Efrén Martin Casillas

Expediente 903/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
903/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Efrén Martin Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el cinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Con lo anterior, dese vista en los cuadernos incidentales derivados del presente sumario para los efectos legales conducentes. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Con efectos de notificación personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se realiza la presente notificación de la resolución dictada el 05/junio/2018 al QUEJOSO en la que se resolvió lo siguiente: Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de abril se tuvo por recibido el informe justificado suscrito por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Jalisco, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sí y en representación de dicho Instituto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados a las autoridades responsables Delegación Regional en Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Institución Bancaria HSBC, México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. La orden de embargo e inmovilización de la cuenta bancaria de nómina número señalada. La ejecución del embargo e inmovilización de la referida cuenta. Luego, de las constancias que en copias certificadas remite la autoridad responsable se advierte que el Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en oficio referido, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la quejosa hasta por el monto delo señalado, derivado del crédito fiscal mencionado, mismo que se originó del procedimiento administrativo de ejecución, documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De lo transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; III) que el plazo no sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; IV) que no se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, V) que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promover juicio de amparo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama la inmovilización de la cuenta bancaria referida de la Institución Bancaria HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa. Dicho precepto legal establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé que el recurso de revocación debe interponerse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, por regla general, dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. Exclusiones que consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate), así como cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la valuación practicada del bien embargado; en esta última hipótesis el recurso de revocación debe interponerse dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución relativa. El numeral 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; sin embargo, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio dispositivo legal establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados, ya que atendiendo a la naturaleza del bien embargado, no podría llegarse a la etapa de remate, sino que se hace una transferencia de fondos a la tesorería de la federación, lo que hace que sea un acto impugnable desde su ejecución, esto es, sin aplicar la regla prevista por el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. En tales condiciones, ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual puede agotarse optativamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en razón de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa en sede administrativa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía contenciosa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, y en el último caso rigen los requisitos dispuestos en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El tenor del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. Es importante mencionar que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Al tenor de dicha jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios. Ante este escenario, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. De lo expuesto se advierte que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias para hacer efectivo en la vía coactiva el cobro de créditos fiscales determinados por concepto de aportaciones omitidas, actualización, recargos y multas, puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. Por otro lado, tampoco opera la excepción consistente en que se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, toda vez que aunque en los motivos de inconformidad que hace valer, manifiesta que el acto reclamado transgrede los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, también lo es, que dichas alegaciones las sustenta porque dice desconocer la existencia de algún oficio u orden por parte de las autoridades responsables, las mismas, son cuestiones que son susceptibles de ser analizadas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aunado a que tales violaciones -en su caso-, transgrederían el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, por lo que resultan alegaciones de mera legalidad. Igualmente, no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad consistente en que el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ya que como fue demostrado con anterioridad, los medios de defensa relativos fueron establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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