Eladio Martínez Lucia
Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eladio Martínez Lucia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Se recibe el oficio de cuenta, enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 339/2021, e informa que acepta la competencia planteada del presente controvertido. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó remitir al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, por incompetencia; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual envía el testimonio de la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja administrativa (agraria) 276/2021, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Es FUNDADO el recurso de queja hecho valer por el quejoso *** por conducto de su apoderado SEGUNDO.- Se REVOCA el auto pronunciado el doce de julio de dos mil veintiuno por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el juicio de amparo indirecto 339/2021." En tales condiciones, acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que sea necesario glosar las copias certificadas con que se formó el citado cuaderno, en razón de que ya obran agregadas en autos; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Demanda de Amparo e identificación de la parte promovente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por conducto de su apoderado contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con residencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incompetencia. Ahora bien, la parte quejosa en el apartado como acto reclamado manifiesta la siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES QUE DE AMBAS RESPONSABLES SE RECLAMAN: LO ES LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA RESPONSABLE DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1999 (exp. No. 120/98), ASÍ COMO TODO EL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN A LA MISMA, DENTRO DEL EXPEDIENTE AGRARIO 120/1998. RESOLUCIÓN QUE CORRE EN PERJUICIO DE MI PODERDANTE EN RAZÓN QUE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN A DICHA SENTENCIA, EL SUSCRITO NUNCA CONTÉ CON ABOGADO NI TRADUCTOR, NO OBSTANTE SER UN HABLANTE DE LA ETNIA TENEK. ELLO EN ABIERTA VIOLACIÓN A MIS DERECHOS HUMANOS QUE TENGO COMO GOBERNADO Y MIEMBRO DE UN PUEBLO ORIGINARIO COMO ES EL "TENEK" O "HUASTECO." Luego, de los antecedentes de la demanda se advierte lo siguiente: 1. En el año mil novecientos noventa y ocho el quejoso *** fue citado al juicio agrario 120/1998 por el entonces Tribunal Unitario Agrario el Distrito 45, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, ahora Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, casi sin entender el español, puesto que es hablante natural de la lengua "tenek" o "huasteco"; además, sin haber sido asistido por un abogado o un traductor. 2. El veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con residencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas, dictó sentencia en el juicio agrario número 120/1998 de su índice. 3. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, *** se enteró que con motivo del aludido juicio agrario le fue desconocido el derecho a disfrutar de su parcela; sin embargo él lo desconocía porque seguía pagando contribuciones en el ejido sobre la parcela que aduce es de su propiedad y continuaba participando en las labores agrícolas en la misma. 4. Hasta que el apoderado *** quien dice ser hijo del poderdante, se enteró por ejidatarios del ejido "El May" del municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, que se pretendía despojar a ****, con base en la sentencia que se reclama, pues éste no habla ni entiende el español. Por tanto, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, por el que impone a los jueces de control constitucional el estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con residencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas, en la que le fue desconocido el derecho al quejoso de disfrutar de la parcela que aduce es de su propiedad, dentro del expediente 120/1998. En ese sentido, al constituir una resolución que pone fin al juicio, se llega al convencimiento contra esta procede el juicio de amparo directo, en término de lo establecido por los numerales 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 170, fracción I y 172 de la Ley de Amparo, que dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Ley de Amparo. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de Tribunales Judiciales, Administrativos y de Trabajo, el juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, contra las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, según lo disponen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 47, 170, fracción I y 172 de la Ley de Amparo. Asimismo, acorde con los diversos artículos 170, fracción I y 172 de la Ley de la materia, se entiende por sentencia definitiva, la que decide el juicio en lo principal, respecto de la cual las leyes ordinarias no conceden algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia; y por último, que se entenderá por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En ese orden, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó con claridad que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 34, 45 y 170, 172 y 176 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De ahí que, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo, pues como se dijo anteriormente el acto que reclama el quejoso es la sentencia de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con residencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas, en la que le fue desconocido el derecho al quejoso de disfrutar de la parcela que aduce es de su propiedad, dentro del expediente 120/1998. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de las sentencias definitivas, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una resolución que pone fin al juicio de origen; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/2015 (10a), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, abril de 2015, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese orden de ideas, se tiene que el acto que reclama la parte quejosa, se trata de una resolución de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con residencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas, en la que le fue desconocido el derecho al quejoso de disfrutar de la parcela que aduce es de su propiedad, dentro del expediente 120/1998; por tanto, en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, y 170, fracción I de la Ley de Amparo, contra ella procede el juicio amparo directo. Apoya lo siguiente la jurisprudencia 2a./J.65/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 346, septiembre de 1998, tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, número de registro 195616 de rubro y texto siguiente: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En esas razones, al constituir el acto reclamado una resolución que pone fin al juicio de origen, de conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo directo es de la competencia de un Tribunal Colegiado. En consecuencia, ante la incompetencia planteada, la suscrita se encuentra imposibilitada para analizar la legalidad o ilegalidad del acto referido, en la medida que ello será materia de análisis por el órgano colegiado que conozca del asunto. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para conocer del asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, por lo que deberá remitirse el juicio de amparo indirecto para los efectos legales a que haya lugar, para lo que tenga a bien determinar lo procedente, solicitándole acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se ordena formar el cuaderno de antecedentes certificado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos del juicio de amparo 339/2021, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa. Asimismo, se toma nota de que dicho medio de impugnación se admitió y el mismo quedó registrado con el número de queja administrativa (agraria) 276/2021. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito de cuenta, signado por ..., en representación de ..., parte quejosa del presente sumario, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de ".13 de Julio del año en curso, por el que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, S.L.P.", por conducto de este juzgado federal. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe sobre la materia de la queja que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto impugnado y remitiendo digitalmente el presente sumario constitucional, además, del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, en turno, a afecto de que provea lo conducente respecto del recurso que se hace valer. De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, resulta innecesario requerir a la parte promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; lo anterior en virtud, de que aquéllas no podrían ser diversas a la demanda, así como el acuerdo que desechó la misma, el auto recurrido y el emitido el quince de los corrientes; además de que las mismos, serán enviadas digitalmente. Notifíquese y personalmente.
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