Eira Yanet Viveros Barrios

Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Eira Yanet Viveros Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA VI ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese el escrito de quejosa Eira Yanet Viveros Barrios, por medio del cual solicita la expedición de la copia certificada que menciona en su escrito de cuenta del expediente en que se actúa.********************Al respecto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de la copia certificada que solicita, previa razón que de su entrega se deje en autos.********************Lo anterior, siempre y cuando se restablezca el servicio de fotocopiado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en esta población.********************No obstante lo anterior, hágase de conocimiento de la quejosa que, como le fue autorizado en auto inicial, se encuentra en aptitud de hacer uso de medios electrónicos, cámaras o teléfonos celulares que cuenten con la aplicación para obtener impresiones fotográficas y una vez que las imprima traerlas a este Juzgado para su certificación, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos, y conforme las labores del juzgado lo permitan. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente:****************************************"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".****************************************En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido.********************De igual manera, se encuentra en posibilidad de obtener un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de solicitar a este Juzgado el acceso al expediente electrónico, con el cual, podrá también obtener las constancias que requiera, las cuales al contener firma electrónica con evidencia criptográfica, hacen las veces de una copia certificada.********************Finalmente, se le tiene autorizando a las personas que menciona para intervenir en el trámite relativo a las copias certificadas solicitadas. ********************Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción I, la destrucción deberá realizarse después de tres años. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; asimismo, que no se encuentra pendiente devolver documentos originales. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que, si bien se concedió la suspensión provisional, cierto es que se negó la suspensión definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1030/2022, promovido por *****, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otra autoridad, y; ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, .... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca Los acuerdos de veinticinco y treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante los cuales ordenó la devolución lisa y llana de los vehículos de motor propiedad de la quejosa, asegurados dentro de la carpeta de investigación ****. La falta de apercibimiento a fin de que se proceda a la entrega de dichas unidades de motor. La orden verbal de aseguramiento. El plazo de cinco días para cubrir el monto por arrastre y pago de derechos de estancia de las unidades de motor. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En relación con el acto reclamado consistente en: El acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó la devolución lisa y llana de los vehículos de motor propiedad de la quejosa, asegurados dentro de la carpeta de investigación ****. El plazo de cinco días para cubrir el monto por arrastre y pago de derechos de estancia de las unidades de motor. Al rendir informe justificado, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenta, si bien expresamente no negó la existencia del acuerdo dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós en la carpeta de investigación de origen, del resto de sus manifestaciones se deduce su inexistencia, dado que refirió que fue mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que resolvió lo relativo a la procedencia de la devolución lisa y llana a la quejosa de sus vehículos de motor. Y en el aludido informe, refirió que no otorgó un plazo de cinco días para cubrir monto de arrastre y pago de derechos de estancias de las unidades de motor, lo que además se corrobora con el contenido del acuerdo reclamado de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó la devolución de los vehículos en comento, únicamente previa identificación de la quejosa y trámites administrativos, sin fijar plazo para que ésta cumpliera con diversas obligaciones o requisitos. Constancias las indicadas, deducidas de la copia cotejada que de diversas documentales integradas a la carpeta de investigación ****, aportó la representación social responsable, las cuales por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada por la parte quejosa, en relación con los actos antes referidos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio. CUARTO. Certeza de diverso acto reclamado Al rendir informe justificado, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, si bien no expresó aceptar o no la existencia de los actos reclamados, consistentes en: El acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, ordenó la devolución lisa y llana de los vehículos de motor propiedad de la quejosa, asegurados dentro de la carpeta de investigación ****. La falta de apercibimiento a fin de que se proceda a la entrega de dichas unidades de motor. La orden verbal de aseguramiento. De su contenido se deduce su existencia, pues respecto al primero de los actos antes precisados, expresamente refirió que en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, acordó procedente la devolución de los vehículos de motor en cuestión, sin que ello implicara se efectuara de manera gratuita, es decir, sin carga respecto del pago de derechos de arrastre o de piso que se hubieran