Elba Nora Ruiz Ruiz
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Elba Nora Ruiz Ruiz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto; el escrito signado por +++, mediante el cual en atención a la prevención hecha en auto de cuatro de abril del año en curso, manifiesta que hace suya la demanda de amparo promovida por +++, asimismo, la nombra como autorizada en términos amplios. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta para que obre como corresponda, y téngase por desahoga la prevención. Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto que reclama la quejosa del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, es: - El proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 299/2018. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)" Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Expuesto lo anterior, se advierte del escrito de demanda que la parte quejosa el acto que reclama a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, es el auto de veintidós de marzo de esta anualidad, en el juicio mercantil número 299/2018, del índice de la responsable. Expuesto lo anterior, este juzgado de distrito considera que contra de los actos que reclama la parte quejosa, procede el recurso de apelación o bien el de revocación, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Atento a lo anterior apoya la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, del Pleno, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Pág. 8, del rubro siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En efecto, del análisis del artículo antes transcrito, se pone de manifiesto que la interposición del recurso ante mencionado, procede en contra de los autos que no fueren apelables. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 188092, del rubro siguiente: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En tal tenor, el recurso de revocación, constituye el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al ser impugnable el auto de veintidós de marzo del año en curso, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación interponer el recurso procedente, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de revocación contemplado en el precepto antes anotado. Lo anterior, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, -resultando evidente que no nos encontramos en ninguno de estos casos, debido a que el quejoso manifestó ser parte en el juicio y dada la naturaleza del acto reclamado-, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado lo haga valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado recurso de revocación tiene por finalidad dejar sin efectos el auto que se duele la parte quejosa, resolviendo de plano o en su caso, dando vista a la contraparte, es evidente que no se agotó el principio de definitividad en este juicio de amparo. Consecuentemente, al no haber agotado el quejoso el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, que fueron precisados en párrafos que anteceden, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que origina el desechamiento de la demanda por notoria improcedencia, en términos del artículo 113 de la propia ley de la materia. III. Desechamiento de la demanda. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Autorizada. Se tiene como autorizado en término amplio que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana María Cervantes Martínez; toda vez tiene inscrita su cedula profesional que la acredita como licenciada en derecho en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 427/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto; el escrito signado por +++, mediante el cual en atención a la prevención hecha en auto de cuatro de abril del año en curso, manifiesta que hace suya la demanda de amparo promovida por +++, asimismo, la nombra como autorizada en términos amplios. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta para que obre como corresponda, y téngase por desahoga la prevención. Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto que reclama la quejosa del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, es: - El proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 299/2018. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)" Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Expuesto lo anterior, se advierte del escrito de demanda que la parte quejosa el acto que reclama a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, es el auto de veintidós de marzo de esta anualidad, en el juicio mercantil número 299/2018, del índice de la responsable. Expuesto lo anterior, este juzgado de distrito considera que contra de los actos que reclama la parte quejosa, procede el recurso de apelación o bien el de revocación, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Atento a lo anterior apoya la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, del Pleno, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Pág. 8, del rubro siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En efecto, del análisis del artículo antes transcrito, se pone de manifiesto que la interposición del recurso ante mencionado, procede en contra de los autos que no fueren apelables. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 188092, del rubro siguiente: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En tal tenor, el recurso de revocación, constituye el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al ser impugnable el auto de veintidós de marzo del año en curso, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación interponer el recurso procedente, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de revocación contemplado en el precepto antes anotado. Lo anterior, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, -resultando evidente que no nos encontramos en ninguno de estos casos, debido a que el quejoso manifestó ser parte en el juicio y dada la naturaleza del acto reclamado-, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado lo haga valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado recurso de revocación tiene por finalidad dejar sin efectos el auto que se duele la parte quejosa, resolviendo de plano o en su caso, dando vista a la contraparte, es evidente que no se agotó el principio de definitividad en este juicio de amparo. Consecuentemente, al no haber agotado el quejoso el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, que fueron precisados en párrafos que anteceden, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que origina el desechamiento de la demanda por notoria improcedencia, en términos del artículo 113 de la propia ley de la materia. III. Desechamiento de la demanda. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Autorizada. Se tiene como autorizado en término amplio que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana María Cervantes Martínez; toda vez tiene inscrita su cedula profesional que la acredita como licenciada en derecho en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, contra los actos que reclama del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 427/2022-III y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Prevención. A efecto de proveer respecto de su admisión, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a Ana María Cervantes Martínez, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: ÚNICO. Exhiba el documento fehaciente que acredite las facultades con la que se ostenta para promover la demanda de amparo, en representación de Elba Nora Ruiz Ruiz, toda vez que, si bien es cierto que anexa diversos documentos los mismos son copias simples, por lo que no se acredita la personalidad con la que promueve. Lo anterior, en atención al artículo 6, de la ley de la materia, del texto siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." (Énfasis añadido) Asimismo, el artículo 2555 del Código Civil Federal, establece lo siguiente: "Artículo 2555.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes: I. Cuando sea general; II.- Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse; o III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público." (Énfasis añadido) Tiene aplicación por sus consideraciones la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACREDITA MEDIANTE CARTA PODER CERTIFICADA POR CORREDOR PUBLICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Comercio en vigor, el corredor público es un agente auxiliar del comercio con cuya intervención se proponen y ajustan los actos, contratos y convenios y se certifican hechos mercantiles. Así, por disposición expresa de la ley, el corredor público queda investido de la potestad de otorgar fe pública respecto de aquellas copias o documentos en que consten contratos de compraventa, ya sea en abonos, con reserva de dominio o con cláusula resolutiva sobre bienes muebles, los relativos a la prenda que se constituya sobre los mismos bienes; para garantizar el cumplimiento de cualquier contrato mercantil; las que derivan de pólizas y actas de los contratos en que ellos intervengan y, finalmente, las de los asientos que se efectúen en sus libros de registro. Al tenor de tales disposiciones, una carta poder otorgada ante corredor público no se constituye como documento suficiente para ostentarse como representante del agraviado en un juicio de garantías, pues, además de no ser un documento de aquellos a que se refiere la legislación mercantil, tampoco satisface los requisitos que al efecto establece la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria. De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en rubro y texto dice: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. IV. Domicilio y número telefónico. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala ubicado en "Calle La mirada 413, entre Calzada Rosario Sabinal y Calle Cerritos del Fraccionamiento El Campanario, en el lado sur poniente", de esta ciudad. Ahora bien, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, el número telefónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. V. Transparencia y acceso a la información. Toda vez que la parte promovente hace valer su derecho al manifestar que se opone a la publicación de sus datos personales; atento a su contenido, se acuerda favorable su petición, toda vez que la información es considerada confidencial de conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tanto, no se hará la publicación de sus nombres y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emitan en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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