el actuar de cualquier autoridad que tiene dentro de sus facultades el poder de dilucidar un conflicto entre particulares, en el caso concreto, inter alia, el derecho de acceso efectivo a la justicia y de los principios de legalidad y debido proceso." DESECHA DEMANDA DE AMPARO Con relación al citado acto reclamado, este órgano de control constitucional estima, procedente desechar la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y a efecto de evidenciar tal aserto, se reproduce el contenido de dicho dispositivo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En el precepto transcrito, se regula el principio de definitividad, reconocido respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 constitucional, en tanto prevé que contra éstos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo deberá realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En tal sentido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal con los mismos alcances de la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la anterior. d) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. e) Cuando no se aleguen violaciones directas a la Constitución. Precisado lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en la resolución contenida en oficio ****************** de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Península de Baja California, con residencia en esta ciudad Por lo que hace al inciso b), es patente que en la especie se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que tal y como lo hizo constar la autoridad responsable en el oficio reclamado en la parte final, contra dicha determinación procede el Juicio Contencioso Adminitrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contemplado en el precepto 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el numeral 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "ARTÍCULO 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. II. De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación." Ahora bien, por lo que hace al inciso c) consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí, sea susceptible de suspenderse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) , ha establecido que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, por lo que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe agotarse de manera previa al juicio de amparo. Lo anterior, en los siguientes términos: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Por lo que hace al requisito precisado en el inciso d), consistente en que el acto reclamado no carezca de fundamentación también se cumple, ya que la autoridad responsable emitió el acto reclamado fundamentando su determinación en diversas disposiciones, lo que lleva a la convicción, sin prejuzgar sobre su eficacia, que el acto no adolece de la cita de dispositivos legales y las razones que los sustentan, por lo que, en su caso, podría configurarse una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a respetar el principio de definitividad. De igual forma, de acuerdo con el inciso e), el cual señala que no es obligación del promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, al respecto debe decirse, que el quejoso alega violaciones con relación a su contenido. Por consiguiente, al actualizarse los requisitos en estudio y toda vez que con relación al escrito de demanda se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha la de demanda planteada que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ***************; sin embargo, por lo que hace a ********************* únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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