Efrén Tiburcio Rojas Dávila
Expediente 504/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2018
Partes del expediente
- Efrén Tiburcio Rojas Dávila
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, por el que se interpone recurso de inconformidad, en contra de la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, dictado por la presidencia de este órgano colegiado; en consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse los agravios de referencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que se le asigne el número de turno correspondiente, y una vez hecho lo anterior, sea devuelto a la brevedad posible a este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de julio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos y advirtiendo que únicamente la parte quejosa (fojas 128 a 133 del juicio de amparo) ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "A propósito del otorgamiento del amparo, la autoridad responsable, deberá efectuar las actuaciones siguientes: 1. Dejar sin efectos la sentencia reclamada de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 121/2016. 2. Dictar otra en la que declare fundados los agravios del recurrente, aquí quejoso, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria sostenga que el quejoso justificó que debe recaer en su favor, la certificación de que ha operado la afirmativa ficta respecto a la solicitud recibida el veinte de agosto de dos mil catorce, ante el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo al derecho que tiene a recibir la pensión bajo los lineamientos establecidos en la ley o con los requisitos y límites respectivos." (Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente). En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TCA/SGA/9559/2017, de veintitrés de octubre del año en curso, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México remitió copia certificada de la sentencia de diecinueve de los citados mes y año, donde se advierte, en su considerando quinto, dejó insubsistente la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión 121/2016. De igual forma en el considerando sexto, procedió a emitir la nueva determinación declarando fundados los agravios de la recurrente -aquí quejosa-, revocó la resolución de primera instancia, declaró la invalidez del oficio 203F-42203/3595/2015; y condenó a las autoridades demandadas a que certifiquen que ha operado a favor del quejoso la afirmativa ficta recaída a su petición de pensión de veinte de agosto de dos mil catorce. Se transcribe: "SEXTO. En relación al efecto número 2) de la ejecutoria de amparo a cumplimentar, esta Sección Revisora, procede a emitir una nueva determinación en los siguientes términos: Se procede al análisis de los agravios que propone el particular recurrente, en la presente vía, el cual refiere esencialmente lo siguiente: (.) Los agravios formulados por el particular recurrente resultan fundados y suficientes para REVOCAR la resolución de primera instancia, eso en atención a las consideraciones que en seguida se exponen. (.) Sin embargo, no debe perderse de vista que la pretensión principal reclamada por el demandante en el medio de defensa que se analiza, consiste esencialmente en la emisión de la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta, planteamiento que fue formulado al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el veinte de agosto de dos mil catorce, y que no fue debidamente atendida por éste, por ello es que si se debe considerar como demandada a la mencionada autoridad, al haber omitido dar respuesta a la petición formulada por el accionante el veinte de agosto de dos mil catorce, esto en términos del numeral 230 fracción II inciso b) del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. (.) Con base en lo anterior, y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 504/2016, esta Primera Sección de la Sala Superior determina que los agravios formulados por el recurrente han resultado fundados, y, por tanto, lo procedente es con fundamento en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, REVOCAR la sentencia de once de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional en el Juicio :Administrativo 963/2015; asimismo, con fundamento en el artículo 1.8 fracciones VII y VIII y 1.11 fracción I del Código Administrativo del Estado de México, así como el diverso numeral 273 fracción VII del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se declara la INVALIDEZ del oficio número oficio número (sic) 203F-42203/3595/2015, de tres de septiembre de dos mil quince, emitido por la Jefa del Departamento de Pensiones y Secretaria Técnica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Ahora bien, con fundamento en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y con la finalidad de restituir al particular recurrente en el pleno goce de sus derechos afectados, -se condena a las autoridades demandadas a que en un plazo que no exceda de tres días siguientes al en que cause ejecutoria el presente fallo, certifique que ha operado a favor de Efrén Tiburcio Rojas Dávila, la afirmativa ficta recaída a su petición de pensión de veinte de agosto de dos mil catorce, y en consecuencia realice las gestiones necesarias a fin de que el Presidente y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, otorgue el dictamen de pensión que en derecho corresponda bajo los lineamientos establecidos en la ley, con los requisitos y limites