Egna Patricia Ahumada Lara
Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Egna Patricia Ahumada Lara
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos que deban ser susceptibles de ser devueltos. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por la Actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido del informe rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que subsano la omisión reclamada; y del contenido de informe rendido por la Actuaria adscrita a dicho Tribunal, se advierte que son ciertos los actos reclamados pues así lo manifestó al rendir su informe de ley. Correo electrónico. Téngase a las autoridades responsables por señalando como correo electrónico el que indican. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicitan las autoridades oficiantes, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar la promoción presentada el uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 47/2007/M-5 y de la actuaria de su adscripción, su notificación. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal responsable, el nueve de febrero de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 47/2007/M-5, cuya omisión se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, así como del informe rendido por la Actuaria adscrita al Tribunal responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa el auto de nueve de febrero del año en curso, en el citado expediente; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista el presente proveído en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por la Actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido del informe rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que subsano la omisión reclamada; y del contenido de informe rendido por la Actuaria adscrita a dicho Tribunal, se advierte que son ciertos los actos reclamados pues así lo manifestó al rendir su informe de ley. Correo electrónico. Téngase a las autoridades responsables por señalando como correo electrónico el que indican. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicitan las autoridades oficiantes, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar la promoción presentada el uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 47/2007/M-5 y de la actuaria de su adscripción, su notificación. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal responsable, el nueve de febrero de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 47/2007/M-5, cuya omisión se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, así como del informe rendido por la Actuaria adscrita al Tribunal responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa el auto de nueve de febrero del año en curso, en el citado expediente; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista el presente proveído en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la Universidad del Valle de México en auto de veintiuno de enero del presente año, para que designe perito que pueda fungir en auxilio de las labores de este juzgado. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad de que dicha autoridad atienda el requerimiento realizado, se difiere la celebración de la audiencia del incidente por violación a la suspensión de plano (actualmente denominado incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión) programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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