Eitan Gustavo Hernández Jardines
Expediente 1998/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1998/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Eitan Gustavo Hernández Jardines
Actuaciones
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 161 a 174), la cual fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en la cual por una parte se sobreseyó el juicio, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ************,, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables (1) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo, (2) Jefa de Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Hidalgo y (3) Jefe del Departamento de Medicina del Trabajo, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, lleven a cabo lo siguiente: "Así, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *** contra los actos reclamados a las autoridades responsables (1) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo, (2) Jefa de Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Hidalgo y (3) Jefe del Departamento de Medicina del Trabajo, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que realicen lo siguiente: 1. Dejen sin efectos legales lo actuado en el expediente administrativo abierto a nombre de *******, con posterioridad a la prevención realizada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés a la (1) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2. La (2) Jefa de Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicte una resolución en la que realice de nueva cuenta la prevención, para los efectos que estime necesarios, a la (1) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. La (1) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dé cabal cumplimiento en tiempo y forma a la prevención realizada; y, 4. Se substancie como legalmente corresponda el recurso de inconformidad planteado por la quejosa ***." Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa en lo individual de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a las autoridades responsables que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Incidental
Ampliación de demanda. Agréguese a los autos la promoción, y, visto su contenido, téngase a ********, pretendiendo ampliar su demanda de amparo respecto a las autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación que ahí menciona, por lo que a efecto de emitir un pronunciamiento apegado a derecho, se procede al análisis integral de las constancias que obran en autos y del ocurso de referencia. Así, en principio se precisa que en cuanto a las autoridades responsables y actos reclamados por los cuales pretende la parte quejosa efectuar dicha ampliación, son: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a) - C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO con domicilio en Calle H. Colegio Militar número 6 Colonia Centro en Tula de Allende, Hidalgo. b) - C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, de expedientes pares, con domicilio en Calle H. Colegio Militar número 6 Colonia Centro en Tula de Allende, Hidalgo. c). - REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO con domicilio en Carretera Tula-Jorobas número 140, El Llano primera sección, en Tula de Allende, Hidalgo, "Plaza Kristal Shopping Center". IV.- AMPLIACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: 1).- Del C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO reclamo en calidad de tercero extraño, la afectación a mi derecho de posesión, por la falta de emplazamiento o llamamiento, a la tramitación del ilegal juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el número de expediente ********************/2015, promovido por ******************** endosatario en procuración de ********************, en contra de ********************, así mismo todas y cada una de las actuaciones que obran en autos, por violar mis derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, al no ser oído y vencido en juicio, dejándome en estado de indefensión, en consecuencia también reclamo la nulidad absoluta de todo lo actuado dentro del mismo, ampliando las actuaciones ilegales que se detallan, dentro del juicio que se combate. (.) 2).- DEL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, de expedientes pares, reclamo todos los actos tendientes a ejecutar y poner en posesión real, material y jurídica a la C. ********************, o a quien sus derechos represente, de mi posesión ubicada en ********************, Hidalgo, en especial la inminente orden ejecución de lanzamiento del inmueble del cual, soy poseedor, vulnerando mi interés jurídico, al privarme de mis derechos humanos, sin existir ningún juicio previo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. (.) 3).- DEL C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, se reclama cualquier ilegal inscripción, cancelación o protocolización que se haya realizado en perjuicio del suscrito, deducido del ilegal juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el número de expediente ********************/2015, promovido por ********************, en contra de ********************." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a) - C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO con domicilio en Calle H. Colegio Militar número 6 Colonia Centro en Tula de Allende, Hidalgo. b) - C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, de expedientes pares, con domicilio en Calle H. Colegio Militar número 6 Colonia Centro en Tula de Allende, Hidalgo. c). - REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO con domicilio en Carretera Tula-Jorobas número 140, El Llano primera sección, en Tula de Allende, Hidalgo, "Plaza Kristal Shopping Center". IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1).- Del C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO reclamo en calidad de tercero extraño, la afectación a mi derecho de posesión, por la falta de emplazamiento o llamamiento, a la tramitación del ilegal juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el número de expediente ********************/2015, promovido por ********************, en contra de ********************, así mismo todas y cada una de las actuaciones que obran en autos, por violar mis derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, al no ser oído y vencido en juicio, dejándome en estado de indefensión, en consecuencia también reclamo la nulidad absoluta de todo lo actuado dentro del mismo, o, en especial el auto ilegal de techa 24 veinticuatro de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, consistente en poner en posesión real, material y jurídica a la C. ********************, o a quien sus derechos represente, de mi propiedad ubicada en ********************. Hidalgo, por vulnerar mi interés jurídico, al privarme de mis derechos humanos, sin existir ningún juicio previo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 2).