Ekim Sayehd Tarango Cid
Expediente 941/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/12/2021
Partes del expediente
- Ekim Sayehd Tarango Cid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 en su numeral 1, 8.1.1 numeral 2 inciso a) y 8.1.2 numeral 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo solicitado, y destruible el original del incidente, pues se negó la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las once horas del doce de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 941/2021-III-C; estando en audiencia pública Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine o adscriba titular a este órgano jurisdiccional; conforme a lo dispuesto por los artículos 43 párrafo segundo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y con el párrafo cuarto del oficio CCJ/ST/2786/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario de Juzgado Valdemar González Huerta, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, el Secretario de Juzgado da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis aislada PC.II.P. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno de Circuito del Segundo Circuito, Décima Época, con registro 2017786, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, página 1345, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de epígrafe: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE". PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario de Juzgado da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS En seguida se abre la fase de alegatos y el Secretario de Juzgado hace constar que las partes ni la representación social los formularon. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 941/2021-III-C; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda y trámite del juicio. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a este órgano jurisdiccional; ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez que se admitió la demanda y después de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 103, fracción I, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una determinación emitida dentro un procedimiento del orden penal con residencia en el lugar donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, quien ahora resuelve considera que la parte quejosa reclama: Del Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: El oficio ***, de seis de septiembre de dos mil veintiuno. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual revocó del cargo de defensor particular al justiciable, dentro de la causa de control ***. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez referido al rendir sus informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con el disco en formato DVD´s certificado de la causa de control *** que contienen la carpeta digital; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo; y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida, se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga certeza de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable se observa que con fecha siete de septiembre del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de dicho juzgado el oficio ***, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual informó la situación laboral del quejoso, respecto de la suspensión con la cual contaba; razón por la cual debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a emitir consideración alguna, es menester reseñar diversas cuestiones trascedentales que dieron origen al acto reclamado, las cuales se advierten de las constancias que integran la carpeta digital remitidas por el Juez responsable a las cuales se les otorgó valor probatorio, a saber: a) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dio inicio a la continuación de la audiencia intermedia, respecto de la causa de control ***, seguida en contra de ***, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de violación con modificativa agravante por existir una relación de confianza entre el activo y la pasivo, en agravio de la víctima de identidad resguardada. En la propia audiencia, previa individualización de las partes, la Agente del Ministerio Público ***, hizo del conocimiento del Juez responsable que el defensor particular ***, es agente del ministerio público el cual se encontraba inhabilitado de manera temporal. Razón por la cual, previo debate entre las partes, se suspendió la audiencia y se señaló nueva fecha para su verificativo; por lo que el Juez responsable solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a fin de que informara el estado laboral de ***, y si estaba imposibilitado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. b) En cumplimiento a lo anterior, el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió el oficio ***, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, informando lo siguiente: "Con fundamento en los artículo 1º, 4º, 8º, y 28, fracción V, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 14, fracción XIV y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo 01/2016 del Fiscal General de Justicia del Estado de México; en atención a su oficio ***, por el cual, comunicó que en audiencia de continuación de intermedia, celebrada el 31 de agosto del año en curso, en la causa de control ***, compareció en audiencia ***, para aceptar y protestar como DEFENSA PARTICULAR, asimismo, solicitó se informara el estatus de Ekim Sayehd Tarango Cid, en la institución y si estaba imposibilitado para representar al acusado. En razón de lo anterior informo a usted lo siguiente: El suscrito titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva con fundamento en lo establecido por los artículos 21, párrafos penúltimo y último, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 5º, fracciones VIII y IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 83 y 83 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 28, fracción V y 32, apartado C, fracción I, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 1º y 3º, 14, fracción XIV, 32, fracción XIX, inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; emitió la medida precautoria de separación temporal del cargo radicada con el número ***, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se determinó suspender de manera temporal a Ekim Sayehd Tarango Cid, de su cargo como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien presuntamente dejó de cumplir uno de los requisitos de permanencia. Medida de suspensión temporal notificada el 27 de mayo de 2021. Medida que suspende de forma provisional al servidor público de la institución; en ese orden de ideas el citado servidor público al encontrarse separado temporalmente del cargo, no implica que haya perdido su calidad de servidor público dentro de esta Institución; motivo por el cual y con fundamento en los artículos 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se le informa que ***, no puede desempeñar sus funciones en asuntos del orden penal ni en asuntos de otra índole, sino hasta en tanto se resuelva su situación jurídico laboral con esta dependencia; de conformidad con el artículo 32, fracción XIX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. No se omite precisar que la medida de suspensión temporal actualmente sigue vigente. (.)". c) Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó: "AUTO. ALMOLOYA DE JUA´REZ, ESTADO DE ME´XICO; SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por recibido el escrito signado por el Licenciado ***, Director General Juri´dico y Consultivo de la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Me´xico. Visto su contenido, con fundamento en los arti´culos 68, 113 y 117 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por desahogado el requerimiento que se hiciera por e´ste Unitario en audiencia celebrada en fecha treinta y uno de agosto del an~o en curso, atendiendo a las manifestaciones vertidas por el Director General Juri´dico y Consultivo de la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Me´xico, donde en lo medular refiere que EKIM SAYEHD TARANGO CID, no puede desempen~ar sus funciones en asuntos de orden penal ni en asuntos de otro indole, si no hasta en tanto no se resuelva su situacio´n juri´dico laboral con la Fiscalia General de Justicia del Estado de Me´xico, en este acto, se procede a revocar el nombramiento hecho al Licenciado ***, por parte del acusado ***, como su defensor particular. En consecuencia, se da vista con el presente auto, asi´ como con el oficio de cuenta a la agente del Ministerio Pu´blico, defensores particulares y acusado para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar; lo anterior,a trave´s de cualesquiera de los notificadores adscritos a este recinto judicial. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE". La anterior determinación constituye el acto reclamado dentro del presente sumario bi-instancial. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Toda vez que no se advierten causas de improcedencia hechas valer por las partes, ni quien ahora resuelve estima que se actualice alguna de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. Con la finalidad de tener una mayor comprensión del asunto, es necesario plasmar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, a saber: Argumenta que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sin fundamento se le prohibie ejercer la profesión de licenciado en Derecho, con la cual proporciona alimentos y una vida digna a sus hijos, dado que al estar suspendido de su cargo no recibe remuneración alguna, y por ello se ve obligado a ejercer su profesión. También, el quejoso expone que se atenta en su contra el debido proceso, consagrado en los artículos 14 y 123 de la Ley Fundamental, dado que se le priva de su derecho al trabajo, al no existir una resolución judicial que indique que no puede desarrollar su profesión y que al estar suspendido no pierde su calidad de servidor público, dado que demandó la remoción del cargo, en la vía administrativa, con lo cual perdió la calidad de servidor público porque ya no ejerce actos inherentes a dicho encargo. Los conceptos de violación devienen inoperantes, sin que exista motivo para suplir la deficiencia de la queja, en virtud de que si bien el acto reclamado deriva de un asunto del orden penal, el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a los siguientes argumentos. Ahora bien, debemos recordar que el acto reclamado es el emitido el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual el Juez responsable revocó del cargo de defensor particular al quejoso para representar al inculpado Octavio Juárez Alejo dentro de la causa penal ***, ello con motivo del informe que rindió el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través del cual expuso que ***, se encontraba suspendido del cargo que ostentaba en dicha institución, medida que se encontraba vigente. En tal sentido, resultan inoperantes los conceptos de violación que vierte el quejoso dado que los mismos son tendentes a poner de manifiesto las consecuencias de la revocación del cargo de defensor particular, aduciendo que con ello se le priva de ejercer su profesión para poder proporcionarle alimentos a sus hijos y una vida digna y que por ello se ha visto en la necesidad de ejercer su profesión en la vertiente de la postulancía de asuntos; sin embargo, tales cuestiones son derivadas de la suspensión del cargo como Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, más no son tendentes a controvertir el argumento toral de la autoridad responsable relativo a que acorde con las manifestaciones vertidas por el Director General Juri´dico y Consultivo de la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Me´xico, el quejoso ***, no puede desempen~ar sus funciones en asuntos de orden penal ni en asuntos de otro i´ndole, si no hasta en tanto no se resuelva su situacio´n juri´dico laboral con dicha dependencia. En otras palabras, el hecho de que el quejoso se viera en la necesidad de prestar sus servicios profesionales con motivo de la suspensión temporal de su cargo como Ministerio Público, no controvierte la razón toral del acto reclamado, ya que esas son cuestiones subjetivas respecto de lo que considera se le ha afectado derivado de no poder continuar laborando momentaneamente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, más no atacan contundentemente la revocación del cargo de defensor particular que el Juez responsable consideró debía hacer con motivo del informe rendido por dicha dependencia. Misma suerte corren aquellas inconformidades donde expresa que ha promovido un juicio de remoción del cargo o que ha presentado su renuncia ante la Fiscalía, puesto que son acciones que en todo caso han sido su medio de defensa por cuanto hace al procedimiento de suspensión, más no a la revocación del cargo de defensor particular del inculpado dentro de la causa de control radicada ante el Juez de origen; máxime que en el caso particular no opera la suplencia de la queja deficiente por lo que el amparista se encontraba obligado a exponer argumentos sólidos que controvirtieran lo determinado por la responsable a fin de que éste órgano jurisdiccional pudiera abodar su estudio debidamente, de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167801, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación. Sirve de apoyo también, por identidad de razón, la jurisprudencia III.2o.C. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 72, diciembre de 1993, materia civil, página 75, que versa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". En las relatadas circunstancias, se concluye que, lo procedente, es negar el amparo y protección solicitado, respecto del acto reclamado relativo al auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable a través del cual revocó el nombramiento de defensor particular del inculpado en la causa penal ***, así como respecto del oficio ***, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en virtud de que el mismo devino del cumplimiento que dio el Director General Juri´dico y Consultivo de la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Me´xico, y que dio origen al primero de los actos reclamados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. OFICIO Intégrese el oficio signado por la Secretaria Particular adscrita a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento a los requerimientos de quince y veintiséis de octubre pasado, remite la constancia de notificación practicada al tercero interesado Alexis Martin Arias Valdez en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Genero, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, titular de la causa penal 479/2021. En consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, se tiene por legalmente emplazado al presente juicio. TRANSFERENCIA Ahora bien, toda vez que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, al tercero interesado antes descrito, procede diferir la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno y en su lugar se fijan las once horas del doce de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos, se advierte que en auto de quince de octubre anterior, se requirió a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que por su conducto se emplazara al Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal 479/2021 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin que a la fecha dicha Coordinación General de Litigación haya dado cumplimiento al requerimiento de mérito, no obstante de encontrarse debidamente notificada del mismo, tal como se corrobora con el acuse de recibo que obra en autos. REQUERIMIENTO En ese sentido, se requiere a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe a este Juzgado, el estado procesal de la diligencia de referencia. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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