Elba Maritza Urias de Joge
Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Elba Maritza Urias de Joge
- ELBA MARITZA URIAS DE JOGE y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos del presente cuaderno el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, transcribe el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo **de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de dicho juicio, en razón de que este Juzgado de Distrito declinó la competencia planteada para conocer de la demanda. En atención a lo anterior, se ordena archivar definitivamente el presente asunto. Este expediente debe ser considerado destruible porque se trata de un juicio de amparo en el que se declinó la competencia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, por el cual, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, remite debidamente diligenciado el exhorto 378/2022 de su índice, formado con motivo del diverso 191/2022 (número de orden 448/2022), derivado del juicio de amparo en que se actúa, enviado a fin de notificar a las directamente agraviadas ***********************, (de nacionalidad guatemalteca), circunstancia que así aconteció el veintiocho de julio del año en curso, según se advierte de las razones respectivas, asimismo, se entregaron los oficios dirigidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora; Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Jefe de Departamento Jurídico y de Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en Hermosillo, Sonora. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de comunicaciones libradas de este órgano jurisdiccional y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; es decir, dese de baja en los mismos. Sin que necesario acusar de recibo, toda vez que la comunicación en comento fue enviada vía Sistema Integral de Expedientes (SISE), por lo que el propio sistema expide de manera automática el comprobante de su remisión por ese medio. INCOMPETENCIA. En ese sentido se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, carece de competencia legal para conocer este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Lo anterior toda vez que, de la razón actuarial de veintiocho de julio de dos mil veintidós, las directamente quejosas ***********************, (de nacionalidad guatemalteca), se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Sonora, en Hermosillo; de ahí que los actos que reclaman tienen o tendrán efectos de ejecución en ese lugar, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto, por razón de territorio, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto aclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse si esté ejecutando o se haya ejecutado. Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente Ia demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde tendrá ejecución o se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentra recluido el amparista. Por tanto, si la Estación Migratoria donde se encuentran alojadas las quejosas, se ubica en Hermosillo, Sonora, se estima que los actos reclamados tendrán o tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en esa entidad. Como apoyo en lo conducente a lo anterior se cita la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en la página, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También se Invoca la Jurisprudencia de la misma Primera Sala, ubicada en la página 633, Libro 5, Abril 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Sin que sea contrario a lo anterior, el hecho de que en la demanda de amparo el promovente del amparo haya referido que las directas agraviadas se encuentra contaban con domicilio en la Estancia Migratoria en Agua Prieta, Sonora, no obstante, tal y como se advierte de la razón actuarial de veintiocho del mes y año en curso, éstas fueron localizadas en la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal para conocer de amparo en que se actúa. Por ello, remítase los autos originales del presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, a fin de que tenga a bien pronunciarse sobre el particular. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° fracción I, 6°, 35, 107, fracción V, 108, 109, 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida vía interconexión SISE, por ******************* a favor de ****************** y *********************** en contra de las autoridades responsables siguientes: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. 2. Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Agua Prieta Sonora. 3. Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora 4. Jefe de Departamento Jurídico y de Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 175/2022. 2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: "ACTOS RECLAMADOS a) La incomunicación de la cual están siendo objeto la quejosa, toda vez que en ningún momento se le ha permitido tener comunicación con el exterior, ni con su abogado. b) La ilegal detención, aseguramiento y retención de la quejosa por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables, que afecta su libertad personal. c) La inminente emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido decretado por las autoridades responsables, sin seguir las formalidades del procedimiento. d) La emisión y ejecución de la Orden de Traslado de la quejosa a otra Estación Migratoria del país. e) El impedimento para que la quejosa pueda gozar de la libertad bajo la figura de custodia provisional prevista en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración." De lo anterior es dable advertir que los actos reclamados consisten, entre otros, en la incomunicación de que están siendo objeto las directas quejososas, la privación de la libertad, así como la orden de deportación y traslado, y su ejecución. Por tanto, este órgano de amparo procederá a analizar lo relativo a la concesión de la medida suspensional únicamente respecto a esos actos destacados, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo. 3. SUSPENSIÓN DE PLANO. En torno a la concesión de la suspensión de plano y de oficio, conviene establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar en cita, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que, si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano reclamado. De igual forma, se debe precisar que el numeral 1º Constitucional establece, en lo que aquí interesa, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Respecto de los mencionados actos, también son aplicables los siguientes preceptos y principios: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. [.] "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.].". Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. "Principio 6 Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. [.] Principio 18 1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación. 5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer." Principio 19 Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.". Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos "7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción." Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos "Disciplina y sanciones" [.] "31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias." "32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental." Contacto con el mundo exterior "37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas." Por otra parte, el artículo 126 de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión de plano, dispone una serie de actos o supuestos en los que la medida deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza, claramente pudieran contrariar a la Constitución Federal, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, por lo que se impone el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación. Lo que es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y, al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Se dice lo anterior, porque el juzgador de amparo, en cada caso concreto puede conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin proteccionista de los derechos fundamentales que es acorde con la reforma al artículo 1° Constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. Por tanto, en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza -conservativa-, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dado que por su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. En otro aspecto, cabe destacar que la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. Además, el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario." Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, en consecuencia, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Lo anterior converge con el artículo 2°, párrafo tercero, de la Ley de Migración, donde se establece que el hecho de que una persona extranjera se encuentre en territorio nacional de manera irregular (indocumentada) no implica que se cometa un delito, ni que se realicen actos contrarios a derecho. Es decir, mientras no se demuestre lo contrario, no se puede presumir que la falta de documentos que justifiquen la estancia legal del extranjero, implique la comisión de un delito o que se realicen actos contrarios a la ley, como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada [.]" Robustece lo anterior lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional -el que si bien no es vinculante para los juzgadores, sí constituye una herramienta orientadora respecto de los deberes que tienen cuando estén ante la presencia de casos como el que nos ocupa-, donde se precisa que el propósito del legislador nacional ha sido despenalizar la irregularidad en el ingreso migratorio, el cual en todo caso deberá ser considerado como una falta administrativa y, en consecuencia, la privación de libertad a que se encuentren sujetos migrantes objeto de un procedimiento administrativo, deberá ser una medida excepcional que se encuentre debidamente justificada, y proporcional al objeto que se busque proteger. Lo anterior se justifica, pues conforme al marco legal nacional e internacional, que regula el fenómeno social migratorio en nuestro país, para estar en posibilidad de emitir una determinación ajustada a derecho, en materia de suspensión, debe atenderse no sólo a las disposiciones normativas que resultan vinculatorias para este órgano de control constitucional, sino que, esencialmente, deben observarse los lineamientos internacionales que se dirijan a salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, dada su especial situación de vulnerabilidad (en el presente caso suscitada por su calidad de migrantes aparentemente indocumentada). En efecto, entre las personas extranjeras, que por diferentes motivos transitan o residen en el país, aquéllas en condición migratoria irregular enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, debido a diversos factores, a saber, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, idioma y leyes nacionales, el miedo de ser descubiertas por las autoridades migratorias, el verse orilladas a huir de sus países de origen porque su vida, integridad, seguridad o libertad corren peligro, y las condiciones en las que viajan; circunstancias a las que, en algunos casos, se aúnan aspectos como la edad, el género o la identidad étnica. En ese contexto, en nuestro país el acceso a la justicia de las personas extranjeras se perfila como un derecho fundamental, que subyace desde la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en mil novecientos noventa, la adhesión en el año dos mil a la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de mil novecientos cincuenta y uno, y la promulgación de la otra Ley General de Población. Sucesos todos que, si bien resultaron positivos, lo cierto es que hasta nuestros días el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional aún enfrentan barreras y obstáculos de facto, en particular de orden cultural -idioma, religión y el desconocimiento de la legislación mexicana-, así como de índole económico -carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio-. A estas barreras se suman los trámites burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales; el poco tiempo del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus procedimientos legales, sobre todo en los horarios definidos institucionalmente para ello; la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, así como la desconfianza en las autoridades, especialmente cuando se tienen documentados casos de corrupción de agentes migratorios, quienes obtienen ganancias con el uso y traslado de personas migrantes, aunado al temor de ser víctimas del crimen organizado, detenidas en una estación migratoria, o bien, a ser deportadas a sus países de origen. Esta situación propicia que las personas migrantes y sujetas de