- DEL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, de expedientes pares, reclamo todos los actos tendientes a ejecutar y poner en posesión real, material y jurídica a la C. ********************, o a quien sus derechos represente, de mi posesión ubicada en ********************, Hidalgo, en especial la inminente orden ejecución de lanzamiento del inmueble del cual, soy poseedor, vulnerando mi interés jurídico, al privarme de mis derechos humanos, sin existir ningún juicio previo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 3).- DEL C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, se reclama cualquier ilegal inscripción, cancelación o protocolización que se haya realizado en perjuicio del suscrito, deducido del ilegal juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el número de expediente ********************/2015, promovido por ********************, en contra de ********************." Así, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados por los que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo, son los mismos y/o constituyen los que originaron y por los que se tramita el juicio de amparo en que se actúa y, por ende, por lo que hace a dicho aspecto, la ampliación de demanda es improcedente. Resulta axiomático que las actuaciones u omisiones que hayan acontecido para dar lugar a los actos por los cuales pretende ampliar la demanda forman parte de los diversos impugnados precitados, los que desde luego se analizarán al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Sin embargo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de derechos fundamentales, únicamente respecto de los conceptos de violación que hace valer. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos que se le reclaman, enviando para tal efecto copia simple debidamente sellada y cotejada del escrito de ampliación de demanda, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Pruebas. Téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y de presunciones a que el escrito de cuenta se refiere, sin perjuicio de proveerse sobre ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, por cuanto hace a las pruebas que solicita le sean requeridas a ********************, notario adscrito a la Notaría Pública número ******* del Distrito Judicial Tula de Allende, Hidalgo y al Archivo General de Notarias, dígasele que no ha lugar a girar los oficios a fin de que las citadas autoridades expidan o bien remitan dichas documentales, conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que al escrito de cuenta no anexa constancia alguna con la cual acredite haber solicitado ante dichas autoridades la información que refiere, pues las mismas tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos requeridos ante ella, dentro del plazo de cinco días, y transcurrido dicho término, opera que este juzgado requiera la copia certificada de la documental que nos ocupa, ello al tenor del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 135/2010, quien estableció que entre la fecha de la celebración de la audiencia constitucional y la solicitud de expedición de copias, deben mediar cinco días hábiles a efecto de que la autoridad cuente con el tiempo razonable para atender la petición realizada ante su potestad. Vista Finalmente, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Glósese el escrito signado por la tercera interesada ***** (por sí y como cónyuge supérstite de ********), por medio del cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto. Atento a lo anterior, se tiene por apersonada a la presente contienda constitucional a la ocursante; asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de cuenta. Por tanto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal que se ordenen, se deberán efectuar en el lugar que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicando supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente copia certificada de la totalidad de constancias solicitadas, las cuales integran el expediente en que se actúa. En consecuencia, con la finalidad de que la quejosa, o bien sus autorizados puedan obtener las copias de referencia, se fijan las nueve horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, -data que se agenda en virtud de que así lo permiten las actividades de este órgano jurisdiccional-, para que comparezcan a este recinto oficial, el cual se ubica en****** a efecto de que en compañía del Actuario judicial adscrito, se trasladen al centro de fotocopiado y realicen lo conducente. En otro orden de ideas, agréguese el oficio signado por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Atotonilco El Grande, Hidalgo, con el que devuelve diligenciado el despacho *********** acompañando las constancias relativas al emplazamiento de la tercera interesada antes citada, esto es, ************* (por sí y como cónyuge supérstite de**********), tal como lo manifestó ésta en el catorce de los actuales, ante el fedatario judicial adscrito al juzgado despachado. Toda vez que fue devuelta la comunicación oficial de cuenta, dese de baja en el libro de gobierno y en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes. Consecuentemente, advirtiéndose de las constancias que remite la autoridad oficiante que se llevó a cabo lo encomendado, se tiene por emplazada al presente juicio a la citada parte procesal; además, se tiene por aclarado que ************, son la misma persona, según lo manifestado por **********, en la encomienda de catorce de noviembre de este año. No pasa inadvertido para esta juzgadora, el hecho de que en la diligencia de emplazamiento de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el actuario adscrito al órgano jurisdiccional requerido, asentó como data en que la realizó, catorce de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, es inconcuso que se trata de un simple error mecanográfico, dada la fecha en que se ordenó su diligenciación por parte de la jueza de primera instancia, esto es, el ocho de noviembre de la anualidad cursante. Por tanto, se tiene como fecha del llamamiento practicado a la tercera interesada ********(por sí y como cónyuge supérstite de ***********), el catorce de los actuales, máxime que al haber comparecido al presente asunto, como se observa supra, convalidó dicha actuación. Es aplicable por identidad jurídica, la tesis aislada P. XLVIII/98, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mayo de 1998, Tomo VII, Materia Común, del rubro siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO."
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