Elba Rosa Terrazas
Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elba Rosa Terrazas
- ELBA ROSA TERRAZAS y Otros.
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Agréguese el oficio del actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito mediante el cual, informa que en acuerdo del veinticuatro de abril del año en curso, inició con el trámite de inejecución de sentencia 19/2023, con motivo de la imposibilidad jurídica de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista concedida el veinte de enero del dos mil veintitrés; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede de oficio a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sentencia definitiva. El seis de agosto del dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "El Departamento de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, deberá de realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el oficio ********************, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 2. Emitir diverso oficio en el que prescindiendo de la aplicación de los numerales 25, fracción II, y último párrafo, así como 26 y 27, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, se pronuncie de manera congruente y completa sobre la solicitud formulada por ********************, encaminada a que su esposo ********************, sea incorporado al servicio médico que otorga Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua." Causa ejecutoria. El tres de junio del dos mil veintidós se recibió el testimonio del diecinueve de mayo de dos mil veintidós a través del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito declaró improcedente el recurso de revisión ******************** interpuesto por la autoridad responsable; en consecuencia, se requirió su cumplimiento del fallo protector a la Dirección de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles le Estado. Después de diversos requerimientos a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante oficio sin número registrado con número interno de control 1460, el delegado de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, informó el fallecimiento de ******************** lo cual acreditó con copia certificada de la consulta realizada al sistema de afiliación y vigencia de dicha institución. En ese contexto, es evidente que existe imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que la finalidad principal de la sentencia definitiva se encontraba encaminada a incorporar al servicio médico a ******************** sin embargo, al ocurrir su fallecimiento, se actualiza una imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo. Ahora bien, en atención a la jurisprudencia 2ª./J. 44/2017 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Dicha jurisprudencia establece lo siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por tal motivo, se ordena la vinculación electrónica del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en turno, haciéndose de su conocimiento que el expediente electrónico se encuentra habilitado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese el oficio del Delegado de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua mediante el cual remite copia certificada de la consulta al sistema de afiliación y vigencia de dicha institución, de la cual se desprende el fallecimiento de Rogelio Márquez Valenzuela, cónyuge de la quejosa dentro del presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Lo anterior bajo el apercibimiento que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictara resolución en que se declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguense el oficio de la representante de la Gobernadora del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación- mediante el cual informa que conminó a las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Asimismo, se toma conocimiento que la Junta Directiva es el órgano de gobierno de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua del cual no forma parte. Se requiere cumplimiento a superior jerárquico. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere a la Junta de Gobierno de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en su calidad de superior jerárquico para que requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 58/2008 y tesis CLXXV/ 2000 de la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en párrafos precedentes, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.
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