Elba Virginia Tonatzin Pérez Zavala
Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elba Virginia Tonatzin Pérez Zavala
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Visto el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que en resolución de trece de los actuales, el aludido órgano de control constitucional se declaró incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, al estimar que corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal; al respecto, se acuerda: RADICACIÓN... fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 516/2019-VI-B. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. En principio debe señalarse que el suscrito no acepta la competencia declinada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por las consideraciones siguientes:... De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; y, 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado por los quejosos en el presente asunto, es el consistente en: La resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la cual confirmó el desechamiento de la solicitud de acceso a los recursos del fondo por compensación subsidiaria por comisión de un delito del fuero federal, la cual le notificó a ***, el once de marzo de dos mil diecinueve, sin entregarle constancia de notificación. Ahora bien, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, señala que el acto reclamado por la parte quejosa es intrínsecamente penal, porque la litis puede implicar el estudio de cuestiones sustantivas en materia penal, debido a que el acto reclamado confirma el desechamiento de solicitudes de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por compensación subsidiaria con motivo de la comisión de un delito del furo federal. En ese sentido, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sostenido, porque si bien, el acto reclamado es la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas en el recurso de reconsideración RR-CE/RC/03/2018 que fue interpuesto contra el auto dictado en el expediente administrativo CEAV/CIE/0165/2018, por medio del cual se desechó las solicitudes que formularon los quejosos para acceder al fondo aludido por compensación subsidiaria con motivo de la comisión de un delito federal y en su caso, del fuero común; dicho procedimiento es de naturaleza administrativa, no sólo porque se sigue ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también porque su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, a saber, determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre lo cual no existe un componente penal. El reconocimiento de víctima por alguna de las autoridades a que se refiere el artículo 10 la Ley General de Víctimas, permite el acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que tiene por objeto brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El reconocimiento de la calidad de víctima que regula la Ley General de Víctimas, puede derivar de la comisión de un delito o de la declaración de violaciones a los derechos humanos por cualquier autoridad federal. Reconocimiento que puede hacerse por el juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; el juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; el juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; los organismos públicos de protección de los derechos humanos; los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; o el Ministerio Público. A partir de ese reconocimiento existe un procedimiento específico que tiene como finalidad resolver sobre el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; esto es, una vez que se recibe la solicitud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo turnará al comité interdisciplinario evaluador que integrará el expediente y emitirá un dictamen sobre la procedencia de la solicitud; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá emitir la decisión respectiva, la cual, tendrá la calidad de resolución administrativa definitiva. De lo anterior, se advierte que las normas que regulan el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, son de contenido eminentemente administrativo, en la medida que regulan un procedimiento ante autoridad diversa de la judicial, dirigido a obtener una indemnización o medidas de reparación por parte del Estado, derivado del reconocimiento de la calidad de víctima. Además, el procedimiento es sustanciado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, conforme al ordinal 84 de la Ley General de Víctimas, es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el presupuesto de egresos de la Federación, esto es, una autoridad distinta de los tribunales jurisdiccionales y, por ende, encuadra en las llamadas autoridades administrativas. Más aún, la decisión sobre la procedencia del acceso a los recursos del citado fondo, por disposición expresa del arábigo 144 de la Ley General de Víctimas, constituye una resolución administrativa definitiva; lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Aunado a lo anterior, la materia del procedimiento en comento, se encuentra vinculada con una cuestión de tipo administrativo, ya que la litis se centra en determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre lo cual no existe un componente penal. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que uno de los supuestos origen del reconocimiento de la calidad de víctima pueda ser la existencia de un delito, dado que esta circunstancia no basta para que pueda darse al procedimiento en comento una connotación penal; ello, toda vez que para emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de una indemnización o una medida de reparación, en términos del procedimiento aludido, no se hace un reexamen del proceso penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo, ni se califica la gravedad del ilícito y tampoco se hace una identificación de la víctima, sino que esa situación queda corresponde a la autoridad penal, la cual, en su caso, emitirá la decisión o sentencia ejecutoria respecto de esos aspectos. La Comisión Ejecutiva de Atención, se limita a apreciar los términos en que se haya declarado la comisión del injusto, es decir, si fue grave o no; las condiciones en que se haya reconocido la calidad de víctima, esto es, si se menoscabo su libertad o sufrió un deterioro en su integridad física o mental, a partir de ahí; así como la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; aspectos que no son de naturaleza esencialmente penal y, por ende, no se vinculan con un conocimiento especializado en esa materia. Más aún, el procedimiento administrativo en comento, no sólo puede tener como origen la declaración de víctima derivada de un delito, sino también por virtud de una violación de derechos fundamentales por parte de la autoridad federal, lo que evidencia que no existen elementos suficientes para considerar que se trata de materia penal, pues resultaría inviable hacer una segmentación de estos dos supuestos y, por ende, hacer depender la naturaleza de ese procedimiento del hecho origen de la calificación de víctima, y no de sus características propias; máxime que conforme al artículo 130 de la Ley General de Víctimas, la decisión en cuanto al acceso al fondo en comento, se emite sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten, lo que revela que el legislador hace una clara exclusión de este procedimiento de la vía penal. Bajo esta tesitura, el presente asunto no se ubica en algunos de los supuestos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto que se reclama, fue dictado por una autoridad administrativa (Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas); además, dicho acto no constituye una resolución judicial del orden penal, ni tampoco afecta la libertad personal de los quejosos, pues como se dijo, los impetrantes de amparo reclaman la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la cual confirmó el desechamiento de la solicitud de acceso a los recursos del fondo por compensación subsidiaria por comisión de un delito del fuero federal, la cual le notificó al suscrito JOSÉ FERNANDO PÉREZ ESPEJEL, el once de marzo de dos mil diecinueve, sin entregarle constancia de notificación. No es óbice a lo anterior, que uno de los supuestos del reconocimiento de la calidad de víctima, pueda ser la existencia de un delito, pues se insiste que para emitir el pronunciamiento correspondiente no se analiza el tipo ni la gravedad del delito, pues sólo se estudian aspectos específicos como la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño a la vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de los dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; cuestiones que no se vinculan con un conocimiento en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1783, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, número de registro 2019490, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL REGIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA". Lo que permite aseverar que el acto aquí reclamado es eminentemente administrativo. Por tanto, quien esto provee no acepta la competencia declinada, razón por la cual se ordena la devolución de los presentes autos al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, para que provea lo conducente y lo informe a este juzgado federal, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en el escrito y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del citado ordenamiento legal, a Francisco Garrido Calderón, Omar Julián Román Peña, Yasmín Rosales Muñoz, Lorena Cuevas Arriaga, Miriam Sarahy García Martínez, Patricia Santos Mora, Wendy Guadalupe Nájera Salgado, Verónica Orozco Estrada, Ignacio Miñón Ramírez, Juan López Monjaráz, Sandra Fabiola González Vargas, Luis Alfredo Barajas Arreguín, Araceli Vázquez Escamilla y Janet Calderón Jiménez, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y por autorizados únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en el escrito inicial de demanda. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza a los promoventes por medio de las personas que autoriza para tal efecto a consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "CDMX08AJ". Se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice los ajustes necesarios en la base de datos, a fin de que de forma inmediata permita el acceso correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a la parte quejosa, que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil hagan uso de estás en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento...
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