generado. Asimismo, por lo que hace a la falta de apercibimiento a fin de proceder a la entrega de los vehículos de motor, señaló que ". comunicar un apercibimiento de un medio de apremio al encargado de Grúas Tuxtepec para la liberación de los vehículos de motor de manera gratuita, representaría un acto contrario a derecho."; lo que evidencia no efectuó apercibimiento dirigido a lograr la devolución de los vehículos indicados por la quejosa, y en consecuencia, la existencia de la omisión reclamada. En relación con la orden de aseguramiento, si bien de las constancias remitidas por la representación social responsable no se aprecia que expresamente lo hubiera emitido, ni tampoco se pronuncia al respecto al rendir su informe, del contenido de la carpeta de investigación, *****, de la cual remitió diversas constancias en copia cotejada, se advierte que los vehículos de motor que aduce la quejosa son de su propiedad, fueron puestos a disposición de la representación social responsable, en virtud de la detención de dos personas en flagrancia realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Tuxtepec, a quienes además aseguraron dos vehículos de motor (respecto de los que se solicitó la devolución al Ministerio Público), los cuales también fueron puestos a disposición de la representación social. De ahí que, la puesta de disposición de las unidades de motor en comento, realizada al Agente del Ministerio Público responsable, implica necesariamente su aseguramiento en tanto se realizaran los actos de investigación que los involucraran; máxime que sería dicha autoridad la que definiría lo relativo a su devolución, misma que posteriormente le fue solicitada por la quejosa. Así, se tiene por ciertos los actos reclamados en cuestión. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte: Mediante informe policial homologado AEI/CG-CUE/TUXTEPEC/231/2022, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Tuxtepec, dejaron a disposición de la autoridad ministerial a dos personas, por haber sido detenidas en flagrancia en atención a su probable intervención en la comisión de un delito; además, también dejaron a disposición de dicha autoridad, dos vehículos de motor, uno marca Nissan tipo estaquitas, color gris, de una cabina, con placas de circulación ****; y otro marca Toyota tipo Hilux, modelo dos mil deiciocho, con número de serie *****, con placas de circulación ****, del Estado de Oaxaca. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público responsable ordenó la devolución de los vehículos de motor puestos a su disposición a la quejosa, de manera lisa y llana, previa identificación y trámites administrativos, para lo cual ordenó girar los oficios correspondientes al encargado del encierro de Grúas Tuxtepec. SEXTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Respecto a los actos reclamados consistentes en: El acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, ordenó la devolución lisa y llana de los vehículos de motor propiedad de la quejosa, asegurados dentro de la carpeta de investigación *****. La falta de apercibimiento a fin de que se proceda a la entrega de dichas unidades de motor. La orden verbal de aseguramiento. Se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de promover este juicio. El precepto invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.].". Conforme al precepto en cuestión, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Asimismo, se establecieron como excepciones al principio de definitividad: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, se colman los anteriores requisitos. Ello es así, pues el primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del acto reclamado, resulta procedente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del contenido del precepto en mención, se deduce que es posible impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, a través del Juez de Control. Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese sentido, en relación con el aseguramiento de los vehículos de motor respecto de los que la quejosa aduce ser propietaria; así como el acuerdo reclamado de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la representación social responsable ordenó la entrega lisa y llana de los vehículos a la quejosa, sin apercibir al encargado del encierro de Grúas Tuxtepec, con imponer medio de apremio alguno en caso de no hacerlo, al tratarse de actuaciones en la fase de investigación; corresponde al Juez de Control determinar si hubo afectación a los derechos humanos de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sirven de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, cuyos rubros y textos refieren: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". Así, el tercer requisito se colma, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es preciso destacar que la quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, porque de sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto que impugna. Además, la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Y si bien en el caso no se trata de una omisión del Agente del Ministerio Público de investigar; al constituir una determinación realizada en la etapa de investigación, ésta de igual manera puede ser impugnada ante el Juez de Control, como lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado en sentido contrario. Resulta aplicable al caso, el criterio X.1o.1 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo III, con registro digital 2023161, cuyo rubro y texto son: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión.- Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ... contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y sexto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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