protección internacional puedan ser blanco de una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, tales como su detención arbitraria; lo que resulta inaceptable porque, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos y a las recientes reformas constitucionales, México está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas nacionales y extranjeras de manera igualitaria, lo que en el caso, se logra a través de la suspensión de plano de dicho acto. En efecto, el veinticinco de mayo de dos mil once se publicó la Ley de Migración actualmente en vigor, la cual no sólo reconoce derechos no garantizados anteriormente para los extranjeros (educación, salud, actos del registro civil y personalidad jurídica), sino que, además, retoma aquéllos de los que ya gozaban, tales como el acceso a la procuración e impartición de justicia, el debido proceso y la posibilidad de plantear quejas ante organismos de derechos humanos, lo que incluye que en su favor se decreten medidas cautelares eficaces para suspender los efectos de los actos que afecten su derecho de libertad sin aparente procedimiento. De igual modo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece que la jerarquía entre las normas constitucionales y los tratados internacionales de los que México es parte, ya no es relevante para decidir qué norma debe ser aplicada en materia de derechos humanos, puesto que ahora, el criterio que prevalece es el que atiende al mayor grado de beneficio para la persona humana. Este escenario proporciona al Poder Judicial de la Federación una oportunidad única para primar las normas -sean de origen nacional o internacional-, que signifiquen una mayor protección a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para sentar precedentes que supriman las barreras que actualmente impiden el acceso efectivo a la justicia. Acorde con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instrumentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: "[.] La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. [.] Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. [.] La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. [.] Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias, así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. [.] Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia en el sentido de la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal." Como se observa, el Máximo Tribunal del País sostuvo que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender en todo momento al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible. De ahí la trascendencia de las medidas cautelares instrumentadas por el legislador ordinario en los diferentes cuerpos legales que componen el sistema jurídico mexicano, en específico, la figura suspensional en materia de amparo, a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, en tanto que tal mecanismo se erige por antonomasia como el contrapeso ideal contra la actuación arbitraria de la autoridad estadual. De igual forma, para el caso que nos ocupa, se destaca la circunstancia de que en el protocolo de referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmarcó los diferentes criterios asumidos por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación como un referente de lo flexible y amplísimo que debe ser la tutela constitucional en pro de abolir la práctica reiterada de la detención indiscriminada por parte de las autoridades migratorias, al hacer incluso posible, que la medida cautelar se obsequie para el efecto de que la persona en cuestión sea puesto en libertad provisional, con las medidas de aseguramiento que se estimen pertinentes (en aras de garantizar que no se sustraiga del procedimiento administrativo respectivo). En estrecho vínculo con lo que antecede, los artículos 162, primer párrafo y 164, primero y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por su orden, prevén: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Acorde con las citadas disposiciones normativas, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Expuesto el marco jurídico aplicable al caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a las quejosas *************** y ******************** (de nacionalidad Guatemalteca), la suspensión de plano de los actos reclamados, en los siguientes términos: - Las autoridades responsables deberán abstenerse de mantener incomunicadas a las directas justiciables **************** y ***************** (de nacionalidad Guatemalteca), y de ejecutar cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional (golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad); - Tendrán que inhibirse de materializar la orden de deportación o traslado emitidos en su contra; - Comunicarles los derechos que tiene en calidad de migrantes; y, - De igual modo, deberán ponerlas en inmediata libertad. Dicha suspensión surte efectos desde luego; sin embargo, dejará de hacerlo únicamente para el caso de la libertad otorgada, si las quejosas incumplen con las siguientes medidas de aseguramiento: I. Proporcionar domicilio ubicado en esta ciudad, o bien, donde permanecerás las quejosas; II. Exhibir, cada una de ellas garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, moneda nacional), en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a satisfacción de este Juzgado de Distrito; III. Designen un fiador moral ante las autoridades migratorias, el cual deberá contar con identificación oficial, para efectos del procedimiento al cual se encuentra sujeta; IV. No podrán ausentarse de habitar en el domicilio proporcionado, sin previa autorización de este juzgado; V. