Elba Michell Medina González
Expediente 33/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Elba Michell Medina González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 36 a 39), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Actuario del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, por virtud del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 27 y 28), manifiesta que se adhiere a las constancias remitidas por el Juez de su adscripción. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el quince de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diez de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de siete de febrero de esta anualidad (fojas 27 y 28), la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de lo siguiente: Cédula de notificación y constancia de emplazamiento de veinte y treinta de enero de dos mil diecisiete, realizada a las partes actora Elba Michelle Medina González y demanda Víctor Hugo André Ledesma, en el juicio de origen. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora, en el caso en particular, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de los actos que ya no afectan al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de los quejosos. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS, LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA CONSISTENTE EN: ORDENADORA A). LA OMISIÓN DE DICTAR AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 1667/2016 DEL JUICIO RELATIVO EN ALIMENTOS EN CONTRA EL C. VÍCTOR HUGO ANDRE LEDESMA. B). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SEÑALADOS EN EL INCISO A). Ahora, de las constancias que la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad anexó a su informe justificado, así como las que remite por el presente ocurso de cuenta se advierte, en lo que aquí interesa, que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, proveyó respecto de la admisión de la demanda presentada por la quejosa, en los términos siguientes: "JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL QUINTANA ROO, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------- Se tiene por presentada la ciudadana ELBA MICHELLE MEDINA GONZALEZ, con su escrito de fecha diecisiete de noviembre del año en curso, documento y copias simples de ley que acompaña, demandando en la Vía Oral del ciudadano VICTOR HUGO ANDRE LEDESMA, quien puede ser debidamente notificado en su domicilio ubicado en el predio número 106 (ciento seis) del complejo privado Residencial Arboledas de esta ciudad; EL PAGO DE UNA PENSION ALIMENTICIA para subvenir las necesidades de su menor hija MICHELLE ANDRE MEDINA, y las demás prestaciones que se desprenden de su memorial; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 24, 44, 45, 90, 144, 157 fracción XIII, 264, 265, 267, 268, 892, 893, 894, 905, 908, 1019 y 1023 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y por estar conforme a derecho se admite la demanda en la forma y vía propuestas. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Adscripción para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Con fundamento en los artículos 858 del Código Civil y 966 del Código de Procedimientos Civiles ambos del Estado, y toda vez que los alimentos son de orden público y de urgente necesidad, se decreta por concepto de PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL el TREINTA POR CIENTO QUINCENAL del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que percibe el ciudadano VICTOR HUGO ANDRE LEDESMA, a favor de su menor hija MICHELLE ANDRE MEDINA, a partir de la SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL ANO EN CURSO [.]. Proceda el ciudadano Actuario del Juzgado a notificar al demandado el presente juicio, corriéndole traslado con la entrega de las copies, simples de ley, emplazándolo para que en el término de NUEVE DIAS conteste la demanda instaurada en su contra. Por cuanto a las pruebas que ofrece, se acordaran en el momento procesal oportuno, en términos de los artículos 935 y 937 del Código de Procesal Civil del Estado. Se tiene a la ocursante señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, aún las de carácter personal, el que menciona en su escrito de referencia, autorizando para tales efectos, a las personas que menciona en el mismo. [.] NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado ENRIQUE PÉREZ MÉNDEZ, Juez de Instrucción, adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo." (fojas 24 y 25). [Lo sombreado es propio] De lo anterior, se advierte que el Juez responsable se pronunció respecto del escrito presentado por la quejosa y admitió a trámite la demanda de alimentos en los autos del expediente 1667/2016, de su índice. Además, de las diversas documentales que anexa al ocurso con el que en esta fecha se da cuenta, se advierte que en fechas veinte y treinta de enero de esta anualidad, se notificó a las partes la admisión de dicha demanda (fojas 33 a 35). En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que el Juez responsable el dieciocho de enero de esta anualidad, dictó un proveído en el que en atención al escrito presentado por la promovente admitió a trámite la demanda de alimentos, misma que radicó bajo el número de expediente 1667/2016, y que notificó personalmente a las partes actora y demandada el veinte y treinta de enero de esta anualidad respectivamente, de ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y Actuaria de su Adscripción, mediante los cuales rinden informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, aportando como medios de convicción de su parte, lo siguiente: ***. Misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el dieciocho de enero de esta anualidad, se dictó el auto de admisión de demanda en los autos del expediente *** relativo al Juicio Oral de Alimentos, mismo que se ordenó notificar personalmente a las partes sin que se adviertan las constancias que se llevaron a cabo dichas notificaciones. Consecuentemente, requiérase a las autoridades responsables Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y Actuaria de su adscripción, para que, en el término de tres días constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan en alcance a su informe justificado, las constancias que así lo acrediten. Lo anterior se impone de esa manera, ya que este órgano jurisdiccional observa la posible actualización de una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo.
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