Elba Vicente Mojica
Expediente 1314/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elba Vicente Mojica
- Dirección General de Atención A Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. A su vez, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Y en virtud de que se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria dictada en los autos incidentales que derivan de este asunto, resérvese el archivo de este expediente hasta en tanto obre la correspondiente ejecutoria. Finalmente, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que en esta data causó estado el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los presentes autos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 9624/2023, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por Addy Patricia Sabido Baquedano, en su carácter de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra la sentencia interlocutoria dictada en autos; asimismo, quedó registrado con el número de toca 670/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierten los informes justificados rendidos por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó, mismos que obran glosados en autos, de las que se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se entregó a la quejosa de la tarjeta de la Institución Bancaria Banco del Bienestar, en la cual le serán depositadas las cantidades de la pensión federal para las personas adultas mayores. A su vez, se informó que fue incorporada al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que se encuentra activa en el sistema y que se le depositó la totalidad de las cuotas de pensión que se adeudaban desde que fue incorporada al programa que fue en el bimestre septiembre- octubre de dos mil veintidós, recibiendo el pago retroactivo de la pensión por una cantidad de veintitrés mil cien pesos, moneda nacional. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió, medularmente, en la omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para el seguimiento del registro identificado con el folio 13131141, ID 53766, de tres de octubre de dos mil veintiuno, así como la omisión de entrega de la tarjeta Bienestar, y del pago bimestral de su pensión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para el seguimiento del registro identificado con el folio 13131141, ID 53766, de tres de octubre de dos mil veintiuno, así como la omisión de entrega de la tarjeta Bienestar, y del pago bimestral de su pensión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se le entregó a la quejosa la tarjeta de la Institución Bancaria Banco del Bienestar, así como que fue incorporada al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y percibió el pago retroactivo de la pensión por una cantidad de veintitrés mil cien pesos, moneda nacional que correspondían a los bimestres de pensión adeudados desde su incorporación al programa. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que se le entregó la tarjeta Bienestar, se encuentra activa en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se le realizó el pago de los bimestres adeudados desde su incorporación, dando con ello atención a lo solicitado por la hoy quejosa a través de lo realizado en párrafos previos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Sin que obste a lo anterior que la quejosa haya señalado que reclamaba la omisión de las responsables de no realizar el pago de la pensión desde octubre de dos mil veintiuno en que realizó la solicitud de adhesión al programa social de mérito, pues la denegación de justicia reclamada descansó en la inactividad de las autoridades responsables de no dar respuesta al trámite instado, lo que cesó con la entrega de la tarjeta y el depósito del pago de la pensión por los bimestres adeudados desde la incorporación al programa -dos mil veintidós-, al margen de que no haya sido en los términos que pretendía, esto es, desde que formuló su solicitud. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional a las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, respecto del informe justificado rendido por el representante de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar y la Dirección de Padrones de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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