Eladio Martinez Tamayo

Expediente 529/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Eladio Martinez Tamayo

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo1, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. ? Se ordena archivo.Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. ? Valoración de expediente. ***? Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.? Anotaciones en el libro de control y Sistema. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, en Celaya, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 529/2023-II, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar en atención a la causa de pedir, el acto reclamado se hace consistir en: El indebido desahogo de la audiencia de ley. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que el desahogo de la audiencia de ley, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que en la fecha para su continuación -seis de julio de dos mil veintitrés- o en el dictado de la sentencia, la parte quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una audiencia en la cual no se resolvió el fondo del asunto, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Lo anterior, porque el acto del que se duele constituye una lesión que podría quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse la sentencia que decida el juicio de origen, la que puede ser a su favor y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio que tenga a su alcance. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Suplencia de la queja. La suscrita no pasa inadvertida la contradicción de criterios 33/2015 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, donde dispuso que el espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia agraria, los diversos criterios que con un sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas integraciones y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para establecer la procedencia de la suplencia de la queja deficiente a ejidatarios o comuneros. Sin embargo, para que opera la suplencia de la queja, necesariamente es indispensable verificar la procedencia del juicio de amparo para dar cumplimiento exacto a las normas que lo regulan, ya que la suplencia no puede llegar al extremo de hacer procedente el juicio de amparo que conforme a la ley no lo es. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Igualmente, dígase al solicitante que el uso que haga a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Exhortación a iniciar el trámite del asunto «en línea». En atención a las nuevas disposiciones que rigen para el funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, se indica a las partes a que realicen la tramitación de sus asuntos mediante el esquema del «juicio en línea», en uso de la firma electrónica conocida como «FIREL» (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o «e.firma» (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Lo anterior de ninguna forma impedirá la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos, sin embargo, en atención a las nuevas directrices contenidas en el citado acuerdo general ya referido, únicamente serán estas las documentales que obren glosadas en el cuadernillo que para tal efecto se forme, no así las diversas que sean presentadas electrónicamente. De igual forma, esta juzgadora pone en conocimiento que adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, las partes podrán consultar su expediente electrónicamente haciendo uso de los equipos disponibles para tal efecto este órgano jurisdiccional disponga; los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de cada órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 253, 261 y 263, del citado acuerdo general. Atención al público; término para consultar el expediente. En términos del capítulo noveno, denominado "Registro y automatizado de inicio y conclusión de labores", del artículo 6, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Consecuentemente la consulta física o electrónica que se haga del expediente respectivo en las instalaciones de éste juzgado de Distrito, tendrá una duración máxima de veinticinco minutos. Por lo que se les solicita comedidamente aprovechen este espacio de tiempo para resolver dudas y consultar bastamente el expediente; en el entendido de que, de requerir más tiempo, esto estará sujeto a la disponibilidad de la agenda para la atención al público. Domicilio y autorizados.

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