Efren Reyes Velázquez
Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Efren Reyes Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse a la responsable, las constancias que remitió a este juicio, sin que sea necesario que acuse por su recibo por ser copias certificadas.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL Intégrese la razón de notificación a través de la cual la actuaria judicial adscrita, comunica la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso Efrén Reyes Velázquez la determinación de catorce de los corrientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la aludida determinación, la relativa a este proveído, así como los subsecuentes, aun las de carácter personal al impetrante por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Estado de México).
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CATORCE DEL MISMO MES Y AÑO QUE DICE: Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, declina competencia, respecto del juicio de amparo directo 91/2017 de su índice. COMPETENCIA En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se asume la competencia declinada; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese el recibo respecto a los autos originales del juicio de amparo directo 91/2017 de su índice y los anexos consistentes en los autos originales del juicio sucesorio intestamentario 607/2000 y el diverso 577/2008, ambos del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México; asimismo, regístrese la demanda bajo el número 211/2017-VI-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 607/2000 del índice de la responsable en la que se declaró infundada la revocación planteada por el aquí quejoso en contra del auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciado en el mismo expediente. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, interpretados de manera armónica. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. " "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. ". Por tanto, es evidente que los actos reclamados no son de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Es dable señalar que el amparo indirecto, en el caso que nos ocupa, juicio sucesorio intestamentario, procede, una vez cumplido el principio de definitividad, en contra de las resoluciones que den por terminadas las tres primeras etapas de ese juicio, en virtud de que, las mismas, no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida la etapa correspondiente. Mientras que, respecto a la cuarta etapa, procederá el amparo directo en contra de la resolución que se dicte, en virtud de que en aquélla se está resolviendo en definitiva la totalidad del juicio sucesorio planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son del rubro siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN". SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL". Ahora, de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, se advierte que el acto reclamado, resolución interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación entablado en contra del proveído de dos de septiembre de ese año, emitido dentro del incidente de oposición al proyecto de partición, que presentó el albacea dentro de la cuarta sección, denominada "partición de herencia" del juicio sucesorio intestamentario 607/2000 del índice del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. En ese tenor, en el proveído de dos de septiembre de dos mil dieciséis, el juzgador responsable ordenó requerir al ocupante de un local comercial inmerso dentro del inmueble que constituye la masa hereditaria, acreditara su derecho a poseer, en términos del diverso proveído de seis de mayo de dos mil catorce, por medio del cual el A quo, requirió a los ocupantes de diversos locales manifestaran la calidad con la que se ostentaban o exhibieran el contrato de arrendamiento que les daba derecho a poseer. Po tanto, es evidente que el acto reclamado es de naturaleza procesal, pues se refiere al pronunciamiento relacionado con la investigación del juez, derivada del ofrecimiento de pruebas del propio quejoso, al oponerse al proyecto de partición de herencia, a efecto de dilucidar la personalidad de terceras personas que ocupan secciones del bien inmueble que conforma el aservo hereditario; transgresiones que el quejoso puede hacer valer cuando transciendan en el resultado de la resolución o sentencia que se emita en la sección en que se encuentra dicho juicio, en este caso, la cuarta relativa a la partición de la masa hereditaria; por lo que en su caso, deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del fallo definitivo dictado en esa sección, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172, fracción XXII, de la ley de la materia. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el proceso y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva la etapa en que se encuentra el juicio de origen, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al aquí quejoso en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado de ese fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. De tal manera que si el acto reclamado, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; aunado que el juicio de origen se encuentra en el desarrollo procesal de su cuarta sección (partición), por tanto, esas circunstancias hacen a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I y 172, fracción XXII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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