Egar Jovanni Juarez Castro
Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Egar Jovanni Juarez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que el referido auto está FIRME, para todos los efectos legales. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como concluido.
- Principal
Vista el estado que guardan los autos y tomando en consideración que el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, no se publicó en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado; por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que lleve a cabo la publicación respectiva. Asimismo, se ordena notificar a las partes el acuerdo de diez de junio del presente año. Vista la cuenta que antecede, toda vez que la autoridad responsable Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, y notificado ante su potestad el trece de mayo del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintisiete de abril de este propio año y se impone una multa al GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, con domicilio en Avenida Chairel s/n entre Eucalipto y Nogal, colonia Altavista, código postal 89240, en Tampico, Tamaulipas, por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar $96.22 que corresponde al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a los artículos 238 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, por cien veces, dando la cantidad referida; lo anterior, en razón de ser este momento en que se están haciendo valer dicha multa. Para ello, envíese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación "5", con sede en esta ciudad, para que haga efectiva la multa impuesta al GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y desde luego se requiere a dicha autoridad para que en su oportunidad se sirva informar a este Juzgado las gestiones encaminadas y su resultado de dicho encargo. PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD ha sido omisa en dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, realizar a la parte quejosa la devolución de la actualización y pago de intereses sobre la suma de $163,713.56 (ciento sesenta y tres mil setecientos trece pesos 56/100 moneda nacional), depositada en cheque ante este Juzgado de Distrito, y recibida por el apoderado de la parte quejosa el diez de diciembre de dos mil veinte, la cual deberá realizarse conforme a lo previsto por los artículos 18-A y 23 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas; lo anterior en base a lo dispuesto por la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas en su dispositivo legal 149. Al respecto los artículos en comento precisan: Artículo 149. 1. Los adeudos a cargo de los usuarios y en favor de los organismos operadores municipales, intermunicipales, regionales o, en su defecto, de la Comisión, derivados de los precios o tarifas por la prestación de los servicios públicos, tendrán el carácter de créditos fiscales para efectos de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. 2. A los adeudos que conforme a este artículo adquieran el carácter de créditos fiscales les serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal del Estado relativas a la actualización y recargos. ARTICULO 18-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del Fisco Estatal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior, al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco Estatal, no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con los (sic) dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate. Los índices mencionados son los que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calculados en los términos del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación y se publican en el Diario Oficial de la Federación. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. Cuando la actualización se realice en pagos provisionales, su importe no será deducible ni acreditable. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco estatal, así como los valores de bienes en operaciones de que se traten, será 1. ARTICULO 23.- . Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. Los retenedores y demás responsables solidarios podrán solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración. El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco estatal el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 22 de este Código, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En estos casos el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor o responsable solidario. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución. En ningún caso los intereses a cargo del fisco estatal excederán de los que se causan en cinco años. Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades solicitadas por los contribuyentes, sin que medie, más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este artículo o la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declare haber hecho, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del Artículo 22 de éste Código, sobre las cantidades totales devueltas indebidamente, las cuales se actualizarán conforme a lo previsto en el Artículo 18-A de este Código desde el mes en que se efectuó la devolución y hasta el mes en que la misma sea reintegrada al fisco. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Lo dispuesto en el quinto párrafo de este Artículo también será aplicable cuando las autoridades fiscales hayan efectuado compensación de oficio en los términos del Artículo 24 de este Código." No obstante que éste órgano jurisdiccional ha agotado las medidas necesarias para ello; en consecuencia, en atención a lo previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo y dado lo expuesto en el presente auto, se remiten los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil que por razón de turno corresponda a fin que de dicha autoridad determine lo que corresponda.. Tienen aplicación los siguientes criterios: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Jurisprudencia Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Época: Décima Época Registro: 2007911 Instancia: Pleno Jurisprudencia Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Localización: Libro 12, Noviembre de 2014 Tomo I. Materia(s): Común Página 5 "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Precisado lo anterior, por lo que hace al escrito que signa el autorizado del quejoso, dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, efectúese al citado quejoso la notificación correspondiente por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio cierto y actual para oír y recibir notificación. Por tanto se notifica por lista de acuerdos al quejoso Edgar Jovanni Juárez Castro, el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que dice: Por recibido el escrito signado por el quejoso Edgar Jovanni Juárez Castro, por el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el promovente no precisó de manera clara y concreta cuál es el acto en particular que le reclama a cada una de las autoridades responsables. En consecuencia, ante la presentación del escrito de cuenta, se interrumpe el término concedido a la parte promovente y se reanuda hasta el día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se practique del presente acuerdo.
- Principal
Por lo expuesto en el presente auto, se difiere la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma.
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