Efrén Orozco López

Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Efrén Orozco López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y las autoridades se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En ese sentido, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 789/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en la misma data en este órgano jurisdiccional, ****, a través de su apoderado legal **** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se precisan a continuación: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, [.] El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su Director General y/o Representante Legal; [..] IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: La omisión de proveer la solicitud de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la ejecución forzosa del laudo fechado el siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1282/2017 (4), del índice de la Junta Especial Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje. La omisión de hacer cumplir integralmente el laudo de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1282/2017 (4), del índice de la Junta Especial Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje. b) Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su Director General y/o Representante Legal: a. El incumplimiento del laudo de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1282/2017 (4), del índice de la Junta Especial Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3 vuelta). TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós (fojas 16 a 21), este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 789/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 26); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente reclama: De la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de proveer la solicitud realizada mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que solicitó la ejecución forzosa del laudo de siete de enero de ese mismo año, dictado en el expediente laboral 1282/2017 (4). Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca: El incumplimiento del laudo en mención. TERCERO. Inexistencia Del Acto Atribuido Al Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca. Por razón de método debe, en principio, analizarse si los actos reclamados en realidad existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del mismo. En otras palabras, el análisis de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Con base en lo anterior, se tiene que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 29 y 30), negó la existencia del acto reclamado, bajo el argumento que no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; sin embargo, contrario a ello, se considera que lo atribuido, sí constituye un acto de autoridad que puede combatirse mediante el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerarla como tal ya que: a) Se encuentra colocada en un plano de desigualdad frente a la quejosa, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal. c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal de la quejosa, como particular, pues le impide obtener las prestaciones a las que se obligaron en el laudo de mérito. Lo anterior es así, toda vez que al no darse el cumplimiento voluntario al laudo condenatorio por parte del citado instituto demandado, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se sitúa en un plano de desigualdad con la parte actora, es decir, en un plano de supra a subordinación. No obstante a lo anterior, no se acredita la existencia del acto que se le reclama, consistente en el incumplimiento del laudo, pues como se verá, la Junta responsable, al rendir su informe justificado, aceptó que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -seis de julio de dos mil veintidós- no había acordado la solicitud que le hizo la parte actora, aquí quejoso, para que ordenara la ejecución forzosa del laudo, lo que implica que no se había emitido acuerdo en el que se requiera al demandado perdidoso Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, diera cumplimiento al laudo de siete de enero de dos mil veintiuno. Entonces, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había requerido al citado instituto, no se acredita la existencia del incumplimiento que se le atribuye. Por tanto, al no demostrarse la existencia del acto reclamado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se estima que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, únicamente por lo que hace a esa autoridad. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 77, Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." En razón del sentido de lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación que se formularon respecto de la citada autoridad; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, convino en la existencia del acto a ella atribuido (foja 49); de ahí que se tiene la certeza del acto reclamado QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de la omisión reclamada, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. En el caso, -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia la omisión de proveer la solicitud realizada mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que solicitó la ejecución forzosa del laudo de siete de ese mismo año, dictado en el expediente laboral 1282/2017 (4), y recibido el veintinueve siguiente, por la Junta responsable. Luego, de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de agosto del año en cuso, la citada autoridad responsable proveyó con relación al escrito de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, signado por el aquí quejoso, mediante el cual solicitó la ejecución forzosa del laudo de siete de enero de ese mismo año, dictado en el expediente laboral 1282/2017 (4). Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -seis de julio de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la Junta responsable haya sido omisa en remitir la notificación del citado auto a la parte aquí quejosa, sin embargo, mediante proveído de veinticuatro de agosto pasado, se dio vista con dicha constancia a las partes en el juicio de amparo, el cual se notificó electrónicamente al promovente del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, en atención a las razones expresadas en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encontraban señaladas las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración constitucional en el presente juicio; sin embargo, con motivo del bloqueo en inmediaciones del edificio de los Juzgados de Distrito y Centro de Justicia Penal Federal del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, fueron suspendidas oficialmente las labores de este órgano el cinco de septiembre de dos mil veintidós, según avisó publicado el propio cinco de septiembre por el Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y Coordinador de jueces de distrito y del Centro de Justicia Penal Federal del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por lo que no fue posible la celebración de la audiencia en la fecha antes mencionada. En mérito de ello, se reprograma la referida audiencia y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticuatro de los actuales, remite las constancias que le fueron solicitadas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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