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 168 de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa como obligación la de comparecer ante las autoridades migratorias señaladas como responsables, con residencia en esta ciudad, cuantas veces sean requeridas para la prosecución del procedimiento administrativo de migración, debiendo presentarse ante ellos los lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil; VI. Acreditar ante este juzgado tal presentación ante las autoridades migratorias responsables, con residencia en esta ciudad, los lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a cada presentación; VII. De igual forma, comparecer ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, como obligación, cuantas veces sean requeridas para ello. Apercibidas que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión aquí otorgada [únicamente respecto a la libertad personal obtenida, pues en modo alguno permitirá que las responsables vuelvan a mantenerla incomunicada ni podrán ejecutar las órdenes de deportación y traslado], y, entonces, será bajo el cuidado de las indicadas autoridades que tenga lugar el seguimiento para su debido cumplimiento. En el entendido de que las quejosas quedan a disposición, en cuanto a su libertad de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131 período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c) Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010 (9ª), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 26, con registro digital 163167, con rubro: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD." Lo anterior siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de aseguramiento antes precisadas, de lo cual también deberán informar las autoridades responsables periódicamente. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas emitidas por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que este tribunal comparte, mismas que fueron transcritas en párrafos que anteceden, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO."; "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." 4. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO. Requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen lo siguiente: I. El cumplimiento que den a cada punto de la suspensión de plano que se concede; II. Informen el lugar donde actualmente se encuentran las directas quejosas ***************** y ******************* (de nacionalidad Guatemalteca). III. Únicamente las autoridades con residencia en esta ciudad, para que periódicamente, posterior a la comparecencia de las quejosas, el lunes de cada semana o el día siguiente hábil, comuniquen el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; y, IV. Acrediten haberla prevenido sobre los lineamientos, obligaciones y las medidas de aseguramiento de la suspensión de plano para que goce de la libertad antes decretada. Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. 5. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta Ciudad, procediendo a la búsqueda de las quejosas ********************* y ******************* (de nacionalidad Guatemalteca), y las requieran para que en el acto de la notificación de este proveído o dentro de los TRES DÍAS siguientes, manifiesten su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor. Apercibida que, de no hacerlo así en el acto; o bien, en el término que para tal efecto se le concede, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas. En el supuesto de que las justiciables se encuentren en dicho lugar, y el encargado del mismo se niegue a ponerlas ante su presencia, o permitirles el acceso para cerciorase si se encuentran en el mismo, deberá apercibir a dicho encargado que, de persistir en su conducta se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a tales hechos que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. 6. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES FORÁNEAS. En otro tenor, dada la naturaleza de la suspensión de plano concedida, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 17 constitucional; en aplicación eficiente de las tecnologías de la comunicación, mediante versión digitalizada por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con transcripción de este proveído, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Hermosillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva notificar el presente proveído a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora; Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Jefe de Departamento Jurídico y de Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante oficio girado por esta autoridad, al que se anexe copia de la demanda de amparo. De igual manera, para que comisione al Actuario de su adscripción, con el fin de que se constituya en las instalaciones de las autoridades antes citadas, procediendo a la búsqueda de las quejosas ******************* y *********************, a quienes deberán requerir y apercibir en los términos indicados en el apartado marcado con el número cinco denominado "RATIFICACIÓN DE DEMANDA" del presente acuerdo. De igual forma, se habilitan días y horas inhábiles y se faculta al citado juez para que tome las medidas que considere necesarias para la debida diligenciación del exhorto de mérito; y en su oportunidad, una vez diligenciado, lo devuelva a este juzgado en versión digitalizada por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE); háganse las anotaciones en el libro de Gobierno. Sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo correspondiente en igual versión, toda vez que el propio sistema lo genera. 7. DOMICILIO. Del contenido de la demanda se advierte que el promovente señaló como domicilio los estrados de este juzgado; al respecto, no ha lugar acordar de conformidad el mismo, en razón de que del escrito de demanda se advierte que pide que las notificaciones, se le realicen vía electrónica mediante el usuario "Licpmg2010". 8. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Toda vez que el promovente solicita consultar el expediente electrónico y notificarse en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; consecuentemente, de conformidad con los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario "Licpmg2010". Para tal efecto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre de usuario que proporciona, para lo cual se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción; así como al Actuario Judicial adscrito para los efectos legales conducentes. 9. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. 10. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 11. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 12. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a efecto de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 13. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. 14. COPIAS. Se autoriza a las partes la expedición de un tanto de copias de las constancias que obren en el presente asunto sin previa solicitud por escrito, con la salvedad de que si llegase a ser necesario más de uno, su otorgamiento estará condicionada a la solicitud correspondiente.
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