respectivos; asimismo se concede a dicha autoridad un diverso plazo de tres días para que informe a la Magistrada de la Primera Sala Regional de este Tribunal de Justicia Administrativa, sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibida de que para el caso de no hacerlo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio contempladas en los artículos 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." (Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente). Ello pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con los efectos precisados en los puntos 1 y 2 del fallo protector. Por otra parte, en cuanto al escrito de la parte quejosa presentado el seis de noviembre del año en curso, mediante el cual manifiesta su inconformidad, por estimar que: La pretensión del suscrito y la propia naturaleza de la afirmativa ficta no constituyen tan solo el hecho de que se otorgara el dictamen de pensión como lo refiere la autoridad responsable, sino indudablemente de que el mismo se otorgara en términos del artículo 66, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus municipios y de los Organismos Coordinados y descentralizados de mil novecientos sesenta y nueve. Que la naturaleza de la afirmativa ficta que se ha ordenado no se satisface con la simple certificación de que ha operado la afirmativa ficta respecto a la solicitud recibida el veinte de agosto de dos mil catorce, ante el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo al derecho que tiene a recibir la pensión, sino que esta debe ser atendiendo a lo peticionado en los términos planteados por el quejoso, ello en aras de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado y atendiendo a que la misma se trata de figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelva lo solicitado por el particular conforme a lo peticionado. Argumentando que: El veintiuno de agosto de dos mil quince, solicitó en términos de lo dispuesto por el artículo 135, del Código de Procedimientos del Estado de México, se certificara que había operado a su favor la afirmativa ficta respecto a la solicitud de pensión y respecto al monto de la misma, donde de conformidad con la Ley aplicable debería considerarse el último sueldo percibido como Secretario General de Gobierno al momento de efectuar el cálculo; sin embargo la autoridad ahora demandada no expidió dicha certificación, sino que emitió la respuesta a su ocurso de veintiuno de agosto de dos mil quince, mediante oficio número 203F-42203/3595/2015 de tres de septiembre de dos mil cinco, notificado hasta el cinco de octubre de dos mil quince, dictado por la Jefe del Departamento de Pensiones y secretaria Técnica del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en el cual refiere que la afirmativa ficta no es aplicable. Que de lo anterior se puede apreciar la naturaleza de la solicitud realizada que va más allá de únicamente del hecho de que se otorgue el dictamen de pensión como lo refiere la autoridad responsable, sino indudablemente de que el mismo se otorgue en términos del artículo 66, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México de sus municipios y de los Organismos Coordinados y descentralizados de mil novecientos sesenta y nueve. Al respecto, cabe referir que, lo cierto es que del contenido del considerando séptimo de la ejecutoria de amparo, el punto "2" de los efectos del amparo otorgado fue entre otras cosas, que la Sala dictará una nueva sentencia en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, sostuviera que el quejoso justificó que debe recaer en su favor, la certificación de que ha operado la afirmativa ficta respecto a la solicitud recibida el veinte de agosto de dos mil catorce, ante el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo al derecho que tiene a recibir la pensión bajo los lineamientos establecidos en la ley o con los requisitos y límites respectivos, por lo que la autoridad actúo en estricto cumplimiento a la misma. En otro sentido, en lo relativo a que de la naturaleza de la solicitud realizada, esta va más allá de únicamente el hecho de que se otorgue el dictamen de pensión como lo refiere la autoridad responsable, sino indudablemente de que el mismo se otorgue en términos del artículo 66, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México de sus municipios y de los Organismos Coordinados y descentralizados de mil novecientos sesenta y nueve; éstas no pueden ser materia de análisis del presente proveído, dado que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado únicamente debe declarar si la ejecutoria de que se trata fue cumplida o no en sus términos, además de verificar si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Por tanto, la presente no es la vía para analizar los aspectos que aduce la parte quejosa, por lo que quedan a salvo sus derechos para hacer valer los medios de impugnación que estime pertinentes. Cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y textos siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa, y tercero interesada, que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." Notifíquese; personalmente por medio de lista a la parte quejosa de conformidad a lo acordado en auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 50 vuelta y 124 de estos autos) y por oficio a la autoridad tercero interesada y, en su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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